La Florida podría haber infringido sus propias directrices al llevar migrantes a Martha’s Vineyard

Los documentos obtenidos de la agencia estatal encargada de gestionar el controversial programa de reubicación de migrantes dijeron explícitamente que su misión era “reubicar fuera de la Florida a los ciudadanos extranjeros que no están legalmente presentes en Estados Unidos’‘, según los registros obtenidos el viernes por Herald/Times.

Eso puede suponer un problema para el gobernador Ron DeSantis, cuya administración pagó a una empresa de aviación con sede en Destin, Vertol Systems Company, más de $1.56 millones para transportar a los migrantes, incluidos dos vuelos del 14 de septiembre desde Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts, a pesar de que los 48 pasajeros venezolanos nunca pisaron la Florida.

Los documentos publicados el viernes ofrecen una visión más profunda del plan cuidadosamente organizado por el gobernador para usar el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) para reubicar a los migrantes en otra parte del país, un ejercicio que ha atraído la atención nacional y reavivado el polarizante debate en torno a la inmigración en el período previo a las elecciones de mitad de periodo.

Obtenidos a través de solicitudes de registros públicos FDOT y a la oficina del gobernador, los documentos muestran que las discusiones respecto al programa de reubicación comenzaron en julio con Rebekah Davis, consejera general del FDOT, buscando presupuesto para vuelos fletados.

Ni el FDOT ni la oficina del gobernador respondieron el viernes a las peticiones de explicaciones y declaraciones sobre los documentos.

El director general de Vertol, James L. Montgomerie, proporcionó presupuestos para transportar a los pasajeros a Boston y Los Ángeles, pero sus presupuestos solo incluían hasta ocho pasajeros en un King Air 350 Turbo Prop. La oficina del gobernador tenía planes más grandes y, aunque Vertol fue finalmente elegida para manejar los vuelos, los registros muestran que Ultimate JetCharters, con sede en Ohio, fue subcontratada para manejar el transporte de los migrantes desde San Antonio hasta Martha’s Vineyard.

Los aviones se detuvieron durante menos de 30 minutos en Crestview, la Florida, en donde Vertol tiene sus principales operaciones de vuelo. Ningún pasajero abandonó el avión mientras estaba en Crestview y no subieron nuevos pasajeros.

Otra ronda de vuelos de Ultimate JetCharters estaba programada para una semana después, de acuerdo con lo que ha sabido Miami Herald. Según esos planes, los migrantes iban a ser transportados de Texas a Delaware —el estado natal del presidente Joe Biden—, pero ese viaje se canceló sin explicación, dejando a los migrantes varados en San Antonio.

De acuerdo con los registros financieros del estado, había al menos tres proyectos previstos.

Montgomerie acordó que su empresa “proporcionaría al FDOT servicios de reubicación relacionados con el transporte y de carácter humanitario para poner en marcha un programa que facilite el transporte de extranjeros no autorizados”.

Detalles del acuerdo con Vertol

El documento, etiquetado como “memorando para el registro” con el membrete de la empresa, afirma que esta le proporcionaría “servicios a; FDOT de forma continuada, mes a mes, en forma de proyectos de reubicación independientes”.

El acuerdo de Vertol indica que el primero debía “implicar la facilitación de la reubicación de hasta cincuenta (50) personas en el estado de Massachusetts o en otro estado del noreste próximo designado por el FDOT en función de las condiciones existentes. El precio total de todos los servicios relacionados con el Proyecto 1 es de $615,000, sujeto a la aprobación del FDOT”.

El estado aceptó pagar por adelantado a Vertol los vuelos, que ascendían a unos $12,812 por migrante. Hizo el primer pago el 8 de septiembre, de acuerdo con los registros estatales, y posteriormente le pagó a Vertol $950,000 el 19 de septiembre.

Los documentos también muestran que el estado también recibió un presupuesto de otra empresa, Gun Girls, con sede en Palm Beach Gardens. La empresa está contratada para prestar servicios de transporte de reclusos y de extradición para el Departamento Correccional de la Florida. Su presupuesto indicaba que cobraría $26,000 por transportar a cinco personas de la Florida a Massachusetts y que los servicios incluirían un oficial bilingüe, un kit de higiene personal, una caja de almuerzo y aperitivos.

En una entrevista con el Herald, la presidenta de Gun Girls, Susan Kushlin, dijo que su oferta no se asemejaba en absoluto al programa elaborado por Vertol, que consistía en buscar y reclutar migrantes en San Antonio.

Kushlin dijo que el contrato por el que pujaba consistía en transportar entre 5 y 20 “extranjeros ilegales” que habían cometido “delitos no violentos” desde la Florida a Massachusetts, ya fuera en transporte terrestre o en vuelos comerciales.

Dijo que su empresa no tenía los recursos ni la experiencia para llevar a cabo una operación como la de Vertol.

“Transportamos a los presos por contrato. Eso es todo lo que hacemos”, dijo Kushlin. “No hacemos nada parecido a lo que ellos hicieron. Eso no es a lo que nos dedicamos”.

Los documentos probablemente planteen preguntas acerca de si la operación de Vertol se ajustaba a la misión explícita del FDOT, tal y como autoriza la ley estatal. Un documento titulado FDOT Program Guidelines Relocation Program establece como primera directriz lo siguiente:

“El Departamento de Transporte [’Departamento’] gestiona un programa para reubicar fuera del Estado de la Florida a ciudadanos extranjeros que no se encuentran legalmente en los Estados Unidos [’extranjeros no autorizados’]”.

Las directrices indican que el estado puede gastar hasta $12 millones en el programa y que el proveedor puede pagar los servicios en español, el transporte terrestre, las “comidas y el alojamiento de los migrantes en ruta hacia el destino” y debe “garantizar que el extranjero no autorizado llegue al destino designado en un plazo de 72 horas a partir de la solicitud”.

La reacción del senador Jason

El senador estatal Jason Pizzo, demócrata del sur de la Florida, actuó como ciudadano particular y demandó al gobernador, alegando que el programa viola la ley estatal, en parte porque los migrantes no estaban siendo reubicados desde la Florida. El texto del presupuesto que asignaba $12 millones para establecer el programa establecía que se utilizaría para “el transporte de extranjeros no autorizados desde este estado de acuerdo con la ley federal”.

Pizzo el viernes que los documentos respaldan las afirmaciones hechas en su demanda.

“Un niño de quinto grado podría entender que están infringiendo claramente la ley”, dijo, después de revisar los documentos obtenidos por Herald/Times. “El abogado señaló que los registros muestran que cuatro empleados del FDOT firmaron el gasto de $615,000 para los vuelos a Martha’s Vineyard, incluyendo una revisión legal.

“Todo esto tiene que ver con la política”, dijo Pizzo. “DeSantis se adelantó e hizo una declaración que apela a su base y descuidaron mucho los detalles”.

Siguen buscando más registros

La carta firmada por Montgomerie indica que Vertol recibiría el pago por “los aviones, la tripulación, la logística de mantenimiento, el combustible, la coordinación y la planificación, la preparación de la ruta, los servicios de ruta, las tasas de aterrizaje, la asistencia en tierra y la logística y otros gastos relacionados con el proyecto”, pero la empresa no ha respondido a las repetidas solicitudes de comentarios de Miami Herald y otras entidades y ni el FDOT ni la oficina del gobernador han presentado el contrato.

“El FDOT está jugando con el derecho del público a saber”, dijo Michael Barfield, director de Acceso Público de la organización sin fines de lucro Florida Center for Government Accountability (FLCGA), que obtuvo por primera vez los registros el viernes junto con Herald/Times. “Esta producción está incompleta y la agencia ha tenido mucho tiempo para cumplir. Ahora buscaremos la aplicación judicial de la Ley de Registros Públicos”.

Se ha presentado una segunda demanda contra el programa en un tribunal federal de Massachusetts. Tres migrantes venezolanos anónimos y Alianza Américas, una organización trasnacional que aboga por los derechos de los inmigrantes, alegaron que DeSantis, el FDOT y otros engañaron a los migrantes para que abandonaran Texas, ofreciéndoles tarjetas de regalo de McDonald’s y otros artículos para embarcar en los vuelos, así como prometiéndoles asistencia y empleo. La demanda nombra a otras cinco personas como acusadas, entre ellas un hombre y una mujer que, de acuerdo con los abogados, reclutaron a los migrantes en San Antonio para que subieran a los aviones.

DeSantis ha negado que las personas enviadas a Martha’s Vineyard hayan sido engañadas. El contratista privado contratado por FDOT para llevar a cabo el programa les dijo a dónde iban, dijo.

La redactora del Miami Herald Sarah Blaskey contribuyó a este informe.