FGR indaga por posibles delitos electorales a David León y a hermano de AMLO, pero no los ha citado a declarar

Arturo Angel
·6  min de lectura
David León y AMLO
David León y AMLO

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal por la posible comisión de delitos electorales, tras la revelación de un video el que se aprecia al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero en efectivo en Chiapas, el cual se habría destinado para financiar la operación de Morena el sexenio pasado.

Sin embargo, a casi dos meses de que se salieron a la luz pública las grabaciones, el Ministerio Público aun no cita a declarar formalmente a Pío López Obrador, hermano del expresidente, ni a quien aparece entregándole el dinero: el diputado federal suplente y exfuncionarIo del actual gobierno, David León.

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Autoridades federales confirmaron a Animal Político la apertura de la carpeta de investigación luego de que la recién creada Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales (FEDE) atrajo las dos primeras denuncias que se presentaron: una de ellas el 23 de agosto presentada por senadores del PAN, y la otra por el PRD el pasado 26 de agosto.

Tras analizarse el contenido de ambas denuncias, la Fiscalía determinó inicialmente que de existir un delito estaría relacionado con temas de posible financiamiento electoral ilegal, por lo que los casos fueron turnados a la FEDE que encabeza actualmente por José Ortiz Pinchetti.

En las denuncias presentadas se señala a Pío López Obrador y a David León como probables responsables de haber cometido un delito, ya que son ellos los que se aprecian intercambiando el dinero en el video publicado.

La Fiscalía, no obstante, aun no cita a declarar formalmente a ninguno de los dos denunciados. Las autoridades ministeriales consultadas explicaron que esto se debe a que, primero, se busca completar una fase inicial en la indagatoria que implica la realización de diversas diligencias técnicas, entre ellas, la revisión del video, la obtención del material original, y su análisis de parte de peritos especializados.

Del resultado de dichas diligencias dependerá el envío de citatorios a los implicados para que acuden a declarar, en calidad de testigos o de probables responsables.

Fuentes con conocimiento directo del caso indicaron a este medio que tanto David León como Pío López acudieron de forma voluntaria ante la FGR para comparecer y ponerse a disposición en caso de que sean requeridos por el Ministerio Público. Se ha descartado que existan demandas de amparo o algún otro obstáculo legal para que puedan ser citados.

¿Aportaciones legítimas?

El pasado 23 de agosto se publicó en el portal Latinus la grabación que hoy es objeto de investigación. En dicho video se aprecia a David León – quien al momento de conocerse este material había sido designado como director de la empresa para distribución de medicamentos – entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador, en al menos dos ocasiones en 2015.

La nota del medio de comunicación añade que en 2015 David León era consultor del gobernador de Chiapas Manuel Velasco (hoy legislador federal del Partido Verde aliado a Morena), y que el dinero representaba un apoyo para fortalecer la operación de Morena de cara a los comicios de 2018.

Luego de las revelaciones, el propio David León confirmó en sus redes sociales que entre 2013 y 2018 sí había sido consultor, pero no servidor público y que, en efecto, colaboraba en la recaudación de apoyos “al Movimiento”. Y añadió que para dedicarse al esclarecimiento de estos hechos no asumiría el cargo de director de la empresa de medicamentos.

Un día después el presidente Andrés Manuel López obrador dijo en su conferencia matutina que los recursos provenían de aportaciones de la gente para la realización de mítines de Morena, que no se trataba de ningún desvío, y acusó que la filtración era una revancha por la divulgación de los sobornos pagados por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

No obstante, el presidente reconoció que era importante que la FGR indagara el video filtrado y el origen de los recursos.

En ese contexto es la FEDE la que ahora trabaja la investigación con la finalidad de esclarecer, primero, el origen de dichos recursos, y después si dicho gasto fue utilizado para temas electorales y si el mismo fue reportado. De lo que se desprenda de dicha indagatoria podría configurarse o no un delito electoral, pero la fiscalía también está facultada para notificar a otras instancias especializadas si detecta rastro de otro posible delito, como lavado de dinero.

Los responsables de indagar, ¿realmente autónomos?

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es una de las nuevas fiscalías especializadas creadas dentro de la FGR y sustituye a la antigua FEPADE. Su puesta en marcha se hizo efectiva en febrero del año pasado, con el nombramiento de su titular José Ortiz Pinchetti a propuesta del fiscal General, Alejando Gertz Manero.

En el papel la FEDE, a diferencia de la FEPADE, es una fiscalía que goza de mayor autonomía. De hecho, el Senado tiene la atribución de objetar el nombramiento de la persona que proponga el fiscal General, algo que no ocurrió en el caso de Ortiz Pinchetti.

No obstante, distintas organizaciones acusan a la FEDE, al igual que a otras fiscalías especializadas, de no ser efectivamente autónomas. El informe denominado “Fiscalómetro”, publicado recientemente por el Colectivo contra la Impunidemia, identifica al menos tres fallas en la designación del fiscal electoral: la falta de una convocatoria abierta para postularse; la cercanía del designado al titular del Ejecutivo; y la no intervención del Senado para cuestionar el nombramiento.

De acuerdo con un informe de labores enviado al Congreso de la Unión, la Fiscalía electoral tenía poco más de dos mil casos pendientes de resolución al arranque de 2020. Esto luego de que en 2019 logró desahogar otros 900 casos que se encontraban rezagados, aunque solo el 12% de ellos fueron judicializados. El resto fueron archivados o de plano se determinó cerrarlos.

A su vez la Fiscalía informó que en 2019 inició 292 nuevas carpetas de investigación por diversos delitos de tipo electoral. El 40.4 por ciento de los casos denunciados están relacionados con el PRI; el 26.7 por ciento con Morena; el 9.5 por ciento con el PAN; el 4.8 por ciento con el PRD, y el resto con otros institutos políticos y alianzas.

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