Federales en la Florida y otros dos estados dirigen la lucha contra el fraude en la asistencia por el COVID-19

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U.S. Attorney's Office/Federal Court Exhibit

Tras la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de asistencia por el COVID-19 debido a reclamaciones falsas, el gobierno federal comenzó a desplegar equipos de investigación en el sur de la Florida, California y Maryland para perseguir a las organizaciones criminales sospechosas de robar en los programas públicos que ofrecen préstamos a pequeñas empresas y seguros de desempleo.

Los equipos de la fuerza de choque federal fueron seleccionados en estos estados no solo porque experimentaron un importante fraude en la asistencia durante la pandemia, sino que también cuentan con los recursos para ayudar a combatir el creciente problema en todo el país, dijeron las autoridades federales en un anuncio el miércoles.

“En cierto modo, se trata de un enfoque novedoso dictado por el tipo de fraude al que nos enfrentamos”, dijo Kevin Chambers, vicefiscal general adjunto del Departamento de Justicia, en una entrevista con el Miami Herald. “Pero no es raro ir a distritos donde los fiscales han desarrollado una experiencia particular en delitos financieros específicos”.

De hecho, los tres equipos que trabajan con la Fiscalía Federal en el sur de la Florida, California y Maryland tendrán la autoridad para investigar y procesar los casos de asistencia económica por el COVID-19 en cualquier parte del país, sin que el Departamento de Justicia en Washington lleve la voz cantante, como ha hecho con las fuerzas de choque contra el fraude al Medicare desplegadas en las principales ciudades del país desde 2007.

Chambers, que es el director nacional del combate al fraude en la asistencia para el COVID-19, dijo que los tres equipos regionales se centrarán en las organizaciones internacionales sospechosas de robar la identidad de personas en Estados Unidos y de presentar reclamaciones falsas para los beneficios de asistencia que fueron aprobados en virtud de la Ley CARES, de casi $650,000 millones, por el Congreso después de que el coronavirus golpeara en 2020. Los equipos también se centrarán en las bandas criminales nacionales sospechosas de explotar los mismos beneficios federales y estatales.

La mayor parte de los planes de asistencia por el COVID-19 giraban en torno al Programa de Protección de Nóminas (PPP) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), cuyo objetivo era ayudar a las empresas diezmadas por los cierres provocados por la rápida propagación del coronavirus.

El programa permitía condonar los préstamos, si los prestatarios seguían los criterios establecidos por la SBA para usar los fondos para pagar las nóminas y otros gastos generales. Decidido a inyectar dinero rápidamente en la tambaleante economía, el gobierno estadounidense renunció a muchos de los requisitos tradicionales que los prestamistas suelen verificar antes de conceder préstamos a las empresas.

Al preguntársele por qué el Departamento de Justicia está intensificando sus medidas contra los planes de asistencia por el COVID-19, Chambers dijo: “Nos tomamos un respiro y dijimos: llevamos dos años en esto, así que vamos a amplificar nuestros esfuerzos y a centrarnos en el fraude a gran escala”.

Chambers dijo que el Departamento de Justicia ha recopilado datos vitales, especialmente de los estados más afectados por las falsas solicitudes de seguro de desempleo, que reforzarán los esfuerzos de investigación de los tres equipos regionales.

“Vamos a poder usar hoy en día la analítica que no hemos podido usar antes”, dijo Chambers. “Las herramientas que tenemos son mucho más avanzadas que hace 15 o 20 años”.

El fiscal federal Tony González, con sede en Miami, dijo que las autoridades federales han recopilado docenas de fuentes de datos de todo el país que serán usadas por los equipos de investigación regionales para luchar contra las redes en la asistencia por el COVID-19.

“Es como armar un rompecabezas y ahora tenemos todas las piezas en la misma mesa”, dijo González al Herald.

Las autoridades federales señalaron que, aunque los tres equipos de investigación del sur dela Florida, California y Maryland se centrarán en las redes delictivas complejas, también seguirán persiguiendo a los delincuentes individuales y a los de pequeña escala.

El número de procesamientos y pérdidas ha sido asombroso en los últimos dos años.

Hasta la fecha, los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que los fiscales han presentado cargos penales contra más de 1,500 acusados en todo el país, con pérdidas de fondos de asistencia que superan los $1,100 millones y embargos que superan los $1,200 millones. Además, los fiscales han iniciado investigaciones civiles contra más de 1,800 personas y entidades que solicitaron préstamos de asistencia para la pandemia por un total de más de $6,000 millones.

Al ser la capital del fraude número 1 del país, el sur de Florida ha liderado la ola de delitos financieros que siguió a la aprobación de la Ley CARES, según los fiscales federales.

La Fiscalía Federal en el sur de Florida ha acusado a más de 60 personas en casos de asistencia para el COVID-19, en su mayoría relacionados con el programa PPP, lo que la convierte en el líder del país en este tipo de procesamientos. Esos esquemas representan solicitudes de préstamos por un total de más de $80 millones. A nivel nacional, un estudio estimó que hasta el 15% de los préstamos del PPP podrían haber sido fraudulentos.

En el sur de la Florida, los casos penales han incluido a un empresario que usó dinero del PPP para comprar un Lamborghini de $318,000, a un enfermero que mintió sobre su negocio para obtener $474,000 que se usaron en parte para pagar el alquiler de un Mercedes-Benz y la manutención de sus hijos, y a una pareja de los suburbios del norte de Miami que afirmó ser agricultora para tener derecho a $1 millón en asistencia.