Fiscalía de El Salvador procesará al expresidente Alfredo Cristiani por presunto lavado de dinero

SAN SALVADOR (AP) — La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de El Salvador incautó el viernes un helicóptero del expresidente Alfredo Cristiani, informó el Ministerio Público, y anunció que el exgobernante será procesado por el presunto delito de lavado de dinero y activos.

“Hoy (viernes) se ha localizado un helicóptero propiedad del exmandatario, valorado en 1,3 millones de dólares aproximadamente”, señaló el fiscal general del país, Rodolfo Delgado, en conferencia de prensa.

Delgado refirió que los allanamientos y expropiaciones de bienes del expresidente, que está prófugo, comenzaron el 1 de junio en la noche. Hasta el momento se han intervenido 168 inmuebles, 18 productos financieros, 42 vehículos y tres sociedades, entre ellas una farmacia y el helicóptero Bell modelo 505, agregó.

Detalló que el montó de los bienes inmuebles incautados asciende a 12 millones de dólares, y que el valor de las tres sociedades comerciales suma más de 68 millones de dólares. En cuanto al dinero en efectivo, han logrado congelar 1,8 millones de dólares, aseguró.

El fiscal general señaló que las investigaciones, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, “han permitido descubrir parte del patrimonio del exmandatario que se encontraba oculto".

Delgado aseguró que Cristiani “se enriqueció del dinero público”, y explicó que él había reactivado una investigación que había sido abandonada y archivada por los fiscales generales anteriores.

Delgado dijo que con toda la documentación que están recabando van a establecer el supuesto delito de lavado de dinero y activos. La Fiscalía sostiene que el exmandatario __un prominente dirigente de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena)__ y su grupo familiar lograron enriquecerse cuando gobernó el país centroamericano de 1989 a 1994.

Cristiani ya está siendo procesado por su presunta participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras perpetrada por un comando de élite del ejército el 16 de noviembre de 1989.

Por la matanza también están siendo procesados militares en condición de retiro que en el momento ocupaban altos mandos de la fuerza armada. Se trata del general Juan Rafael Bustillo, el general Juan Orlando Zepeda, el general Rafael Humberto Larios, el general Inocente Orlando Montano, el mayor Carlos Camilo Hernández Barahona, el coronel Nelson Iván López y el coronel Óscar Alberto León Linares.

Ellos están acusados de los delitos de homicidio y actos de terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo. La imputación también incluye al abogado Rodolfo Parker, acusado de manipular declaraciones que se dieron al tribunal de honor de la fuerza armada. Le imputan los delitos de fraude procesal y encubrimiento.

En marzo de 2022, un juzgado de San Salvador giró una orden de captura y detención provisional contra Cristiani por la masacre.

Cristiani salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno. Cuando se conoció la resolución del juez, su hija Claudia publicó algunas fotografías donde aparecía su padre y dijo entonces que estaba en “la cuna del abuelo”, en referencia a Italia, aunque no estaba claro si se encontraba allí.

La acusación fue emitida luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revocó en enero de 2022 una resolución de la Sala de lo Penal, que ordenaba cerrar el proceso, dándolo por prescrito.

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baro, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López y López fueron ejecutados con disparos a la cabeza tras ser obligados a arrodillarse en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus de la UCA. Sus dos colaboradoras salvadoreñas, Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.

La matanza ocurrió durante una de las ofensivas más sangrientas del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actuaba en gran parte del país y en la capital. En un principio, el gobierno de Cristiani trató de atribuir la matanza a las fuerzas guerrilleras, pero pocas horas después quedó al descubierto que un comando de élite de las fuerzas armadas perpetró el crimen.

En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón Atlácatl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza. Un jurado absolvió a siete de los acusados en 1991.

Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron declarados culpables, pero en 1993 se beneficiaron de una amnistía promovida por Cristiani tras un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre, responsabilizando a los altos mandos militares de los homicidios.

Los presuntos autores intelectuales de la matanza no habían sido enjuiciados.