Florida desafió la ley de registros públicos sobre la muerte de un niño. La cuenta a los contribuyentes: $376,000

La negativa de las autoridades de bienestar infantil durante más de un año a entregar los documentos que detallan los esfuerzos fallidos del estado para proteger a un niño de Miami costará a los contribuyentes de Florida $376,665; dinero que de otro modo podía haberse gastado en servicios para niños en peligro.

Es una de varias batallas por registros públicos durante la administración del gobernador Ron DeSantis.

La jueza de circuito de Miami-Dade Barbara Areces, quien a principios de este año censuró al Departamento de Niños y Familias (DCF) por desafiar las leyes de gobierno transparente del estado, concedió a los abogados del Miami Herald y otras organizaciones de noticias el dinero en una orden que cierra un litigio de casi dos años.

En su orden de cinco páginas, Areces dijo que los honorarios legales generados por los medios noticiosos que buscan hacer cumplir la ley de registros públicos del estado eran “apropiados y razonables”.

El litigio se refería a Rashid Bryant, un niño de 22 meses que murió el 6 de noviembre de 2020 por complicaciones de lesiones agudas y crónicas por golpes. La muerte de Rashid, escribió la Oficina del Médico Forense, fue en parte el resultado de la “negligencia de los padres”.

Rashid y sus nueve hermanos habían sido objeto de unas 25 denuncias a la línea de atención al menor de la Florida, y los niños habían entrado y salido de centros de acogida. La familia del niño se enfrentaba al desahucio en el momento en que su madre llamó al 911 para informar que estaba en peligro; de hecho, Rashid ya había muerto.

Según la ley de registros públicos de la Florida —aprobada por los electores en 1909, pero posteriormente consagrada en la Constitución del estado tras un referendo—, todos los documentos que detallan todo lo que pasó Rashid en el sistema de bienestar infantil del estado deberían haber estado abiertos a la inspección pública si se hubiera determinado que su muerte fue consecuencia de abuso o negligencia.

Pero el DCF insistió durante más de un año que la dependencia seguía investigando la causa de su muerte y, por lo tanto, los registros de la agencia estaban exentos de la divulgación pública.

Areces, quien presidió la demanda presentada por el Herald y una coalición de otros medios noticiosos y activistas del gobierno transparente, falló que el DCF estaba siendo deliberadamente falso y que los administradores de la dependencia concluyeron a las pocas semanas de la muerte de Rashid que sus padres eran responsables. Ambos fueron acusados penalmente.

“Las victorias de los registros abiertos como esta son raras y significativas”, dijo Monica Richardson, directora ejecutiva del Miami Herald y el Nuevo Herald.

“Este momento es un reflejo del compromiso inquebrantable del Miami Herald de contar y luchar por las historias que conducen al cambio en beneficio del público. En este caso, estamos haciendo el bien público al responsabilizar a una dependencia encargada de proteger a los más vulnerables entre nosotros: nuestros niños”, dijo.

Mark Caramanica, abogado de Tampa que litigó la controversia junto con otros abogados del bufete Thomas & LoCicero, añadió: “Es lamentable que se haya tenido que presentar esta demanda. Cuando un niño bajo la supervisión del DCF muere por el abuso, la ley de registros públicos es clara que tenemos el derecho a saber qué hizo el DCF y si pudieron adoptarse medidas adicionales para evitar esa muerte.

“Y cuando el DCF se niega a cumplir esas obligaciones de divulgación, son los contribuyentes los que terminan pagando la factura”, dijo Caramanica.

Los administradores del DCF no respondieron a una solicitud de comentarios del Herald.

En los alegatos judiciales, los abogados de la dependencia insistieron en que el DCF no debería ser obligado a pagar los honorarios legales de las organizaciones de medios, como lo permite la ley de la Florida, porque los administradores no violaron deliberadamente la ley cuando se negaron a divulgar los registros de la agencia que detallan cómo los investigadores, los trabajadores sociales y los supervisores monitorearon a la familia de Rashid.

“A lo largo de estos procedimientos, el departamento ha actuado de buena fe al tratar de interpretar” las leyes estatales que rigen la divulgación de los registros de la agencia”, escribieron los abogados John M. Jackson y Andrew J. McGinley —este último asesor legal del DCF— en un alegato ante el tribunal de agosto de 2022.

“A esta carga”, escribieron los dos abogados, “se suma el deber muy claro del departamento de proteger los derechos de privacidad de los niños y adultos involucrados en las investigaciones de abuso y negligencia. Es el departamento el que debe equilibrar un claro requisito de confidencialidad con un estatuto poco claro que autoriza la divulgación de registros confidenciales en determinadas circunstancias”.

Los abogados añadieron: “El departamento no debe ser condenado a pagar honorarios o costos a [los periodistas] cuando sus acciones fueron en todo momento intentos de buena fe de cumplir varias disposiciones” de la ley estatal de bienestar infantil.

De hecho, Areces dijo al final de una audiencia de marzo sobre la demanda que los administradores del DCF sabían que los registros debían hacerse públicos poco después de la muerte de Rashid, pero los mantuvieron en secreto de todos modos. Areces remarcó que el archivo del DCF sobre Rashid contenía “mucha información que es horrorosa”.

“Los expedientes deberían haberse hecho públicos hace mucho tiempo”, dijo Areces tras la audiencia de casi cuatro horas.

Los padres de Rashid, que vivían en Opa-locka, eran conocidos por las autoridades de bienestar infantil mucho antes del nacimiento de Rashid el 13 de diciembre de 2018, generando más de una docena de reportes de abuso o negligencia a la línea directa del DCF. En los meses previos al nacimiento del niño, los reportes alegaban que su madre fumaba marihuana con los hermanos mayores de Rashid, que la mayoría de sus hijos no asistían a la escuela, que su casa carecía de agua corriente y que los niños pasaban hambre.

El estado retiró a los niños un mes antes del nacimiento de Rashid, pero luego devolvió a los pequeños a la madre, Jabora Deris, y al padre, Christopher Bryant. En la primavera de 2020, Rashid parece haberse fracturado la pierna; Deris se negó a que le hicieran una radiografía en ese momento, aunque la fractura era claramente visible en una exploración posmortem. Los registros muestran que permaneció postrado en la cama hasta su muerte, sin poder caminar.

Los familiares describieron posteriormente una aparente lesión en la cabeza que también se documentó en un informe de la autopsia, publicado en junio de 2021, que mostraba que el niño había sufrido cuatro fracturas de cráneo y una hemorragia cerebral. La autopsia concluyó que la muerte de Rashid fue un homicidio.

Al Herald se le unieron en el litigio su empresa matriz McClatchy Co., Times Publishing Co., New York Times Co., Scripps Media, Gannett Co., Graham Media Group, con el nombre de WKMG-TV6, WPLG, Graham Media Group, con el nombre de WJXT-TV4, SCC Communications, The Associated Press, Florida Star Newspapers, Florida Press Association y First Amendment Foundation.

Deris y Bryant están a la espera de ser juzgados por cargos de homicidio y abuso infantil con agravantes.

La administración de DeSantis ha sido acusada por organizaciones de noticias y grupos de transparencia en el gobierno de ignorar, negar o retrasar las solicitudes de registros públicos válidos, incluidos los relacionados con el transporte aéreo secreto de los migrantes de Texas a ciudades del norte usando millones de dólares de los contribuyentes. Esa operación está actualmente bajo investigación penal en San Antonio, Texas.

Los documentos presentados hasta ahora en el caso de los migrantes muestran que los principales asesores del gobernador usan la aplicación encriptada Signal para comunicarse sobre asuntos sujetos al escrutinio público.

A principios de esta semana, el Florida Center for Government Accountability pidió a un juez que declarara a la administración en desacato por no responder plenamente a sus solicitudes de registros sobre los vuelos de los migrantes. Al igual que el Herald y sus aliados, la organización demandó por la falta de divulgación.