Fiscal de Florida pide pena de muerte para hombre acusado de agredir sexualmente a un niño

En lo que puede ser el primer caso de este tipo en el estado, fiscales del centro de la Florida dijeron el jueves que solicitarán la pena de muerte contra un hombre acusado de abusar sexualmente de un niño, haciendo uso de una nueva ley que amplió la pena capital a los delitos sexuales contra menores.

La oficina del fiscal estatal William Gladson, que lleva casos en cinco condados al noroeste de Orlando, presentó una notificación de intención de solicitar la pena de muerte para Joseph Andrew Giampa, quien enfrenta cargos de agresión sexual a una persona menor de 12 años.

En un comunicado, la oficina de Gladson señaló la “gravedad del delito y su impacto en la comunidad”.

“La decisión de perseguir la pena más alta refleja la gravedad de los cargos y la dedicación de la Fiscalía Estatal para responsabilizar a los criminales de sus acciones”, decía el comunicado.

El caso parece ser el primero en los tiempos modernos en el que fiscales de la Florida solicitan la pena capital por un cargo distinto de homicidio. También es un caso que probablemente plantee problemas constitucionales, ya que los precedentes de la Corte Suprema federal prohíben la pena de muerte por el delito de violación.

Giampa, de 36 años y natural de Leesburg, fue arrestado en noviembre en el Condado Lake.

Una declaración jurada del arresto en su caso afirma que agentes de la Policía del Condado Lake lo interrogaron en su casa el 2 de noviembre. Durante la conversación, Giampa condujo a los agentes a una casa móvil y les permitió ver un video en una computadora portátil, según el documento. En la declaración jurada se describe que el video muestra a un hombre abusando sexualmente de un niño mientras graba el acto.

Durante una parte del video, el hombre bajó la cámara y se puso delante de ella. Los agentes identificaron al hombre como Giampa, según la declaración jurada. Giampa está detenido en la Cárcel del Condado Lake.

En su notificación de intención de solicitar la pena de muerte, la oficina de Gladson citó cuatro circunstancias agravantes que, según ellos, califican a la muerte como un castigo apropiado. Incluyen que el crimen fue cometido con fines lucrativos y que fue especialmente atroz o cruel.

La Corte Suprema federal falló en 1977 que aplicar la pena de muerte por violación infringía la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda. En 2008, el alto tribunal falló igualmente en el caso Kennedy contra Louisiana que la pena de muerte era inconstitucional en casos de violación de menores que no provocaran la muerte de la víctima.

Sin embargo, esta primavera los legisladores del estado aprobaron un proyecto de ley que convertía la agresión sexual a un menor en un delito punible con la pena de muerte.

El texto del proyecto de ley expresaba la creencia de que las sentencias anteriores de la Corte Suprema federal y de la Florida sobre el asunto estaban “equivocadas y que tales casos son una atroz infracción del poder de los estados para castigar el más atroz de los delitos”.

El senador Jonathan Martin, republicano de Fort Myers, patrocinó la legislación.

Martin, quien fue fiscal, dijo que, según su experiencia, los casos de agresión sexual son los más atroces y causan traumas de por vida.

“El delito más grave como la agresión sexual a un niño necesita el castigo más grave y la pena más grave y la disuasión más grave”, dijo Martin.

Martin dijo que cree que tanto la Corte Suprema federal como la Corte Suprema de la Florida encontrarían constitucional el lenguaje de la ley. El gobernador Ron DeSantis, cuando propuso la idea de aplicar la pena de muerte contra los violadores de niños, también dijo que creía que la actual Corte Suprema federal apoyaría la nueva ley de la Florida.

El proyecto de ley fue aprobado con apoyo bipartidista y firmado por DeSantis. Llegó en tándem con un proyecto de ley que redujo el umbral para que los jurados de la Florida recomienden la pena de muerte de una votación unánime a una votación de 8 a 4.

La ley entró en vigor el 1 de octubre.

Robert Dunham, ex director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo que la decisión del tribunal de 2008 cerraba claramente la puerta a que los delitos no letales pudieran ser castigados con la pena de muerte.

“No hay nadie que entienda de leyes que piense lo contrario”, afirmó.