Yahoo Noticias Fracasa un intento de liberar a un obispo encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega
CARACAS.- Rolando Álvarez, el obispo rebelde de Nicaragua, continuará en prisión tras fracasar una mediación del Vaticano con la dictadura de Daniel Ortega para que el prelado saliera en libertad.
Álvarez abandonó el centro penitenciario de La Modelo para permanecer durante varias horas, bajo custodia policial, en una de las sedes de la Conferencia Episcopal, mientras se llevaban a cabo negociaciones exprés a tres bandas, incluido un diplomático enviado desde Roma, para que el obispo de Matagalpa aceptara el destierro y fuera trasladado a la ciudad europea.
Pero fue el propio Álvarez quien se negó a aceptar las condiciones del preacuerdo alcanzado, como ya hizo en febrero de este año, cuando rechazó subirse al avión que trasladaba a Estados Unidos a 222 prisioneros políticos desterrados por el régimen de Daniel Ortega.
Esta negativa, que echó por tierra la estrategia inicial de la dictadura sandinista, provocó entonces la ira del presidente nicaragüense y la posterior condena de Álvarez a 26 años de cárcel por traición a la patria.
“Monseñor no quiere salir de Nicaragua. Quiere ser libre, sin condiciones, en su país”, dijo en redes sociales el obispo hondureño José Antonio Canales. Álvarez también habría exigido la liberación del medio centenar de presos políticos que permanecen en las cárceles de la dictadura.
El cardenal Leopoldo Brenes calificó en cambio como “especulaciones” las informaciones sobre el obispo, al que situó de nuevo en una celda de La Modelo.
“No hubo acuerdo. Que Dios sea su fortaleza, como hasta ahora. Libertad para monseñor Rolando”, exigió el dirigente universitario Lesther Alemán, uno de los integrantes del Grupo de los 222.
La dictadura apresó al obispo de Matagalpa hace casi 11 meses, primero para mantenerle en un lugar clandestino y más tarde, tras ser condenado a 26 años de cárcel por traición a la patria, trasladarlo a una mazmorra incomunicada de La Modelo. “Está atrapado en una situación dura y tensa”, subrayó Bianca Jagger, activista de derechos humanos, la primera en informar sobre la excarcelación del obispo y la pretensión de enviarlo a Roma.
Sobre la mesa de negociación también se discutió el futuro inmediato de los cinco sacerdotes presos por la dictadura en los últimos meses. Pese al hermetismo total de los negociadores, medios locales adelantaron que Manuel Salvador García, párroco de El Calvario; Gregorio Rodríguez, párroco de Nueva Segovia; Leonardo Guevara y Jaime Montesinos seguirían los mismos pasos que el obispo, al igual que José Leonardo Urbina, condenado a 30 años de cárcel por supuestos abusos sexuales.
Las negociaciones entre ambas partes se dan pese a la tensión existente desde que el dictador Ortega ordenó suspender las relaciones con el Vaticano. El líder sandinista no toleró las fuertes críticas realizadas por el papa Francisco, que comparó su régimen con “la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35. Son un tipo de dictaduras groseras”.
Ya la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno sandinista que pusiera en libertad de forma inmediata a monseñor Álvarez, al encontrarse en una “situación de gravedad de que se consuman daños irreparables a su vida, salud e integridad personal”. El presidente brasileño, Lula da Silva, anunció que reclamaría su libertad a Ortega tras reunirse con el Papa en Roma.
La postura firme del obispo de Matagalpa imposibilitó el beneficio político que Ortega buscaba con el envío a Estados Unidos de la flor y nata de la disidencia nicaragüense, lo que provocó la ira del dictador, quien lo definió como un desquiciado y energúmeno, “incapaz de tener el coraje de Cristo, que aguantó la crucifixión”.
La condena impuesta por los tribunales sandinistas alcanzó los 26 años y 4 meses de cárcel, además de la retirada de la nacionalidad. Ese es el precio en Nicaragua a quienes se atreven a llevar la contraria a Ortega. La acusación inicial contra Álvarez era de conspiración por cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, a lo que sea añadió traición a la patria.
Desde 2018, cuando estalló la rebelión popular contra Ortega, el gobierno sandinista ha perseguido y hostigado a la Iglesia católica, llegando incluso a prohibir las procesiones de Semana Santa.
El cerco impuesto por la revolución contra la Iglesia, a la cual incluso ha acusado de financiarse con dinero procedente del lavado de activos, es una de las bazas con las que juega Ortega en la mesa de negociación con el Vaticano. Confiscación de bienes, congelamiento de cuentas bancarias, cierre de emisoras católicas y de fundaciones, además de la expulsión exprés de grupos de monjas son parte de la estrategia gubernamental contra la Iglesia.
Ortega y su mujer, la copresidenta Rosario Murillo, han centrado sus ataques en la Iglesia, la única institución que se mantiene en pie dentro del país. Opositores, activistas, disidentes y buena parte de la sociedad civil fueron forzados al exilio o al destierro.
