Francia lanza su propia versión de “Precios Cuidados” por la alta inflación

PARIS.– El gobierno francés anunció este lunes un acuerdo con las principales empresas de distribución minorista para limitar el precio de varios productos durante un “trimestre antinflación”, en un contexto de tensión social por la reforma de las pensiones.

La iniciativa, que debe extenderse hasta junio, busca que estas empresas ofrezcan “el precio más bajo posible” a una serie de productos de su elección, entre 200 y 500, indicó el ministro de Economía, Bruno Le Maire, tras reunirse con los distribuidores.

El costo de la operación, en la que participarán Carrefour o Casino, entre otros, será de “varios cientos de millones de euros” y se financiará gracias a los márgenes de los minoristas, precisó Le Maire.

Frente al aumento de los precios de los alimentos, que alcanzó un 14,5% interanual en febrero según la oficina de estadística Insee, el gobierno buscaba desde hace varios meses un mecanismo para sostener el poder adquisitivo.

El anuncio del “trimestre antinflación”, que será reconocible por un logo con los colores de la bandera de Francia en los supermercados, se produce en un momento de protestas masivas contra el proyecto de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Varias empresas ya lanzaron además en los últimos días operaciones comerciales para reducir los precios de varios productos, como Carrefour, Intermarché y Monoprix, tras Système U que lo hizo a inicios de febrero.

El jefe de los supermercados E. Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, criticó así la reunión celebrada con el ministro que a su juicio obedece a la “comunicación política”. “No esperé a una reunión pública para ser menos caro”, abundó en BFMTV.

A cambio de este acuerdo, las empresas minoristas obtuvieron la reapertura de las negociaciones comerciales anuales con los proveedores de la agroindustria que terminaron el 1 de marzo con un alza media de precios del 10%.

“Reabriremos las negociaciones comerciales con los grandes industriales para que la rebaja de los precios al por mayor, que estamos viendo en los mercados”, se “traduzca” también en los comercios, explicó Le Maire.

Para ayudar a enfrentar la inflación, el ministro también anunció un “cheque alimentario” para los hogares “más modestos” en los próximos meses.

La iniciativa es similar a la adoptada a fin de año con los combustibles, cuando el gobierno francés consiguió que Total y otras empresas de energía redujeran el precio de la nafta.

Protestas

Mientras tanto, los sindicatos se preparan para “paralizar Francia” el martes al retomar las multitudinarias protestas contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, al que acusan de “permanecer sordo” al rechazo popular.

“Llamo a los trabajadores, a los ciudadanos, a los jubilados a manifestar masivamente”, dijo este lunes Laurent Berger, líder del sindicato CFDT. “El presidente no puede permanecer sordo”, agregó en la radio France Inter.

Según los sondeos, dos de cada tres franceses se oponen a su proyecto de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.

Pero elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa busca, según el gobierno, evitar un déficit en la caja de las pensiones. “Cumpliremos el objetivo” de un sistema equilibrado para 2030, dijo su vocero, Olivier Véran, en France 2.

Desde su presentación en enero, los sindicatos organizaron grandes movilizaciones, entre ellas la más numerosa en tres décadas el 31 de enero –de 1,27 a 2,8 millones de personas–, sin lograr que el gobierno dé marcha atrás.

A partir del martes, la movilización “acelera el paso” ante una posición “cada vez más dura” del gobierno, dijo el domingo el líder de la central CGT, Philippe Martinez, al diario Le Journal du Dimanche.

El servicio de trenes en Francia y el transporte público de París, clave para la economía de la capital, se anuncian muy perturbados por los paros, que los sindicatos esperan prolongar más allá del martes.

“Habrá días difíciles (...) Es probable que las cosas no paren el 7 de marzo por la noche o en la mañana del 8 de marzo”, advirtió el ministro de Transportes, Clément Beaune, en France 3. El gobierno anima a quienes puedan a teletrabajar.

Impacto económico “limitado”

Los sindicatos llamaron también a “cerrar completamente” escuelas y liceos. Obras paralizadas, tiendas cerradas, peajes abiertos o carreteras bloqueadas forman parte también del programa de acciones previsto.

Los camioneros ya empezaron su huelga, provocando atascos en ciudades como Lille (norte) o Ruán (noreste), y, desde el pasado viernes, los trabajadores del sector de la energía ya provocaron caídas de producción en varias centrales nucleares.

Aunque el objetivo es bloquear la economía, el impacto económico de las huelgas será “limitado”, según los analistas del banco ING, para quienes, incluso en caso de largos bloqueos, no será superior a 0,2 puntos porcentuales del PBI.

La última vez que los franceses lograron paralizar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de tren y metro durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública.

Una mayoría de franceses apoya también ahora el principio de huelgas prorrogables (56%) y el objetivo sindical de “paralizar Francia” (59%) para obligar al gobierno a retroceder, según un sondeo de Elabe publicado este lunes.

El proyecto sigue sin embargo su trámite parlamentario. Tras su paso por la Asamblea (cámara baja), el pleno del Senado (cámara alta) debate las propuestas desde el pasado jueves que salen adelante gracias al apoyo de la oposición de derecha.

El gobierno escogió un polémico procedimiento parlamentario que limita el tiempo de debate y le permite aplicar sus medidas si las dos cámaras del Parlamento no han aprobado el mismo texto para el 26 de marzo. La Asamblea no llegó a votar.

El Día Internacional de la Mujer, previsto el miércoles, podría registra también una fuerte movilización, máxime cuando los opositores al proyecto consideran que las mujeres son uno de los colectivos perdedores de la reforma.

Agencia AFP