Si una de las principales promesas de campaña de Alberto Fernández en 2019 era crear un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, una de las de Javier Milei este año fue erradicarlo. En un set de televisión se lo vio tirando al piso, al grito de “¡afuera!”, el cartel que representaba a este ministerio dentro del esquema figurado del nuevo gabinete. Victoria Villarruel, vicepresidenta electa, confirmó la intención de suprimir esta institución días más tarde: “Es un embudo de ingresos públicos –opinó durante una entrevista–. No sirve para nada. No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas ahí adentro”. Y agregó: “La violencia, para mí y para muchos, no tiene género”.

Pero desde que la fórmula libertaria ganó el balotaje del 19 de noviembre pasado, no hubo nuevas declaraciones sobre el futuro de este ministerio y de sus 1278 empleados, ni tampoco sobre qué depara a las políticas vinculadas con la violencia de género que la cartera desempeña alrededor del país desde hace cuatro años. Cuando falta solo una semana para la asunción del mandatario electo, fuentes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad –hoy a cargo de Ayelén Mazzina Guiñazú– afirman que todavía no recibieron comunicación por parte del gobierno entrante y que aún no existe un proyecto de transición, por lo que los trabajadores no saben si el próximo 10 de diciembre estarán desempleados.

“No está claro”, comentan distintos voceros de La Libertad Avanza sobre el futuro de la cartera. En medio de la incertidumbre, fuentes del partido mencionan ciertos proyectos, entre ellos, la transformación de este organismo en una nueva secretaría, pero con un “giro ideológico”, hasta su cierre y el redireccionamiento de sus partidas presupuestarias a otros ministerios.

En los últimos meses, hubo dos posibles proyectos que se discutieron dentro de La Libertad Avanza, según pudo reconstruir LA NACION. El último del que se habló, confirmó una fuente cercana a Milei, es trasladar a los empleados de la cartera al futuro Ministerio de Capital Humano, que –como viene anunciando el presidente electo– englobará a los actuales ministerios de Educación, Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Según esta versión, los 1278 empleados pasarían a trabajar, más específicamente, en una secretaría o agencia que llevaría el nombre de Niñez y Familia. Consultados por este medio, voceros vinculados a la creación de Capital Humano afirman que esto todavía no está definido.

Otra versión, que circula desde septiembre, es que, con la intención de recortar y reorganizar el gasto público, la actual cartera de Mujeres se disolvería y con sus fondos se financiarían los ministerios de Seguridad y Defensa. Esta opción no parecería ser del todo beneficiosa en términos económicos para estos dos últimos organismos, ya que el presupuesto anual 2023 de la dependencia (81.523,9 millones de pesos) equivale al 2,46% de las asignaciones que recibieron ambos en este mismo período (1.844.283,1 millones de pesos de Seguridad y 1.467.891,2 millones de pesos de Defensa).

“Tenemos una de las plantas de empleados más pequeñas que hay en todo el gobierno nacional, que solo representa el 0,58% de toda la administración pública nacional”, suma la actual jefa de Gabinete del ministerio, Érica Laporte. Por eso, según fuentes de su equipo, la promesa que hizo LLA durante la campaña de cerrar el organismo sería desde su mirada una decisión más “política e ideológica que económica”.

El problema legal tras un eventual cierre

Las funciones que cumple hoy el Ministerio de las Mujeres en materia de prevención de la violencia contra la mujer están reguladas por ley. Actualmente, esta cartera política es la autoridad de aplicación de la ley Nº 26.485, conocida como de “Violencia Contra la Mujer”, vigente desde 2009, cuyo noveno artículo obliga al Estado a “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.

Entre sus principales iniciativas, está la atención a los 340 llamadas diarias que llegan a la línea 144, destinada a la atención de víctimas de violencia de género y que funciona desde hace 10 años, cuando el actual ministerio tenía rango de instituto. Pero su función más importante, a la cual se dirige el 80% del presupuesto, es el Programa Acompañar. Se trata de una ayuda económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses para las mujeres y diversidades que sufren violencia de género. “La independencia económica de las mujeres es clave para que puedan salir de la casa del violento, puedan salir del círculo de la violencia, y así empezar a construir su propio proyecto de vida. El 80% de las mujeres que ayudamos tienen hijos a cargo, así que también se ayuda, de esta manera, a los menores”, describen desde el ministerio, a la vez que aseguran que ayudaron a salir del círculo de la violencia a más de 350.000 de ellas.

“Si vuelan de un plumazo todo lo que estamos haciendo, están desconociendo la ley argentina, así como también los compromisos internacionales a los que adhiere nuestro país”, destacan fuentes de la cartera.

La especialista Mabel Bianco, de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), destaca que, desde su perspectiva, lo primordial es que las actuales políticas del ministerio no se abandonen, ya que las considera de vital importancia. “En caso de que cierre el ministerio, este tendría que tomar, por lo menos, otro formato: convertirse en secretaría o en instituto. El Ministerio de las Mujeres tiene, por ley, delegadas las funciones de atención de las mujeres que consultan por violencia género. Entonces la pregunta es: si cierra, ¿quién va a atender a las mujeres que ahora están llamando al 144 planteando una necesidad de ellas o de algún familiar por violencia?”, se pregunta.

“Creo que hay un total desconocimiento sobre el funcionamiento del ministerio y sobre qué es lo que hace. Tenemos políticas públicas que transforman la vida de las personas”, sigue Laporte, quien afirma que dentro del organismo el clima es de angustia e incertidumbre.

La principal crítica de Villarruel hacia la dependencia es que, según su perspectiva, “no mejoró la situación de las mujeres”. También criticó, en agosto pasado, el concepto “violencia de género”: “Entiendo que hay situaciones en las que la mujer es víctima, pero también hay niños que son víctimas, ancianos que son víctimas, y hombres y discapacitados. Entonces me parece que cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y le hacemos un grandísimo daño al sistema democrático”.

Bianco se opone a esta postura y afirma: “Son dos cosas diferentes. Que exista la violencia contra hombres, contra niños, no significa que no exista la violencia de género. Desde 2015, cuando la manifestación masiva de Ni Una Menos la visibilizó, nadie duda de que existe. ¿Cómo explica, si no, los femicidios y todas las demandas que hay? Me parece que es negar algo que ya está asentado”.

Laporte destaca que, según los últimos datos publicados, en 2022 hubo un promedio de un femicidio cada 36 horas. “Desde 2017 a 2022 vemos un leve descenso, con una caída del 13,1%. Esto no nos alegra, pero quiere decir que la inversión para la prevención de la violencia tiene un impacto en la reducción mínima de la violencia”, opina.

La vicepresidenta electa cuestionó también la presunta politización de este organismo estatal: “Están aferradas a este tipo de ministerios las mismas que cuando Cecilia [Strzyzowski] fue despedazada [en Chaco] y tirada a los chanchos no aparecieron en ningún momento. Cuando a Morena [Domínguez] la mataron, con 11 años, para robarle la mochila [en Lanús, provincia de Buenos Aires], estas no levantaron la voz nunca”, dijo en agosto pasado.