Ex funcionarios de Doral demandaron al ayuntamiento por revocar sus pensiones vitalicias. Así respondió la alcaldesa

Cuatro ex funcionarios de la ciudad de Doral presentaron una demanda en respuesta a la revocación por parte del ayuntamiento de un plan de pensiones que otorgaba a los funcionarios electos de la ciudad una pensión vitalicia, seguro médico y seguro de vida.

El Plan de Pensiones de Funcionarios Electos se aprobó en enero de 2021 y se revocó en junio de 2023. Beneficiaba a los cargos electos que hubieran servido al menos ocho años o dos mandatos completos, ya no ocuparan el cargo y hubieran cumplido 60 años.

El Concejo derogó el plan de pensiones con el apoyo de los concejales Maureen Porras y Rafael Piñeyro. Los concejales Oscar Puig-Corve y Digna Cabral, quienes formaban parte del gobierno anterior y habían votado a favor del plan de pensiones, votaron en contra de revocarlo. La demanda se presentó nueve días después.

La demanda, presentada en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, fue interpuesta por cuatro ex empleados de Doral, entre ellos el ex alcalde Juan Carlos Bermúdez, ahora comisionado de Miami-Dade, y el ex concejal Pedro Cabrera, que propuso el plan de pensiones. Los ex concejales Michael DiPietro y Sandra Ruiz se sumaron a la demanda.

Ahora la alcaldesa Christi Fraga instó a los cuatro funcionarios que son parte en la demanda a que reconsideren su postura, le dijo a el Nuevo Herald.

“Los insto a que reconsideren sus acciones y demuestren verdadero liderazgo anulando la demanda y devolviendo el dinero del plan de jubilación que se adjudicó ilegalmente”, escribió Fraga en una carta del 8 de mayo al ex alcalde Bermúdez y a los ex concejales Cabrera, Ruiz y DiPietro. “Nuestros habitantes merecen transparencia, rendición de cuentas y comportamiento ético de sus ex funcionarios públicos”.

Los cuatro demandantes le dijeron a el Nuevo Herald que nunca recibieron carta alguna de Fraga. La carta fue puesta a disposición de el Nuevo Herald por un ex candidato político en Doral.

Fraga dijo que la carta fue enviada por correo regular. “Es posible que la oficina de correos esté funcionando más lento”, dijo.

Fraga le había dicho a el Nuevo Herald que las pensiones aprobadas eran “inmorales” e inasequibles para Doral.

“Ahora mismo representa $500,000 anuales, pero a largo plazo podría ascender hasta $10 millones, dependiendo de cuántas personas se beneficien de esa pensión”, dijo la alcaldesa.

La ordenanza de 2021 daba derecho a los cargos electos que hubieran servido ocho años o dos mandatos completos a una pensión equivalente al 50% del promedio de sus tres últimos años de remuneración. Los que hayan servido 12 años o más podrán optar a una pensión equivalente al 100% de la media de sus tres últimos años de remuneración; además, los pensionistas tienen derecho a seguro médico y de vida.

Durante la reunión del concejo del 12 de abril, el abogado Glenn E. Thomas, del bufete Lewis, Longman and Walker, contratado para elaborar un reporte sobre la legalidad de la pensión, dijo que el plan incluye prestaciones retroactivas para antiguos cargos electos que dejaron el cargo antes de que se implantara el Plan de Cargos Electos, lo cual está prohibido por los Estatutos de la Florida.

Thomas le dijo al concejo que los empleados o funcionarios públicos no tienen derecho a una compensación que no formaba parte de sus condiciones de empleo en ese momento.

Los demandantes respondieron

Ruiz, concejal durante tres mandatos hasta 2016, dijo a el Nuevo Herald que el hecho de que Fraga enviara una carta a los demandantes “va más allá de lo normal” en medio de un litigio en curso.

Ruiz y DiPietro no formaban parte del gobierno de Doral cuando se aprobó el plan de pensiones. Ruiz recibió beneficios del plan de pensiones durante al menos un año hasta que fue revocado. Aunque le dijo al Herald que no recuerda la cantidad exacta que recibía, el portal digital de noticias políticas Florida Politics reportó que era de $3,700 al mes.

Fraga “debería respetar el proceso democrático”, dijo Ruiz. “Tenemos derecho a buscar los recursos necesarios si creemos que se violaron nuestros derechos”.

Bermúdez, quien es abogado y actualmente representa a Doral como comisionado del condado, declinó hacer comentarios.

Cabrera, un miembro del concejo hasta 2021 que se postuló para alcalde de Doral en 2022, le envió una declaración escrita a el Nuevo Herald afirmando que el envío de una carta con membrete oficial de la ciudad sin la aprobación del Concejo era “poco ético y posiblemente cruza una línea legal”.

“Debido a la demanda pendiente no puedo hacer más comentarios, excepto que a su debido tiempo se sabrá toda la verdad y espero que le ponga fin a esta retórica política”.

La carta está fechada el 8 de mayo, el mismo día de la reunión del concejo en la que se aprobaron cambios en la normativa de venta de bebidas alcohólicas después del tiroteo del Martini Bar; sin embargo, la alcaldesa no abordó este tema durante la reunión pública de la ciudad.

“Esa carta es un truco publicitario; está haciendo campaña para la reelección”, dijo Ruiz. “Ya dio una rueda de prensa para hablar de esto y ahora envía cartas que nadie ha recibido. Esto es un circo político”.

Fraga no está de acuerdo. “Nada para defender los derechos que contribuyen a la calidad de vida de los habitantes de Doral debe ser visto como política, porque no es política, sino que tengo un compromiso desde el principio y ni un dólar debe ser usado para beneficiar a solo un grupo”.

Fraga es de las personas que podrían beneficiarse de las pensiones a las que se opone. “Tenemos planes 401(k), seguros y salarios, ¿por qué íbamos a gestionar la ciudad como si fuera nuestro propio negocio?”.