Yahoo Noticias Las familias migrantes, el reto que le espera a Biden en la frontera
WASHINGTON— Alejandro N. Mayorkas inició un discurso sobre inmigración en 2016 contando su conexión personal con el tema: su historia como refugiado político. Luego Mayorkas, subsecretario de Seguridad Nacional en aquel momento, tardó solo minutos en abordar las críticas al historial de inmigración de su departamento.
“Muchos han tenido un gran problema con la remoción por parte del gobierno de personas que no calificaron para el estatus de refugiado o de asilo en Estados Unidos y con nuestra práctica de retirar a aquellos que no calificaron para recibir ayuda legal”, dijo Mayorkas durante el discurso en la Escuela de Derecho de Georgetown.
“Ampliar el criterio con el cual pretendemos darles la bienvenida a estas personas que están huyendo en busca de una vida mejor es una pregunta que se responde al pensar en qué país queremos ser”.
Sus comentarios no solo resaltaron algunas de las experiencias que motivaron al presidente electo Joe Biden a nombrarlo secretario de Seguridad Nacional el mes pasado —como huir de Cuba durante la revolución de Castro para llegar a Estados Unidos, donde llegó a ser fiscal federal para el sur de California— sino que también presagiaron uno de los primeros dilemas que probablemente enfrentará cuando asuma el mando del departamento.
Ya existen unos primeros indicadores de que la migración aumentará en la frontera suroeste, lo que le generará al gobierno de Biden una prueba temprana con consecuencias humanas. En noviembre, los funcionarios fronterizos realizaron 4467 detenciones de niños que cruzaban solos la frontera. Es una ligera reducción comparado con los 4661 de octubre, pero un incremento notable de los 712 registrados en abril, cuando varios países impusieron cuarentenas nacionales y el gobierno de Trump invocó una regla de emergencia de salud pública para establecer nuevas restricciones fronterizas.
Casi todos los 70.052 arrestos en la frontera en noviembre involucraron a un adulto migrante sin acompañante, a quien los funcionarios fronterizos todavía pueden regresar a México con rapidez bajo la regla de salud pública. Sin embargo, los expertos en inmigración han señalado los dos huracanes recientes que devastaron América Central, así como el daño económico causado por la pandemia, al advertir que en los próximos meses Estados Unidos probablemente enfrentará el dilema de qué hacer con los padres e hijos que crucen la frontera suroeste en busca de protección.
Se espera que la estrategia del nuevo gobierno sobre el tema equilibre las exigencias de la izquierda sobre políticas migratorias más indulgentes con las preocupaciones de los moderados y los agentes del orden que creen que cualquier muestra de tolerancia podría conducir a un aumento de la migración ilegal.
“Por un lado reciben presiones de la derecha por estar dando amnistía y permitir la entrada de todos esos ilegales, y por el otro, de la izquierda por ser demasiado severos”, dijo Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional durante la presidencia de Barack Obama. “El reto es hacer cumplir el estado de derecho de manera inteligente”.
El gobierno de Trump ha buscado restringir la capacidad de obtener asilo a través de innumerables regulaciones y políticas, incluyendo una que obliga a los migrantes a esperar en México las decisiones de sus casos en lugar de ser liberados en Estados Unidos.
Estados Unidos también ha invocado la autoridad de salud pública otorgada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a fin de empoderar a los funcionarios fronterizos a que “expulsen” rápidamente a los migrantes en la frontera a México o sus países de origen sin escuchar sus peticiones de asilo. Esa política ha tenido la consecuencia involuntaria de alentar a los migrantes a cruzar la frontera de manera ilegal repetidas veces.
En noviembre, un juez federal le impidió al gobierno que aplicara esa regla a los niños migrantes en la frontera, una decisión que, según algunos funcionarios del gobierno de Trump que van de salida, impulsará la migración hacia el norte.
Si bien Biden no ha dicho si levantará las restricciones de salud pública, sí ha afirmado que pondrá fin a la política de “permanecer en México” que ha obligado a decenas de miles de migrantes a cruzar la frontera de regreso.
“La mayoría de las transiciones transcurren sin incidentes inmediatos. Sin embargo, con respecto a la inmigración, eso podría ser diferente esta vez”, les dijo a los periodistas Mark Morgan, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza. “Si hacen lo que dicen que van a hacer, habrá una crisis total. Espero que no lo hagan”.
En octubre y noviembre, la Patrulla Fronteriza detuvo a unos 150 niños migrantes por día en la frontera suroeste, en comparación con cerca de 80 por día durante el año fiscal que terminó el 1 de octubre, según la agencia. Las más de 4600 detenciones de niños en la frontera en noviembre siguen siendo menores a las 5615 detenciones registradas en 2016.
El drama de la detención de menores indocumentados
Biden ha dicho que reducirá los fondos utilizados para detener a los inmigrantes y que confiará en los programas que los rastrean tras ser liberados en Estados Unidos para asegurarse de que comparezcan ante el tribunal. El sector de su equipo de transición que está enfocado en la inmigración ha discutido en las últimas semanas la posibilidad de incrementar el número de oficiales de asilo en la frontera para procesar más casos, así como presionar al Congreso para obtener camas adicionales en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, según entrevistas con consultores.
Una vez que los niños son detenidos en la frontera, la ley exige que sean trasladados a refugios gestionados por el departamento en un plazo de 72 horas. Se supone que luego deben ser ubicados con parientes que actúen como patrocinadores o transferidos a centros de acogida. La oficina de refugiados tiene cerca de 3300 niños bajo su custodia de aproximadamente 8700 espacios habilitados durante la pandemia, según un comunicado de la agencia.
Tanto el gobierno de Trump como el de Obama han sido criticados por el cuidado que recibieron los niños en las instalaciones fronterizas y por el largo tiempo que tomó transferirlos a Salud y Servicios Humanos.
En 2014, el grupo demográfico en la frontera pasó de adultos mexicanos solos, que pueden ser deportados rápidamente, a familias centroamericanas y niños no acompañados que buscan asilo. Por ley, estas familias no pueden ser deportadas con rapidez porque no llegaron desde un país vecino.
El gobierno de Obama respondió a eso expandiendo la cantidad de centros de detención para familias, convirtiendo un almacén en McAllen, Texas, en una instalación que podía albergar a más de mil migrantes en recintos unidos en forma de cadena. Mayorkas fue confirmado como subsecretario de Seguridad Nacional en diciembre de 2013 tras dirigir el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el cual se encarga de la inmigración legal.
Los asesores de Biden han dicho que el nuevo gobierno volverá a comprometerse con la restauración del proceso de asilo. Sin embargo, no queda claro cómo lidiará con la acumulación de más de un millón de casos en el sistema judicial de inmigración que ha dejado a los migrantes esperando decisiones durante años en Estados Unidos.
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This article originally appeared in The New York Times.
© 2020 The New York Times Company
