Grupo supervisor pide que despacho de DeSantis sea declarado en desacato por retener registros de vuelos de migrantes

Un organismo supervisor de registros públicos pidió el miércoles a un juez de Tallahassee que acuse al gobierno de DeSantis de desacato por seguir reteniendo registros públicos sobre su manejo del traslado de migrantes de Texas a Martha’s Vineyard en septiembre.

El Florida Center for Government Accountability pidió al juez J. Lee Marsh del Segundo Distrito Judicial que declare a la oficina del gobernador en desacato por violar la Ley de Registros Públicos de la Florida después que el juez ordenó al estado el 25 de octubre que entregara antes del 14 de noviembre mensajes de texto, registros de llamadas y otras comunicaciones de su jefe de gabinete, James Uthmeier, sobre los vuelos de migrantes.

La moción es la más reciente de varias impugnaciones jurídicas que enfrenta el gobierno de DeSantis sobre su uso de $1.56 millones en fondos de los contribuyentes de la Florida destinados a la reubicación de “extranjeros no autorizados” del estado, pero que en cambio se emplearon para reubicar a 49 migrantes de Texas.

El martes, los abogados que manejan una demanda colectiva presentada contra DeSantis sobre los vuelos de los migrantes a Martha’s Vineyard, modificaron su demanda para incluir como acusados a Uthmeier; al “zar de la Seguridad Pública” del gobernador, Larry Keefe, y al secretario estatal de Transporte, James Perdue. Todos están acusados de colaborar con otras personas para “engañar” a los inmigrantes que fueron trasladados en avión a la isla de Massachusetts y a los que se les prometieron empleos.

El martes, durante una audiencia en otra demanda presentada por el Florida Center for Government Accountability, el jefe de la empresa contratada por el estado para llevar a cabo la operación de vuelos de migrantes, Vertol Systems Company, testificó que no había entregado ninguno de sus mensajes de texto a ninguna de las muchas organizaciones que han hecho solicitudes de registros públicos de sus comunicaciones en relación con los vuelos.

Durante la audiencia ante la jueza Angela Dempsey del Tribunal de Circuito del Condado León, James Montgomerie, presidente ejecutivo de la empresa con sede en Destin, admitió que no había entregado ninguno de sus mensajes de texto como parte de una solicitud de registros públicos. También testificó que, aunque Vertol contrató a un subcontratista para llevar a los inmigrantes de San Antonio hasta Martha’s Vineyard, el FDOT no aprobó al subcontratista como exige la ley.

En su orden del 25 de octubre, Marsh rechazó el argumento esgrimido en el tribunal por los abogados de DeSantis, quienes alegaron que los registros telefónicos y de texto de un teléfono móvil privado no son un registro público. En su orden, el juez citó la ley estatal que define un registro público como cualquier registro “independientemente de la forma física” hecho “en relación con la transacción de los asuntos oficiales”.

Dijo que “la producción parcial y la respuesta [de la oficina del gobernador] a la solicitud de registro no eran razonables” y ordenó al estado pagar los honorarios de los abogados del centro.

Marsh también ordenó al asesor del gobernador a cargo de la operación de vuelo de migrantes, Keefe, que entregue sus registros de comunicaciones.

El centro pide al juez que ordene a Uthmeier entregar sus mensajes de texto y registros de llamadas de su teléfono móvil privado desde el 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre, censurar cualquier parte que el estado considere que no es un registro público y permitir al juez revisar la parte censurada. También quiere que el juez programe una audiencia y permita que Keefe sea depuesto para responder a preguntas sobre sus comunicaciones con Montgomerie. Keefe, ex fiscal del Distrito Norte de la Florida, solía representar a la empresa de Montgomerie cuando Keefe era abogado privado.

En lugar de entregar los registros telefónicos, la oficina del gobernador presentó las facturas telefónicas de lo que parece ser una cuenta de celular de alguien en la oficina del gobernador, no los registros telefónicos del teléfono usado por Uthmeier para comunicarse sobre los vuelos de migrantes.

“No se pueden ocultar los registros llevando a cabo asuntos públicos en teléfonos móviles privados y aplicaciones codificadas. La orden del juez Marsh debe cumplirse. Ningún individuo está por encima de la ley”, dijo Michael Barfield, director de acceso público del Florida Center for Government Accountability.

Los mensajes de texto de Uthmeier han sido presentados como parte de una solicitud de registros en una demanda contra DeSantis por el destituido fiscal estatal del Condado Hillsborough Andrew Warren.

Uthmeier ordenó al personal de DeSantis, Kyle Lamb, un ex bloguero de deportes convertido en analista de datos, que “cesara todos los tuits” cuando el gobernador estaba llevando a cabo una conferencia de prensa anunciando la destitución de Warren.

“Sé que solo tratas de ayudar, pero al jefe no le agrada el sensacionalismo de este procedimiento excesivamente legal”, envió Uthmeier un mensaje de texto a Lamb.