Filipinas apela reapertura de investigación de guerra contra drogas en la CPI

Manila, 15 mar (EFE).- El Gobierno de Filipinas recurrió la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de reabrir la investigación por posibles crímenes de lesa humanidad, supuestamente cometidos en la cruenta guerra contra las drogas emprendida durante el mandato del expresidente filipino Rodrigo Duterte.

"El Gobierno filipino solicita respetuosamente que la Sala de Apelaciones conceda efecto suspensivo hasta que se resuelva el presente recurso (...), y determina que la Fiscalía [de la CPI] no está autorizada a reanudar sus investigaciones sobre la situación en la República de Filipinas,", reza la apelación de 51 páginas enviada a la CPI la víspera.

En el documento, firmado por el procurador general Menardo Guevarra, Manila insistió en su argumento de que el tribunal internacional no tendría jurisdicción en el país, ya que Filipinas se salió de la CPI en 2019, año en el que organismo inició las investigaciones de los supuestos crímenes.

Así, el Gobierno filipino volvió a considerar que las actividades de la CPI en el marco de la reapertura de sus investigaciones "carecerían de fundamento jurídico e invadirían la soberanía de la República de Filipinas" y elevó el tono contra el fallo del tribunal internacional.

"La reanudación de la investigación de la Fiscalía a la espera de la resolución de este recurso sería, por tanto, contraria a su propia finalidad y crearía una situación irreversible que no podría corregirse", apuntó el documento.

La CPI anunció a finales de enero la reapertura de la investigación sobre la sangrienta guerra contra las drogas durante el mandato de Duterte (2016-2022), que se saldó con la muerte de unas 30.000 personas, según denuncian varias organizaciones, si bien Filipinas solo reconoce oficialmente unas 6.200 muertes.

Las actividades llegaron a ser suspendidas temporalmente en noviembre de 2021 a petición del Gobierno filipino, bajo el argumento de que el país conduce "sus propias investigaciones".

Sin embargo, la CPI consideró las pesquisas llevadas a cabo en el país "insuficientes" y decidió reabrir el caso tras una petición del fiscal Karim Khan, un fallo que fue rechazado por el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., quien ya había solicitado a la corte en septiembre que negara la reapertura de las investigaciones.

En su pulso con el organismo, Marcos Jr., quien gobierna en tándem con la hija de Duterte y actual vicepresidenta, Sara Duterte, ha reiterado en varias ocasiones que "no tiene intención" de reincorporar a Filipinas a la CPI y que el sistema judicial filipino funciona correctamente.

Hasta la fecha, solo cuatro miembros de las fuerzas del orden han sido condenados por asesinato durante las violentas redadas policiales antidroga, en las que miles de personas fueron abatidas, mientras que las autoridades filipinas también investigan si decenas de certificados de defunción fueron falsificados a fin de ocultar la real causa de las muertes.

(c) Agencia EFE