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Fiscal general de Ecuador sobre amenazas de presunto líder criminal: "Ese día dejamos de ser libres"

QUITO (AP) — La Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, describió el martes en un testimonio anticipado las amenazas que el año pasado denunció haber recibido de un presunto líder criminal y que, según su versión, han condicionado su rutina diaria desde entonces.

La titular del Ministerio Público responsabilizó a Fabricio Colón Pico, líder de una facción del grupo criminal Los Lobos en la capital ecuatoriana, de las amenazas recibidas contra ella y contra su hija. Colón Pico estuvo detenido a inicios de año, pero pocos días después se fugó de prisión y permanece en paradero desconocido.

Salazar aseveró que durante su gestión como fiscal general ha recibido múltiples amenazas casi a diario, pero que el 1 de junio del 2023 encontró en su celular un vídeo en que un grupo de encapuchados con armas de grueso calibre le decía que iban a matarla a ella y a su hija de 9 años. “Lo que me marcó la vida”, recalcó.

Desde entonces, ambas cuentan permanentemente con una fuerte custodia y deben llevar chalecos antibalas.

Uno de los encapuchados, indicó Salazar, la amenazó de muerte, pero que “antes le iba a hacer sufrir, matando primero a su hija”.

“Desde ese día dejamos de ser libres”, aseguró la fiscal, porque tuvieron que reforzar las medidas de seguridad en torno a su familia, lo que afecta especialmente a su hija, quien no entiende la situación e incluso ha tenido que tomar terapia psicológica.

Por una pericia de ese vídeo, la fiscal aseguró que se determinó que la voz del autor de la advertencia corresponde a Pico.

Salazar investiga y ha revelado los principales casos de corrupción de los últimos años, especialmente en los gobiernos de los ex presidentes Rafael Correa (2007-2017), de Lenín Moreno (2017-2021) y de Guillermo Lasso (2021-2023).

A finales del año pasado, destapó un caso que revela la mayor penetración del narcotráfico en la justicia, policía, política e incluso en la fiscalía, por lo cual están acusadas 52 personas.

La investigación se originó luego de que la Fiscalía incautara teléfonos celulares y lograra acceso a los mensajes del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en octubre del 2022 en una prisión del centro andino del país, en cuyos mensajes quedaron en evidencia tales vínculos.