Gobernador de Puerto Rico solicita a Biden, exención de ley para aliviar la escasez de combustible

El gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi pidió el martes al presidente Joe Biden que exima parcialmente las restricciones de transporte marítimo para que puedan llegar de inmediato a la isla más diésel y otros combustibles, una semana después que el huracán Fiona dejara fuera de servicio la red eléctrica del territorio, y a los habitantes dependiendo de generadores para su vida diaria.

La carta intensifica el enfrentamiento entre los líderes puertorriqueños y la administración de Biden, ya que los funcionarios de la isla buscan la forma más rápida de entregar la ayuda a los habitantes, incluso si eso significa conceder una excepción a una ley políticamente popular apoyada por el presidente.

“La escasez de diésel y otros productos de combustible tendrá un impacto en nuestra capacidad de proporcionar servicios esenciales a los ciudadanos en Puerto Rico, afectando así a la salud pública, la seguridad y la continuidad de las funciones del gobierno”, dijo Pierluisi en la carta del 27 de septiembre, en la que solicita que el Departamento de Seguridad Nacional que permita la entrega de combustible de buques no estadounidenses en los puertos de la isla, en San Juan, Guayanilla y Yabucoa.

La carta de Pierluisi llega después de que un carguero trajera 300,000 barriles de diésel a las aguas de Puerto Rico, pero no pudiera llegar a puerto sin la autorización de la administración de Biden.

La Ley de Comercio Marítimo de 1920, llamada la Ley Jones, ordena que solo los barcos estadounidenses, con propietarios, banderas y tripulaciones estadounidenses puedan entregar suministros desde los puertos del país. Dado que Puerto Rico es una isla, depende en gran medida de las importaciones marítimas para traer alimentos, gas y otros suministros básicos desde otros lugares.

En su carta al presidente, Pierluisi dijo que la demanda de combustible había “aumentado significativamente” mientras las autoridades trabajaban para arreglar la red eléctrica de la isla, que ya era vulnerable antes que Fiona inundara y devastara muchas partes de la isla y dejara a millones de personas sin electricidad ni agua.

Hasta el martes por la noche, el 72% de los clientes tenía electricidad a través del operador privado de electricidad de la isla, informaron las autoridades. Sin embargo, mientras que el 92% de los clientes de la región de San Juan habían recuperado la energía, solo el 27% de los clientes tenían energía en la región de Ponce, que fue duramente azotada por el huracán Fiona.

Pierluisi añadió que la necesidad de gasóleo se disparó porque los habitantes lo usaron para mantener las casas iluminadas y los negocios a flote, mientras el gobierno de la isla dispensaba combustible a los hospitales públicos, los centros de gestión de emergencias, las estaciones de bombeo de agua y otra infraestructura clave. La semana pasada, la Guardia Nacional de Puerto Rico también distribuyó combustible diésel a hospitales y poblados.

Las empresas relacionadas con el suministro y la entrega de combustible informaron que el diésel se estaba agotando más rápido de lo esperado y apoyaron la exención de la Ley Jones, según el gobernador de la isla.

“Este alivio específicamente dirigido y temporal permitiría a Puerto Rico diversificar sus fuentes de combustible, aliviar las restricciones de suministro y mitigar el riesgo de una escasez de combustible en medio de la respuesta a la emergencia causada por el huracán Fiona”, dijo.

La carta forma parte de un reavivado debate sobre la centenaria ley y su impacto en Puerto Rico durante los desastres naturales. Los críticos dicen que la Ley Jones aumenta los precios de los bienes básicos para los habitantes de la isla, mientras que los que defienden la medida dicen que protege los intereses empresariales y laborales estadounidenses.

En 2017, cuando el huracán María azotó la isla, matando a miles de personas y destruyendo la red eléctrica y otras infraestructuras críticas, el ex presidente Donald Trump interrumpió la Ley Jones durante 10 días.

Deanne Criswell, administradora de FEMA, dijo a los periodistas el martes que los funcionarios federales están “haciendo todo lo que podemos dentro de nuestra autoridad legal para apoyar al pueblo de Puerto Rico”, pero advirtió que necesita una exención para tomar las medidas adecuadas.

“Tenemos la obligación legal de asegurar que cada solicitud de exención cumpla con los requisitos legales del Congreso, por lo que cualquier tipo de determinación al respecto será realizada por el secretario de Seguridad Nacional”, dijo.

Los funcionarios federales están “trabajando activamente” en el proceso de aprobación ahora, añadió, pero se negó a dar un calendario de cuándo pudiera ocurrir.