El 4 de abril de 2017, la puerta de Europa al espacio exterior se cerró de un portazo cuando un puñado de furibundos manifestantes irrumpieron en las instalaciones del puerto espacial de Kourou al clamor de: “Nou bon ké sa” (“tuvimos suficiente”, en criollo francoguayanés).

“No nos vamos a mover. Queremos los miles de millones que hemos exigido”, demandó uno de los líderes del movimiento, Manuel Jean-Baptiste, a las autoridades del centro espacial, principal sede de lanzamientos de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el segundo más transitado del mundo después de Cabo Cañaveral.

Con el programa espacial europeo en jaque y como si se tratase de una auténtica negociación de rehenes, Francia autorizó poco después un fondo de emergencia de hasta 2100 millones de euros para financiar programas de seguridad, educación, atención médica y ayuda a las empresas en la Guayana Francesa. Aunque el monto fue menor al que pretendían los sindicatos, la concesión significó en última instancia una pequeña victoria y una muestra de poder para la remota región de América del Sur, que, al menos por 24 horas, mantuvo cautiva a una pieza clave del poder blando de Europa.

“Si querés que la sociedad escuche tus reivindicaciones, tocá donde hace daño”, reflexionó entonces en diálogo con El País el ingeniero italiano Stefano Bianchi, responsable del desarrollo de lanzadores en la ESA, sobre la toma del centro.

El álgido episodio fue parte de un reclamo social mucho más amplio en este departamento de ultramar francés, que en la realidad poco tiene que ver con la Francia continental. Ahí, la tasa de desempleo es más del triple que la de Francia, el PBI per cápita es casi tres veces menor, la tasa de homicidios es 14 veces más alta y la infraestructura es mucho más precaria. Incluso el costo de vida es superior debido a la necesidad de importar la mayoría de los bienes y los aranceles impuestos por la UE a los vecinos Brasil y Surinam. Fue por todas esas razones que los francoguayanenses organizaron a finales de marzo un paro general, con cortes totales de ruta y manifestaciones diarias, que provocaron escasez de alimentos en los supermercados, el cierre de escuelas y edificios públicos y la cancelación de todos los lanzamientos de cohetes y satélites programados para ese mes y el siguiente.

“Las relaciones entre la Guayana y Francia son tensas debido a una falta de voluntad y un compromiso real por parte de Francia para invertir en el desarrollo de Guayana, que sigue enfrentando las mismas injusticias económicas y sociales año tras año”, explica a LA NACION el diputado francoguayanés Davy Rimane del partido La France Insoumise.

La pregunta que se desprende entonces es: ¿cómo este precario y remoto departamento de menos de 300.000 habitantes llegó a albergar algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo?

Desde que Luis XIV colonizó el territorio sudamericano, la Guayana Francesa sirvió como prisión, cementerio y fuente de extracción de oro. Pero su historia reciente está marcada por otro tipo de riqueza: la natural.

Todo empezó en 1962, con la independencia de Argelia. Aunque este acontecimiento en África nada parecía tener que ver, significó el fin del uso de la base argelina de Hammaguir, desde donde Francia hacía todos sus lanzamientos al espacio, por lo que tuvo que comenzar la búsqueda de un nuevo emplazamiento. Fue entonces cuando los ojos se posaron sobre la Guayana Francesa, que, a esa altura, había abandonado hacía casi 20 años su estatus de colonia y había sido integrada completamente al país europeo.

Era el lugar ideal para los lanzamientos por sus perfectas condiciones naturales: su ubicación con respecto al Ecuador, el mar abierto hacia el este y la ausencia de huracanes y terremotos.

La base comenzó a operar en 1968, cuando se lanzó un cohete sonda Véronique, y siete años después, Francia ofreció compartir el lugar con la recientemente creada Agencia Espacial Europea (ESA).

En la actualidad, Kourou se encuentra entre los puertos espaciales con el mayor porcentaje de lanzamientos exitosos. Desde aquí son lanzadas las misiones de los cohetes europeos Ariane, desde 1979, y Vega, desde el año 2012. En 2011, las instalaciones se adaptaron para lanzamientos de cohetes Soyuz 2 como parte de un acuerdo entre Rusia y la ESA; una cooperación que fue interrumpida como consecuencia de la guerra en Ucrania.

La estación espacial se ha convertido en un pilar fundamental de la economía guyanesa: su actividad representa aproximadamente el 15% del PBI —se redujo casi a la mitad desde 1990 principalmente por la expansión de otros sectores— y da empleo directo e indirecto al 10% de la población activa de Guayana.

La controversia de la bioenergía

Superado el episodio de 2017, los reproches sobre el puerto espacial comenzaron a girar en torno a otro asunto espinoso: la energía.

La demanda energética de Kourou es monumental; absorbe alrededor del 20% de la electricidad de la Guayana Francesa, según la ESA. Aproximadamente la mitad de esa energía se utiliza para enfriar los edificios, mientras que los procesos con propelentes sólidos y líquidos ocupan la mayor parte del resto. La factura anual es de varios millones de euros, sostiene la agencia sin brindar más detalles.

Para reducir costos y la dependencia de la red eléctrica, Francia tiene previsto construir dos centrales de biomasa en 2024 y 2025. También pretende incentivar el desarrollo de biocombustibles para el sector aeroespacial. De acuerdo con las normas de la UE, la producción de bioenergía que cumple con los criterios de sostenibilidad se considera neutra en carbono y califica para grandes subsidios.

El problema es que cada vez hay más consenso en la comunidad científica sobre los efectos nocivos de la bioenergía —incluso de aquella que cumple con los criterios de sustentabilidad— en la atmósfera. Un creciente cuerpo de evidencia apunta a que todo el proceso de la quema de madera emite más dióxido de carbono que el gas natural, el petróleo e incluso que el propio carbón.

“Con esto no estoy justificando para nada que estas fuentes sean buenas, sino que, aunque sea contraintuitivo, la quema de madera es igual de mala o incluso peor”, dice a LA NACION John Sterman, director del MIT System Dynamics Group en la MIT Sloan School of Management.

La evidencia lo justifica así: la quema de madera es menos eficiente debido a su mayor contenido de agua y las emisiones en la cadena de suministro también son mayores, principalmente debido a la necesidad de secar los pellets.

Todo ese CO2 solo se elimina gradualmente de la atmósfera si los árboles talados o la tierra cosechada vuelven a crecer. Pero el crecimiento forestal es incierto y lleva años —más de un siglo incluso—, tiempo que los científicos dicen que el mundo no tiene para evitar los peores impactos del calentamiento global. En el caso de los cultivos, el crecimiento es más rápido, pero conlleva otros problemas, como la amplia disponibilidad de tierra y redirigir los cultivos para la producción energía en un contexto de inseguridad alimentaria a nivel global.

Es por eso que Sterman, que investigó los efectos de la bioenergía en profundidad y contribuyó al desarrollo del modelo predictivo En-Roads, es un crítico acérrimo de las políticas energéticas de la UE y de Gran Bretaña. “Todo eso es una mentira”, asegura. “Están asumiendo falsamente que el crecimiento de árboles ocurre instantáneamente en otro lugar y eso simplemente no es cierto. Los ciudadanos de la UE y Gran Bretaña están pagando a empresas privadas a través de estos subsidios para empeorar el cambio climático mientras fingen estar mejorándolo”.

La UE ha tomado nota y en la última revisión de sus directivas de energías renovables (RED III) este año dio algunos pasos para reducir progresivamente la proporción de biomasa leñosa primaria —aquella que proviene directamente de los bosques— que se contabiliza como energía renovable. Sin embargo, el bloque ha concedido una excepción para las zonas ultraperiféricas, incluida Guayana Francesa.

“La derogación tenía como objetivo permitir que el territorio mantuviera la producción de biomasa, ya que es un recurso importante para el desarrollo de la región”, explicó Rimane.

Sin embargo, los ambientalistas argumentan que conducirá a un incremento de la deforestación. Incluso si las centrales se alimentasen de cultivos, como la soja, se necesitaría talar aproximadamente 5300 hectáreas durante el período de 20 años, según los cálculos de la ONG Biofuelwatch,

“¿Cómo es concebible autorizar la creación de una exención para destruir el único territorio en Europa que contiene una gran selva tropical?”, lamenta Marine Calmet, una abogada y miembro de la asociación Maiouri Nature Guyane en diálogo con este medio, al mismo tiempo que apunta a la hipocresía de Francia, que en marzo co-organizó una cumbre internacional para ayudar a preservar las tres selvas tropicales más grandes que quedan en el mundo.

El gobierno de la Guayana Francesa no respondió a una solicitud de comentarios de LA NACION sobre el estado del proyecto de las plantas de biomasa ni de los planes de desarrollar biocombustible para el sector aeroespacial, aunque una fuente que habló bajo condición de anonimato dijo que estos proyectos tienden a dividir a la población y aún están siendo objeto de discusiones con Francia.