Fiscalía de Chihuahua reserva información sobre jornada violenta que dejó 11 muertos en Ciudad Juárez en 2022
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua reservó por cinco años toda la información relacionada con la investigación a funcionarios y/o exfuncionarios estatales por la jornada violenta del llamado “jueves negro” en Ciudad Juárez, una jornada violenta que dejó 11 homicidios, tras una riña en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, el 11 de agosto del 2022.
Los datos de la investigación reservada como clasificada contempla a las personas servidoras públicas adscritas al sistema penitenciario estatal y del Cereso, que las autoridades de Chihuahua anunciaron desde ese día que se encuentran bajo investigación. En ese entonces, la Fiscalía de Chihuahua estaba como responsable de los penales del estado, actualmente está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
La Verdad Juárez solicitó vía transparencia una versión pública de la investigación que se abrió en contra de funcionarios del penal y de la Fiscalía sobre los hechos violentos que se encuentran impunes. Sin embargo, el Comité de Transparencia de la Fiscalía de Chihuahua clasificó como reservada por cinco años esa información.
En una sesión extraordinaria, celebrada el pasado 12 de agosto en la ciudad de Chihuahua, determinó la reserva a la solicitud de información 080139724000597 argumentando que divulgar la información solicitada, aún en versión pública, pone en riesgo el debido proceso y en que el interés público sobre este tema es menor al interés del Ministerio Público de hacer justicia.
En la solicitud de información presentada a través de los sistemas de transparencia se pidió el número de funcionarios y/o ex funcionarios bajo investigación con relación a esa jornada, si están vinculados a proceso penal y qué cargos desempeñaban al momento de esos hecho y si existen órdenes de aprehensión emitidas contra ellos; sin embargo, el Comité de Transparencia de la Fiscalía clasificó los datos como reservados del 12 de agosto del 2024 hasta el 12 de agosto del 2029, así lo argumentó en el Acuerdo FGE-4C.5/2/4/41/2024.
“La Fiscalía de Distrito Zona Norte mediante oficio FGE-4C.3/3/3/8470/2024 hizo de conocimiento, que, de la información solicitada, sea tratada como reservada por derivar de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público”, se lee en el oficio enviado por la Fiscalía a través de los sistemas de transparencia.
“El que la información esté reservada le permitiría a esta representación social asegurar que las investigaciones y actos de investigación se realicen en apego al principio de constitucionalidad del debido proceso, apegándose al principio de proporcionalidad, resulta ser el medio más idóneo para proteger los actos que conlleven alcanzar los fines del proceso penal. La reserva de la información protege el fin constitucional válido del Ministerio Público, que es correlativo al derecho humanos de acceso a la justicia”, se indica en una parte del documento.
Sin embargo, a lo largo de dos años la Fiscalía no ha procedido en contra de ninguno de los funcionarios que ocupaban un cargo en el Cereso el 11 de agosto del 2022, ni en contra de funcionarios responsables del sistema penitenciario estatal a cargo de la Fiscalía que en ese entonces encabezada Roberto Fierro Duarte, quien recientemente fue designado Secretario de la Función Pública.
Esto pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación donde ordena que se inicie un procedimiento administrativo en contra de los funcionarios involucrados en la reyerta del 11 de agosto del 2022 en el interior del penal.
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