Fiscalía pide encarcelar a madre de Miami por publicar información sobre policía que le disparó a su hijo

Calificándola de “peligro inherente para la comunidad”, los fiscales le pidieron el viernes a una jueza de Miami que volviera a encarcelar a una madre de 51 años por publicar en Facebook artículos periodísticos en los que relataba su detención al haber sido acusada de acosar a un policía de Miami-Dade que mató a tiros a su hijo enfermo mental.

Los fiscales dijeron que Gamaly Hollis infringió la orden de un juez contra el uso de las redes sociales al compartir esta semana varias historias sobre la muerte de su hijo en junio de 2022. Richard Hollis, quien padecía una grave enfermedad mental, recibió seis disparos del policía Jaime Pino en el apartamento de la familia.

Luego de la muerte de su hijo, la afligida madre salió a la calle y a internet, llamando asesino al policía Pino y enfrentándose a él en una ocasión en el lugar de los hechos. La Policía de Miami-Dade la detuvo por acoso con agravantes, resistencia a la autoridad y allanamiento de morada. Después de un año en la cárcel, fue puesta en libertad bajo fianza hace apenas una semana.

Ahora enfrenta de nuevo la cárcel, esta vez por compartir noticias, sin comentarios, en Facebook.

Los abogados de Hollis, de la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade, sostienen que la jueza de circuito de Miami-Dade Cristina Rivera Correa no impuso tal restricción cuando la dejó en libertad bajo fianza de $1,000 el 19 de abril; también dijeron que Hollis tiene el derecho constitucional de compartir en línea los relatos publicados sobre la muerte de su hijo y su batalla legal resultante.

“Tiene todo el derecho, según la Constitución, a publicar una noticia. Es su derecho de acuerdo con la Primera Enmienda”, le dijo a Miami Herald Natahly Soler, una de las abogadas de Gamaly Hollis. “No se puede restringir el derecho de la Primera Enmienda de una persona a publicar algo que es público”.

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade no respondió a una solicitud de Herald para comentar sobre la moción de la oficina para revocar la fianza de Hollis.

Richard Hollis recibió un disparo durante un encuentro caótico en la noche del 15 de junio de 2022, una de las varias llamadas de la Policía a la casa de la familia en Peppermill Apartments, en Kendale Lakes. En respuesta a una llamada sobre disturbios de un vecino, los policías intentaron convencerlo de que abriera la puerta y abandonara la vivienda. Al no hacerlo, Pino derribó la puerta del apartamento, disparó su pistola eléctrica y le disparó a Richard Hollis, que gritaba que su comida estaba envenenada y esgrimía dos cuchillos de cocina.

Gamaly Hollis estaba a escasos pies de su hijo cuando fue abatido.

La Policía Estatal de la Florida (FDLE) y la Fiscalía Estatal de Miami-Dade —que investigan habitualmente los tiroteos en los que interviene la policía— eximieron a Pino de toda culpa, concluyendo que la negativa de Hollis a soltar los cuchillos puso en peligro tanto a su madre como a la policía.

Aunque es un procedimiento habitual que los policías sean asignados a otros deberes durante una investigación sobre el uso de la fuerza, Pino continuó patrullando el mismo vecindario en que murió Hollis. Mientras se revisaba el tiroteo, el departamento también lo nombró oficial de formación sobre el terreno y le asignó un oficial subalterno para que aprendiera de él.

En las semanas siguientes, Gamaly Hollis visitó varias veces la división Hammocks de la Policía de Miami-Dade. Dijo que buscaba el reporte del departamento sobre la muerte de su hijo, pero también quería hablar con el hombre que le disparó. El 22 de agosto de 2022, Hollis se enfrentó a Pino en el lugar de los hechos y lo culpó de haber ultimado a su hijo.

“Mataste a mi hijo”, le dijo Hollis a Pino repetidamente en español, según las grabaciones de las cámaras corporales.

“Tal vez si hicieras mejor tu trabajo, no habría problemas”, le dijo Pino.

Tras ese encuentro, fue acusada de acoso con agravantes, resistencia a la autoridad y allanamiento de morada. Luego pasó a las redes sociales, compartiendo fotos que obtuvo de las cuentas de Pino sobre él y su familia. El 7 de noviembre de 2022, se le concedió a Pino una orden judicial de un año por la que se le ordenaba a Hollis que se mantuviera alejada de él y dejara de publicar sus fotos en las redes sociales.

El cargo de acoso se redujo a un delito menor y se retiró el cargo de allanamiento, pero Hollis aún se enfrenta a un máximo de casi dos años de prisión por los cargos restantes.

En la audiencia celebrada el 19 de abril, el ayudante del fiscal Alecsander Kohn y los abogados de la defensa discutieron sobre quién era la víctima en la tragedia que rodeó la muerte de Richard Hollis y la posterior detención de su madre.

Kohn dijo que los fiscales y la Policía se opusieron firmemente a liberar a Hollis bajo su promesa de comparecer ante el tribunal para el juicio, la opción más favorecida por sus abogados. “Me puse en contacto con todas las partes respectivas siendo la víctima en este caso, tanto el agente Pino como la Police Benevolent Association (PBA), que es la voz policía.

“Después de las conversaciones mantenidas con ambas partes, hay serias dudas respecto a la puesta en libertad bajo fianza de la señora Hollis”, dijo. PBA es el sindicato que representa a los policías de Miami-Dade.

Soler respondió que Hollis era la “verdadera víctima” en el caso, diciéndole a la jueza que Pino había “cometido perjurio” cuando testificó sobre el enfrentamiento del 22 de agosto de 2022, un encuentro que sirve de base para la acusación de acoso. Soler dijo que su oficina había pedido a los fiscales “una y otra y otra vez” —en vano— que revisaran las grabaciones de las cámaras corporales del encuentro para determinar por sí mismos quién decía la verdad sobre la amenaza que suponía la afligida madre.

“Es injusto que la señora Hollis pase un segundo más en la cárcel por algo [...] que tenía todo el derecho a hacer”.

Steadman Stahl, presidente de la PBA, dijo el viernes por la noche que era “desafortunado que se cobrara una vida y a ningún policía le gusta ni quiere que eso ocurra”, pero añadió que el tiroteo “fue investigado y [Pino] fue absuelto de cualquier delito”.

Stahl defendió a Pino de las afirmaciones de que tergiversó lo ocurrido la noche en que Hollis fue detenida. “Esa puede ser una alegación que alega la madre, pero no creo que él cometiera perjurio alguno”.

“En algún momento, la madre tiene que dejar de causar interrupciones”, añadió Stahl. “Si ella cree que hay un asunto que debe volver a investigarse a través de múltiples agencias, estaremos encantados de estudiarlo, pero el policía estaba actuando dentro del ámbito de su deber”.

Luego de la audiencia del 19 de abril, Hollis quedó en libertad bajo fianza de $1,000 —$500 por cada uno de los dos cargos—, eso después de pasar casi un año en la cárcel por violar la orden de mantenerse alejado de Pino y de dejar de publicar fotos de él, su familia o su casa en las redes sociales. Como Hollis perdió su trabajo y su apartamento desde que fue encarcelada, sus abogados dijeron que se ha visto obligada a vivir en su auto.

La nueva moción presentada por la Fiscalía Estatal de Miami-Dade pretende revocar esa fianza. En su alegato, Kohn dijo que Rivera Correa le impuso condiciones a la liberación de Hollis, incluyendo “que ella no debe usar internet [a menos que] sea para pagar cuentas en línea, ordenar comestibles u otras necesidades”.

“A pesar de la orden del tribunal”, escribió Kohn, Hollis “ha aprovechado numerosas oportunidades a lo largo de las últimas 24 horas para publicar en las redes sociales, concretamente en Facebook, en relación con diversos aspectos del caso”.

“Este comportamiento supone una violación directa de una orden judicial y de la condición de su puesta en libertad”.

La moción incluía varias versiones de la historia de la que reportó primero Miami Herald, incluidas versiones de Yahoo.com, MSN.com y NBCMiami.com. Los archivos judiciales no muestran que Hollis hiciera ningún comentario sobre las noticias.

Uno de los propósitos de la libertad bajo fianza, escribió Kohn, era “proteger a la comunidad contra el peligro irrazonable” de los acusados de cometer un delito, añadiendo que “Está claro que [Hollis] es un peligro inherente para la comunidad y, por lo tanto, se le debería de revocar la fianza o la libertad provisional”.

Soler, jefa del tribunal del condado del defensor público, dijo que los fiscales están malinterpretando las condiciones de la puesta en libertad de Hollis. Abstenerse de las redes sociales era una restricción solo para una opción de arresto domiciliario, no si ella era capaz de pagar la fianza, lo cual hizo. Rivera Correa dejó a Hollis ambas opciones como alternativas para su puesta en libertad, dijo Soler.

Pero, dijo Soler, incluso si se impusiera tal condición, no podría resistir el escrutinio de la protección de la Primera Enmienda. Está previsto que la moción de la fiscalía se vea el lunes.

“Este no es un caso de asesinato”, le dijo Soler a Miami Herald. “Incluso si [a Hollis] se le hubiera prohibido hacer cualquier tipo de publicación en internet, la publicación de artículos ya publicados para advertir a la comunidad está puramente protegida por la Primera Enmienda”.