Fuerte revés para Netanyahu en medio de la guerra: la Corte Suprema israelí anuló un componente clave de su reforma judicial

TEL AVIV.- En una decisión que amenaza con reabrir las fisuras en la sociedad israelí que precedieron a la actual guerra contra Hamas, la Corte Suprema anuló este lunes una disposición clave de la polémica reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamin Netanyahu -que desató multitudinarias protestas en todo el país desde hace un año- y devolvió así al Poder Judicial la facultad de decidir sobre la “razonabilidad” de las decisiones del Ejecutivo y del Parlamento.

Por primera vez en la historia de Israel, ocho de los 15 jueces del tribunal votaron a favor de revocar una “ley básica”, con nivel cuasiconstitucional en un país que carece de Carta Magna, y que había sido aprobada en julio pasado con el apoyo de los socios de extrema derecha y ultraortodoxos de Netanyahu.

Los jueces también votaron 12 a 3 a favor de que tenían autoridad para revocar estas “leyes básicas”, que funcionan como una especie de Constitución para Israel.

La reforma judicial había sido anunciada originalmente en enero del año pasado y desencadenó un amplio movimiento de protestas, uno de los más importantes en la historia de Israel. Según el gobierno de coalición, esta primera norma aprobada en julio, al reforzar el poder de los diputados sobre el de los magistrados, buscaba corregir un supuesto desequilibrio entre poderes. Esa norma fue la primera de una reforma más amplia del sistema de justicia israelí que quedó en suspenso tras el ataque de Hamas del 7 de octubre.

Netanyahu y sus aliados de línea dura afirmaban que en Israel rige un sistema parlamentarista, y que por lo tanto la legislatura nacional, no el tribunal superior, debería tener la última palabra sobre la legalidad de la ley y otras decisiones clave. Pero los jueces dijeron que la Knesset, o Parlamento, no es “omnipotente”.

Los detractores de la reforma acusan a Netanyahu, juzgado por corrupción, de querer usar la reforma para suavizar una eventual condena en su contra, lo que el político niega.

La decisión se produce en plena guerra entre Israel y Hamas tras el sangriento ataque del movimiento islamista palestino en el sur de Israel.

Luego de conocerse la decisión de la Corte, funcionarios del gobierno de Netanyahu reaccionaron con vehemencia contra el fallo de los jueces, considerando particularmente inapropiado que decidieran expresar su opinión mientras el país está en guerra. El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, acusó al tribunal de “arrogarse todos los poderes”.

“El fallo no nos desanimará”, afirmó Levin, sin indicar si el gobierno intentará reactivar su plan a corto plazo. “Los jueces se han arrogado todas las prerrogativas que en un régimen democrático se dividen de manera equilibrada entre los tres poderes del Estado”, añadió. La publicación de la sentencia en días de guerra, observó el ministro, “es precisamente lo contrario del espíritu de armonía que sería apropiado en este período”.

“A medida que las campañas continúen en diferentes frentes, seguiremos actuando con moderación y responsabilidad”, sostuvo Levin.

El partido de Netanyahu, el Likud, declaró por su parte que es “lamentable que la Corte Suprema haya decidido publicar su veredicto sobre un debate social en Israel mientras soldados de derecha e izquierda combaten y arriesgan sus vidas” en Gaza.

”La decisión de la Corte es contraria a la voluntad del pueblo de unidad, sobre todo en periodo de guerra”, agregó el partido nacionalista, sobre un proyecto de ley que desató meses de masivas movilizaciones en su contra.

Por su parte, el presidente de la Knesset, Amir Ohana, del oficialista Likud, también rechazó el fallo. ”Es más que obvio que la Corte Suprema no tiene autoridad para anular una ley básica. Es igualmente obvio que no podremos ocuparnos de este asunto mientras la guerra continúe”, dijo.

En tanto, hubo una gran satisfacción con la decisión de la Corte entre el movimiento de protesta popular que había salido masivamente a las calles durante meses para contrarrestar lo que consideraba un golpe del Likud contra el régimen democrático de Israel.

En julio pasado, con esa enmienda -un texto de cinco líneas-, la Knesset había establecido que el Tribunal Supremo ya no podía someter las decisiones tomadas por el gobierno, el primer ministro y los ministros del Ejecutivo al criterio de la “razonabilidad”. Hace un año, ese mismo principio había determinado la exclusión del gobierno del líder del partido Shas, Arieh Deri, después de que los jueces dictaminaran que no habría sido “razonable” confiarle el cargo de ministro del Interior -como era fuertemente deseado por Netanyahu-, ya que había sido condenado varias veces por delitos fiscales.

La presidenta saliente del Tribunal Supremo, Ester Hayut, reiteró que el organismo representa el único baluarte en Israel contra el poder concentrado en el gobierno. La anulación de la cláusula de razonabilidad habría representado, por tanto, “un duro golpe a la separación de poderes y al Estado de derecho: dos de las características más evidentes de Israel como Estado democrático”, segín Hayut.

Agencias AFP y AP