Fraude, drogas, dinero robado por abogados de Miami, Miami Beach, Fort Lauderdale y Palm Beach

La habitualmente larga lista de diciembre del Colegio de Abogados de la Florida de abogados disciplinados por la Corte Suprema del estado, incluye 10 abogados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, tres de los cuales están inhabilitados, dos inhabilitados de hecho y dos suspendidos.

En orden alfabético.:

Robert Cook, Tequesta

En noviembre de 2018, expresa la declaración de culpabilidad de Cook para el juicio de consentimiento, presentó una moción para retirarse de un caso de modificación de préstamos y ejecución hipotecaria. Nunca recibió confirmación del asistente judicial de que las órdenes fueron ingresadas ni que agendara su moción para ser escuchada.

Cook no apareció en la audiencia final del 20 de febrero de 2020 en el caso de ejecución hipotecaria porque pensó que se había retirado con éxito como abogado. La sentencia final fue en contra de sus clientes, pero se anuló una vez que el error de Cook fue destacado y él representó al cliente hasta el final del caso.

En otro caso, Cook presentó una notificación de comparecencia para un cliente de ejecución hipotecaria en noviembre de 2019, y luego entregó el caso a un abogado de su oficina. Cuando ese abogado tuvo que tomar una licencia médica de emergencia el 15 de enero de 2020, y Cook no lo cubrió, el cliente se quedó sin un abogado para una audiencia del 27 de febrero. Después, la declaración de culpabilidad de Cook dice que hizo “esfuerzos sustanciales” en nombre del cliente e incluso ayudó con la venta y a conseguir la anulación de la ejecución hipotecaria.

Cook recibió una amonestación pública. Esta es la segunda amonestación pública de Cook y, con dos suspensiones, la cuarta acción disciplinaria contra él en los últimos ocho años.

Timmy Cox, Plantation

Con su cliente Mark Metellus en juicio en la sala del juez del Condado Martin Sherwood Bauer, Cox impugnó la imparcialidad de Bauer. Eso se considera una falta de respeto, al igual que interrumpir a un juez más de 20 veces y hablar por encima de ese juez durante una audiencia sobre su moción de juicio nulo.

“En un momento dado, [Cox] interrumpió al tribunal diciendo: ‘En primer lugar, tengo derecho a un registro, quizá no quiera que tenga un registro, pero usted ha estado hablando durante 93 segundos, he estado contando’. Cuando el juez Bauer advirtió al demandado que estaba siendo grosero, [Cox] declaró: ‘Usted está siendo grosero con mi cliente’”.

Mientras representaba a un cliente en un caso de adopción, Cox presentó una petición que fue rechazada con prejuicio ya que “era legalmente insuficiente a primera vista”. [Cox] demostró incompetencia y falta de decoro durante una audiencia en ese asunto”.

Durante el mismo caso de adopción, Cox “no advirtió a la madre que con el documento que estaba firmando renunciaba irrevocablemente a sus derechos parentales sobre su hijo. La madre pensó que solo estaba firmando los papeles para que el niño se fuera a casa con el cliente del demandado”.

Nadie hizo una entrevista con la madre antes del consentimiento ni se aseguró de que supiera que podía tener un testigo independiente. Además, el consentimiento no se firmó en presencia de dos testigos.

Todo lo anterior se desprende de la declaración de culpabilidad de Cox para el juicio por consentimiento que fue aceptada tres veces por la árbitro Lisa Davidson. Pero la Corte Suprema del estado rechazó el primer informe del árbitro de Davidson que recomendó una suspensión de 60 días y su segundo informe que recomendó una suspensión de cuatro meses.

“En caso de que las partes elijan seguir otro juicio de consentimiento”, dijo el tribunal al rechazar las recomendaciones del segundo informe, “el tribunal aprobará un juicio de consentimiento que resulte en la imposición de una suspensión de un año, junto con las otras condiciones recomendadas por el árbitro, si se presenta dentro de los 30 días posteriores a la fecha de esta orden”.

Así, Cox está cumpliendo un año de suspensión que comenzó el 25 de diciembre.

Thomas Craft, Tequesta

Craft se declaró culpable en el tribunal federal de Nueva York de fraude de valores. Su sentencia está prevista para el 22 de febrero. Ahorrando tiempo y dinero a todos en cuanto a la disciplina profesional, Craft solicitó la revocación disciplinaria con permiso para volver a solicitarla en cinco años.

Craft está esencialmente inhabilitado hasta al menos el 16 de diciembre de 2026.

César Domínguez, Coral Gables

Como agente de custodia en un acuerdo entre el vendedor LBTP Investments y el comprador Parcours Invest, Domínguez recibió $186,000 en su cuenta fiduciaria el 15 de julio de 2016. Un desacuerdo legal sobre el dinero terminó el 5 de septiembre de 2017, con la decisión que los $186,000 se enviaran al demandante, Distinguised Real Estate Services.

Domínguez dijo al tribunal y a todos los implicados que los $186,000 permanecerían en su cuenta fiduciaria durante el proceso de apelación. Declaró en una presentación judicial de junio de 2017 que los $186,000 permanecían en su cuenta fiduciaria. Envió correos electrónicos el 26 de septiembre de 2017 y el 2 de octubre de 2017, diciendo que hasta que se determinaran los honorarios de los abogados de todos, los $186,000 permanecerían en su cuenta fiduciaria.

Los $186,000 no estaban en la cuenta. De hecho, la cuenta se redujo a $6,085.87 a principios de junio de 2017, $3,065.84 a finales de junio de 2017 y $65.87 a principios de septiembre.

El informe del árbitro dice que Domínguez admitió que “liberó indebidamente los fondos”.

A principios de 2017, Domínguez fue el agente de custodia en una venta de una casa de Pinecrest de siete dormitorios y ocho baños. Envió la notificación de que había recibido $50,000 en fondos de depósito en garantía el 20 de febrero de 2017, y otros $150,000 el 6 de marzo de 2017. Son $200,000 que deberían haber estado en las cuentas fiduciarias de Domínguez.

Pero nunca los puso allí. Domínguez le dijo a todos que el dinero estaba allí mientras el asunto terminaba en los tribunales. La venta fracasó y el vendedor exigió el dinero porque el comprador había incumplido el contrato. Después de que la decisión fuera a favor del vendedor, Domínguez tuvo que admitir que ya había devuelto el dinero al comprador.

Domínguez ha sido inhabilitado.

Mario Lamar, Coral Gables

Lamar es miembro del Colegio de Abogados de la Florida desde 1973. Representó a Franklin Durán y a Carlos Kauffmann después de su detención en 2007, acusados de actuar como agentes no registrados de un gobierno extranjero y de conspiración para actuar como agentes no registrados de un gobierno extranjero.

Aunque Lamar no se ocupaba de sus problemas penales, sino únicamente de lo que el informe del árbitro describía como el “enorme divorcio empresarial” de Durán y Kauffmann, existía un conflicto de intereses. Especialmente cuando Kauffmann y Durán pagaron cada uno a Lamar $125,000 para que le representara contra el otro.

La madre de Kauffmann aportó $40,000 más para su hijo. Lamar y el padre de Kauffmann se conocían desde un encuentro en 1959 en el internado.

En los asuntos penales, Kauffmann aceptó un acuerdo de culpabilidad y testificó contra Durán en octubre de 2008. Lamar afirmó que no sabía que Kauffmann iba a testificar hasta el día en que subió al estrado.

“Al enterarse de que Kauffmann iba a testificar contra Durán, el señor Lamar se encontró con un claro e irrenunciable conflicto de intereses y, sin embargo, siguió representando a ambos”, escribió el árbitro. “Aunque esto presentaba un conflicto irrenunciable, el señor Lamar ni siquiera intentó discutir este asunto con Durán para obtener un consentimiento informado ... y no renunció a ninguno de sus honorarios”.

Durán fue condenado y estuvo en la prisión federal del downtown de Miami hasta el 3 de junio del 2011. Las notas de Lamar y las de su asistente legal dicen que durante las visitas de Lamar a Durán, el encarcelado preguntó por Oceanika Yachts, una empresa en la que Kauffmann y Durán tenían una inversión al 50%.

Después de que Durán terminara su condena en julio de 2011, fue a la oficina de Oceanika y descubrió que la empresa había estado enviando “importantes sumas de dinero” a Lamar. Durán preguntó entonces a Lamar por el dinero y éste negó haber recibido algo. Durán le llamó la atención sobre esa mentira, según el informe del árbitro, así que Lamar le mostró una pantalla de computadora que decía que había $400,000 de Oceanika en su cuenta fiduciaria.

Pero Lamar estaba en medio de un periodo de dos años durante el cual Oceanika envió $1,901,649 a la cuenta fiduciaria de Lamar. Y Lamar envió todo el dinero de Oceanika a Kauffmann, incluso después de que Durán presentara una demanda civil contra él.

Durán ganó una sentencia total de $876,319 contra Lamar. Ambas partes apelaron, pero Lamar retiró su apelación y resolvió el caso.

La suspensión de tres años de Lamar comienza el miércoles.

Julio Martínez, Miami Beach

La declaración de culpabilidad de Martínez para el juicio por consentimiento dice que fue arrestado por posesión de cocaína en septiembre de 2014. Completó su periodo en el tribunal de drogas en agosto de 2017 y entró en un programa condicional con Florida Lawyers Assistance en 2018.

Pero después de dar positivo por cocaína “varias veces”, Martínez hizo que su caso fuera devuelto al comité de quejas. Desde entonces, dice que ha completado dos programas residenciales y está viviendo en un hogar sobrio que requiere dos pruebas de drogas y cuatro reuniones por semana.

Martínez recibió una amonestación pública y está en libertad condicional durante dos años.

Enrique Miranda, Pinecrest

Miranda ha estado bajo suspensión de emergencia desde el 11 de febrero por algunos movimientos de dinero como agente de custodia en dos transacciones.

El informe del árbitro dice que, en la primera, Miranda recibió $200,000 de Xeon Holding Limited para C.L. Campos Assesoria Empresaria. Miranda debía entregar a Campos $100,000 para los gastos previos a la transacción, $95,000 una vez realizado el trabajo y quedarse con $5,000 como honorarios.

En 15 días, casi todo el dinero había desaparecido de la cuenta fiduciaria de Miranda.

El Colegio de Abogados dice que Miranda no dio a Campos los $100,000, sino que obedeció las instrucciones de Campos de dar $186,000 “a varias personas y entidades que parecen no estar relacionadas con la transacción regida por el acuerdo”.

Las órdenes unilaterales de Campos sobre los fondos en custodia y el hecho de que Miranda las siguiera entran en la categoría de “ilegales” por una razón. Cuando el trabajo no se hizo y Xeon pidió que le devolvieran sus $95,000, Miranda no los tenía. Dijo que estaba enfermo y que se los devolvería cuando mejorara. Luego, dejó de contestar al abogado de Xeon.

El Colegio de Abogados dice que Miranda les mintió diciendo que tenía $98,615 en la cuenta fiduciaria cuando Xeon le pidió que le devolviera el dinero. Un auditor ha analizado la cuenta y dice que el día en que Miranda debería haber devuelto los $95,000, el saldo de la cuenta era de $13,465, y ese fue el punto álgido de los seis meses en los que Xeon trató de conseguir su dinero.

Miranda dio a Xeon su dinero de “los fondos depositados recientemente en su cuenta de un bufete de abogados que parece no estar relacionado con la transacción y/o acuerdo de depósito en garantía”, dijo el Colegio de Abogados.

El Colegio de Abogados dice que mientras investigaba esto, la cuenta fiduciaria de Miranda recibió un depósito de $581,008 de un tal señor Betters. Luego, recibió un contrato de un tal Aldo Algandona, alguien que Miranda conocía, diciendo que este dinero era para él como parte de un acuerdo de energía renovable panameño. También, dijo Miranda, recibió una carta de Betters respaldando eso.

Miranda no investigó a Betters, no intentó ponerse en contacto con él, aunque tenía información de contacto. Se limitó a mover el dinero: $569,764 a Algandona, $5,000 a Capital Solutions Group en Illinois, $300 a Yiwu Mocho Group en China. El árbitro planteó la hipótesis de que los $5,948.79 podrían ser los honorarios de Miranda como agente de custodia.

Agente de custodia en un fraude electrónico. El informe del árbitro dice que un hacker se metió en la cuenta de correo electrónico de un bufete de abogados que era agente de cierre en la venta de una propiedad en North Carolina y cambió las instrucciones de transferencia a la cuenta fiduciaria de Miranda.

Miranda no se molestó en comprobarlo, alega el Colegio de Abogados, sino que se limitó a transferir los $581,008 a Algandona. El problema es, según el Colegio de Abogados, que el dinero era el botín de una partida de fraude electrónico.

Si Miranda hubiera hecho su trabajo, dice el árbitro, el fraude se habría descubierto antes de que el dinero saliera de su cuenta fiduciaria. Así las cosas, el banco ha recuperado parte del dinero, pero la pareja que pensó que iba a recibir un inmueble en North Carolina sigue sin recibir $11,045.79.

Miranda está inhabilitado.

Stuart J. Starr, Plantation

Después de obtener una suspensión de 90 días en mayo de 2018 por violar las reglas por honorarios excesivos, cobrar indebidamente los honorarios y no trabajar “con diligencia y prontitud razonables” para un cliente, Starr ignoró al Colegio de Abogados de la Florida.

Cuando se le suspende, se supone que un abogado debe informar a todos los clientes, tribunales y abogados de la parte contraria y enviar al Colegio de Abogados una declaración jurada con los nombres y direcciones de todos los que recibieron una copia de la orden de suspensión. Starr no lo hizo, por lo que se le impuso una suspensión por desacato. Luego, una suspensión por desacato más larga, de tres años.

Finalmente, el 15 de diciembre, el abogado de 78 años fue inhabilitado.

Starr sigue vivo, lo que no siempre es el caso de un abogado inhabilitado y que no responde al Colegio de Abogados.

Robyn Sztyndor, Fort Lauderdale

Sztyndor se desahogó literal y electrónicamente en varios casos y recibió una amonestación pública por ello.

Tal fue el caso de Sztyndor, quien, hasta que se retiró en 2019, representaba a Blair Wright de Outreach Housing en un caso penalaún pendiente que involucraba un cargo de chantaje.

La declaración de culpabilidad de Sztyndor dice que sus correos electrónicos durante un caso criminal de chantaje aún pendiente que involucra a Blair Wright de Outreach Housing se refirieron al abogado contrario como “’fuera de control’, y ‘demasiado hostil’, entre otras cosas. Además, en los correos electrónicos con el abogado de la parte contraria [Sztyndor] afirmó que las declaraciones de dos de los testigos del caso ‘iban a ser épicas’ y un gran ‘entretenimiento’”.

Durante los casos de los Condados Broward y Palm Beach que involucraban a Outreach, Nationwide Pools y Home Defense, además de disparar de forma “poco profesional y sarcástica” a los abogados de la parte contraria y a los testigos, Sztyndor “hizo declaraciones poco profesionales de forma oral y en correos electrónicos y archivos judiciales impugnando la integridad” de dos jueces.

Después de presentar una queja ante la Comisión de Calificaciones Judiciales contra el juez del Tribunal de Circuito Michael Gates, Sztyndor presentó públicamente la queja en los casos Outreach y Nationwide, pidiendo la descalificación de Gates. Ella “declaró repetidamente” que él “selló 53 órdenes para la Oficina del Fiscal General”.

Cuando el Juez del 17º Circuito Peter D. Blanc se recusó en el caso de Defensa Interior, dijo que [Sztyndor] le dijo a su asistente judicial que no sabía “si era solo una confusión del Juez Blanc o su mala memoria” con respecto a una cuestión de procedimiento en el caso, pero que ella iba a “tratar el tema con el JQC” y tomaría sus órdenes del JQC a partir de ese momento”.

Aunque eso está en su declaración de culpabilidad, la declaración de culpabilidad también dice que Sztyndor solo recuerda que le dijo a la asistente que su cliente se quejaría a la Comisión de Calificaciones Judiciales.

Mientras representaba a Outreach Housing en otro caso, Sztyndor denegó una petición del testigo Clovis Nelson de reprogramar una declaración para que pudiera contratar a un abogado. Nelson tenía una demanda contra Outreach. También envió mensajes de texto diciendo que pediría la anulación de su demanda si no comparecía.

Nelson compareció y dijo que quería un abogado independiente. Sztyndor se opuso a cualquier aplazamiento y volvió a decir que solicitaría sanciones, desacato y que pediría la anulación de la demanda de Nelson.

Este tratamiento de Nelson violó las normas de mala conducta, así como el respeto a los derechos de terceros.

Mientras manejaba el litigio en otro caso de Broward, Michael Bogdan vs Living Free Institute, Sztyndor “cuestionó la veracidad del abogado de la parte contraria” durante una deposición, al enviar un correo electrónico al asistente judicial del juez y en una moción judicial.

“[La conducta de Sztyndor] resultó en una carga para los clientes del abogado de la oposición, y los clientes despidieron al abogado de la oposición”.

Además de la amonestación pública, Sztyndor tiene que asistir a un taller de profesionalidad del Colegio de Abogados y estar en libertad condicional durante dos años.

Jordan Weinkle, Miami Beach

Weinkle tiene seis asuntos disciplinarios pendientes, la mayoría condicionales de lo que causó su suspensión de emergencia en septiembre: “malversación de fondos”, aparentemente mentir sobre el servicio militar e ignorar las consultas del Colegio.

La petición de suspensión de emergencia decía que The Weinkle Law Group debía mantener $60,000 en su cuenta fiduciaria para cubrir los impuestos sobre la propiedad de una transacción. Pero después de que los impuestos no se pagaron, el auditor del personal del Colegio de Abogados vio que las cuentas fiduciarias no tenían el dinero de los impuestos.

Pero The Weinkle Law Group había escrito cheques de nómina en las cuentas fiduciarias.

La solicitud de suspensión de emergencia incluyó un correo electrónico del 22 de noviembre de 2020 de Weinkle al corredor de préstamos de la transacción que afirmaba que estaba “en transición lejos de la práctica de la ley para que pueda dedicar la mayor parte de mi tiempo a mi trabajo en el Ejército de Estados Unidos ... Durante los últimos 8-10 meses, hacer malabares con mi carrera militar y mi práctica de la ley ha resultado en que me desordené bastante en mi vida civil, como estoy seguro de que era evidente”.

La solicitud de suspensión señalaba que no hay constancia de que Weinkle “haya estado en servicio activo en el pasado, en el presente o en el futuro en ninguna rama de las fuerzas armadas”.

Weinkle optó por la revocación disciplinaria. Está esencialmente inhabilitado hasta el 2 de diciembre de 2026, cuando puede solicitar la readmisión.