Guatemala: juez define futuro de detenidos por emitir opiniones públicas

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez definirá el martes la situación de varios detenidos la semana pasada acusados por la fiscalía de participar en la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que estuvo cerrada por más de un año, mientras en las calles se registraban nuevas protestas contra la fiscal general Consuelo Porras a quien varios sectores sociales acusan de socavar la democracia en el país.

Catedráticos, estudiantes y activistas del Movimiento Semilla, el partido con el que llegó a la presidencia el mandatario electo Bernardo Arévalo, acudieron a los tribunales para sus audiencias ante el juez Víctor Cruz.

La fiscalía anunció la semana pasada ordenes de detención para casi una treintena de activistas y universitarios por los delitos de depredación patrimonial y asociación ilícita por la toma de la única universidad pública.

El martes, durante la audiencia, se conoció que la fiscalía también solicitó a la red “X”, antes Twitter, información de las cuentas de los medios de comunicación La Hora, Prensa Comunitaria y Ruda y la periodista Lesli Sanchez del noticiero Guatevisión que han hecho publicaciones sobre la toma de la universidad.

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En un mensaje en X, Arévalo dijo que “nadie debe ser perseguido por sus opiniones políticas. La verdad y la justicia prevalecerán. No dejaremos que pisoteen la semilla de la esperanza”.

Entre los detenidos está Marcela Blanco, una joven activista que no participó en la toma pero que a través de sus redes sociales y en las calles protestaba contra la corrupción del gobierno del presidente Alejando Giammattei.

La toma se produjo en respuesta a la denuncia de fraude en la elección del rector de esa casa de estudios, Walter Mazariegos, quien el día de los comicios universitarios permitió la entrada al recinto sólo de los electores que votarían a su favor. Los hechos fueron denunciados pero la fiscalía no investigó.

Ángel Saúl Sanchez, el fiscal del caso, dijo ante el juez que en la toma de la universidad había una red criminal porque mientras unos tomaban el centro educativo, un grupo tuiteaba información y otro se coordinaba para buscar comida para quienes ocupaban las instalaciones con el fin de no reconocer a Mazariegos como rector electo.

La fiscalía incluyó en esta investigación al presidente electo Arévalo, a su vicepresidenta electa Karin Herrera, al diputado Samuel Pérez, jefe de su bancada, y a otros legisladores por haber publicado en sus cuentas en las redes sociales mensajes sobre la toma de la universidad a pesar que todos ellos tienen fueros.

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Según Arévalo este caso se suma a los intentos de Porras de evitar que él llegue al poder el próximo 14 de enero de 2024, como está previsto en la Constitución.

Porras ha iniciado por lo menos otros dos casos contra Arévalo y su partido, incluido uno sobre un supuesto fraude en las elecciones generales en las que unos 2,5 millones de guatemaltecos le dieron la victoria a Arévalo.

La fiscal Porras, el juez Cruz y el rector Mazariegos, así como otros miembros de la fiscalía, fueron sancionados por el gobierno estadounidense por socavar la democracia en el país centroamericano, emitir resoluciones judiciales con fines políticos y socavar las instituciones del país.