Florida exhorta a la Corte Suprema federal a escuchar argumentos sobre los espectáculos drag
La administración del gobernador Ron DeSantis acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos en una lucha sobre un fallo que bloqueó en todo el estado una nueva ley destinada a impedir que los niños asistan a espectáculos drag.
Los abogados del estado quieren que la Corte Suprema apruebe una suspensión parcial de una orden judicial preliminar que el juez federal de distrito Gregory Presnell emitió para bloquear la ley.
Presnell dictó la medida cautelar en una demanda presentada por el restaurante Hamburger Mary’s de Orlando, pero también aplicó la medida cautelar a los locales de todo el estado. La suspensión parcial, si se concede, permitiría la aplicación de la ley a todos los locales, excepto Hamburger Mary’s, mientras se resuelve el recurso de apelación contra la sentencia de Presnell.
El 11 de octubre, un panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 11no Circuito, en una decisión de 2 a 1 , rechazó esa suspensión parcial. Los abogados que representan a la secretaria del Departamento de Regulación Empresarial y Profesional (DBPR) de la Florida, Melanie Griffin, demandada en el caso, llevaron el asunto ante la Corte Suprema la semana pasada.
“No se trata de una demanda colectiva y solo hay un demandante: un restaurante de Orlando, Florida, llamado Hamburger Mary’s, que alega que la ley le impide inconstitucionalmente presentar ante los niños espectáculos drag que no sean sexualmente explícitos”, escribieron los abogados del estado en el recurso ante la Corte Suprema. “Incluso si tales actuaciones violaran la ley, todo lo que Hamburger Mary’s necesita para remediar su presunto perjuicio es una orden judicial que le impida al estado aplicar la ley contra Hamburger Mary’s. Extender esa medida a otros que no están ante el tribunal no hizo nada para aliviar el perjuicio alegado por Hamburger Mary’s y excedió la autoridad de reparación del tribunal de distrito”.
Pero en una decisión de julio rechazando una solicitud de suspensión parcial, Presnell escribió que el estado estaba tratando de “neutralizar la medida cautelar del tribunal”, haciendo que aplique solo a Hamburger Mary’s.
“Proteger el derecho a la libertad de expresión es el epítome de la actuación en interés público”, escribió Presnell. “No es casualidad que esta libertad esté consagrada en la Primera Enmienda. Esta medida cautelar protege los intereses del demandante [Hamburger Mary’s], pero, dado que el estatuto es inconstitucional a primera vista, la medida cautelar necesariamente debe extenderse para proteger a todos los floridanos”.
La ley, bautizada por sus promotores como “Ley de Protección de la Infancia”, impediría a los locales admitir niños en los espectáculos en directo para adultos. Define las actuaciones en directo para adultos como “cualquier espectáculo, exhibición u otra presentación que se haga ante un público en directo y que, en su totalidad o en parte, represente o simule desnudez, conducta sexual, excitación sexual o actividades sexuales específicas, [...] conducta lasciva o la exhibición lasciva de genitales o pechos protésicos o de imitación”.
Los reguladores podrían suspender o revocar las licencias de restaurantes, bares y otros locales que infrinjan la ley; también prohibiría a los gobiernos locales conceder permisos públicos para eventos que pudieran exponer a los niños a las conductas contempladas, además de que las personas podrían enfrentarse a cargos de delito menor de primer grado por admitir “a sabiendas” a niños en espectáculos en vivo de adultos.
Aunque la ley no menciona específicamente los espectáculos drag, se aprobó después de que el gobierno de DeSantis tomara medidas enérgicas contra los locales del sur y el centro de la Florida, en donde los niños asistían a espectáculos drag; también se aprobó esta primavera en medio de una ola de proyectos de ley en la Florida y otros estados liderados por republicanos que apuntan a cuestiones relacionadas con LGBTQ+.
Hamburger Mary’s, que dijo que había organizado espectáculos drag “familiares” durante 15 años, presentó la demanda en mayo y Presnell dictaminó el 23 de junio que la ley no está “suficientemente adaptada” como para cumplir las normas de la Primera Enmienda.
El requerimiento de Presnell prohibía a DBPR “iniciar, mantener o proseguir cualquier procedimiento de aplicación de la ley hasta nueva orden del tribunal tras un juicio sobre el fondo de este caso”.
Sea cual sea el resultado de la solicitud de suspensión parcial, la impugnación por el estado de la sentencia subyacente de Presnell sigue pendiente en el Tribunal Federal de Apelaciones del 11no Circuito.
En la presentación ante la Corte Suprema de la semana pasada, los abogados del estado escribieron que “los tribunales de apelación están profundamente divididos sobre si las medidas cautelares pueden extenderse a partes que no están ante el tribunal y esa cuestión es inmensamente importante. En los últimos años, los tribunales inferiores han dictado cada vez más medidas cautelares universales, que frenan el desarrollo de la ley, fomentan la selección de tribunal y provocan el caos”.
“Mientras siga en vigor la medida cautelar del tribunal de distrito, la Florida no podrá hacer cumplir una ley que sus representantes electos promulgaron para la protección de sus hijos”, puede leerse en el escrito.
Pero, en la decisión del 11 de octubre, en la que se rechazaba una suspensión parcial, los jueces del tribunal de apelaciones Adalberto Jordan y Robin Rosenbaum señalaron la conclusión de Presnell de que la ley era probablemente excesiva e inconstitucional en virtud de la Primera Enmienda. Dijeron, en parte, que en “otros casos en los que se ha determinado que una ley es excesivamente amplia en violación de la Primera Enmienda, confirmamos mandamientos judiciales que impiden la aplicación de una ley u ordenanza contra terceros y contra partes”.