La corrupción es un mal endémico en América Latina que sobrepasa a los tintes políticos. En América del Sur, una región afectada por reiteradas crisis políticas y por seguidillas de escándalos, este problema arraigado escaló inclusive hasta los más altos cargos del poder, al punto de que casi la totalidad de los países cuenta con expresidentes condenados en diversas causas judiciales, salvo por dos notables excepciones: Uruguay y Chile.

Prácticamente todos los exmandatarios de Perú fueron procesados, y actualmente tres – Pedro Castillo, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo- comparten la misma cárcel. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) fue sometido a arresto domiciliario por fraude procesal y soborno; el futuro político de Jair Bolsonaro está en juego luego de que la Justicia brasileña lo hallara culpable de “abusos de poder” durante las últimas elecciones; y la lista continúa.

Ante este escandaloso prontuario, aunque se han generado controversias legales alrededor de los gobernantes en ambos países – como la renuncia del exvicepresidente uruguayo Raúl Sendic, las acusaciones con Sebastián Piñera o al círculo de Michelle Bachelet-, Uruguay y Chile dan la nota, al mantener a sus mandatarios lejos de condenas efectivas.

Ambos son las únicas democracias plenas de la región, según el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist. “Una de las razones que justifica esta categorización se debe a su sistema de justicia autónomo e independiente que ha demostrado su capacidad para juzgar casos de corrupción” sumado a un sistema “de partidos políticos fuertes”, indica a LA NACION el analista Nicolás Saldías. “La baja tolerancia a la corrupción en la sociedad es clave, ya que sería difícil combatirla si se normaliza como una forma habitual de ejercer el poder”, agrega.

Uruguay, un país con instituciones fuertes

Uruguay tuvo 40 presidentes constitucionales, más 13 presidentes de gobierno colegiado, y otros casos de interinatos, y desde 1830 cuando nació como Estado independiente, nunca uno de ellos fue llevado a juicio por actos de su gestión.

Esta semana el presidente Luis Lacalle Pou reunió en su despacho a todos los presidentes vivos de la democracia, Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Lacalle de Herrera (1990-1995) y José Mujica (2010-2015), encuentro que también se dio en el Poder Legislativo con motivo de los 50 años del golpe de Estado que abrió la dictadura militar de 1973 a 1985. Los cuatro conversaron amablemente, sonrieron para los fotógrafos e intercambiaron anécdotas.

La gente se toma fotos con el presidente actual y con los anteriores, a los que se les puede ver en la calle como uno más: uno comprando la picada de fiambre y queso para su familia, otro comiendo en una cantina de barrio o a otro caminando por un parque cercano de su casa. Es el Uruguay de cercanías, donde “todos se conocen”.

“No hay antecedentes de juicios contra expresidentes; el único caso es con el último dictador, Gregorio Álvarez, que fue presidente de facto y que por violaciones a los derechos humanos terminó procesado y en prisión”, pero eso no encuadra en el esquema de gobernantes de juicio político, dijo a LA NACION el historiador Alejandro Giménez, autor de El libro de los presidentes; de Fructuoso Rivera a Luis Lacalle Pou, con biografías de todos los mandatarios.

“Esto habla bien de la fortaleza del sistema democrático y el respeto a las instituciones; la oposición hace su trabajo, pero no pasa lo que se da en otros países de la región”, agregó el historiador.

“Desde que Uruguay retornó a la democracia hubo seis presidentes, dos de los cuales fueron reelectos, aunque no en períodos consecutivos y ninguno enfrentó, ni enfrenta, causas por corrupción” dijo a LA NACION, Tomás Linn, analista político de referencia en ese país. “Esto no quiere decir que no haya corrupción”, agrega, porque “ningún país está libre de ella, pero no la hay en volúmenes desproporcionados y rara vez implica a la primera línea de políticos”.

Un exvicepresidente que enfrentó un juicio fue Raúl Sendic, pero no por hechos del período que ejerció ese cargo, sino por su gestión previa como presidente del ente petrolero. El caso tuvo magnitud política pero los hechos probados sobre dineros públicos eran sobre compra con tarjeta bancaria oficial de un pantalón de baño, una lámpara para su escritorio, y algunas cenas en restaurantes; fue condenado por eso.

Linn subraya que Uruguay “es un país chico y los movimientos económicos son necesariamente menores a lo de los vecinos” pero que no cree “que haya un tema de escala” sino que efectivamente “la corrupción, desde donde se la mire, es menor” y que “por algo la expresión popular habla de desprolijidades”.

El ensayista aporta otro punto relevante: “La sola sospecha de que un político haya cometido algún acto irregular, implica una sanción popular fuerte” y “esto ocurre se haya demostrado o no mala conducta”, porque “la mera sospecha lleva a la pérdida de confianza, al desprestigio y, por lo tanto, a una suerte de destierro político”.

Además, Linn afirma que “los partidos también juegan un rol importante” porque pese a que “a veces les cuesta señalar a un correligionario corrupto” y “le dan vueltas al asunto”, finalmente “la primera sanción, incluso antes que la Justicia, viene del propio partido”.

Linn recuerda que “quienes asumen la presidencia tienen claro que están expuestos y que el cargo, por sí solo, exige corrección” y que si bien le resulta “difícil explicar por qué Uruguay tiene esta particularidad” respecto de la región, “quizás acá se aplique lo que decía Lord Acton”, el historiador inglés: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. En ese sentido, el analista considera que “en la medida que Uruguay cuida sus instituciones, hay Estado de Derecho, los poderes son independientes y se vigilan unos a otros (o sea, nadie tiene un poder absoluto) no escapa a la corrupción, pero esta es menor, ocasional y en consecuencia, no es absoluta”.

En Chile, con causas pero sin condenas

En lo que respecta a corrupción o vínculos con el crimen organizado, en Chile aún se observa con cierta lejanía la posibilidad que exgobernantes -o que el propio Gabriel Boric-, terminen procesados o encarcelados.

“Existen ciertos organismos de carácter autónomo, pero estatales, que permiten hacer prevención ex-ante y ex-post de eventuales irregularidades. Y si bien la corrupción ha sido una característica que ha aparecido en el país durante los últimos diez años, de alguna forma todo este tipo de controles permite que este tipo de casos se conozcan antes”, señala Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, sobre una de las razones que tienen -todavía- a Chile encapsulado en medio de la realidad regional.

“Como dicen por ahí la ‘buena corrupción’ es la que no se nota, y el hecho qde ue estos casos se revelen, si bien puede ser visto como una mala señal por el hecho que esté aumentando el fenómeno, puede ser visto como con una señal positiva en torno a los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos”, agregó el analista chileno.

En el último tiempo, la autoridad que lidió con mayores cuestionamientos judiciales ha sido Sebastián Piñera, quien ya fue sobreseído de varias causas. En 2017, un tribunal determinó que no existían elementos para formalizarlo por sus negocios familiares en la pesquera peruana Exalmar; mientras en 2022 fue desestimada su participación como encubridor en una investigación sobre un caso de corrupción en el Ejército. Ese mismo año, además, quedó sin efecto una querella en su contra por delitos contra la salud pública, luego que se presentara sin barbijo en una actividad pública en la ciudad de Los Andes.

Sin embargo, la arista más compleja para el exmandatario tiene que ver con las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional ya desestimó una demanda contra Piñera en 2021, pero en abril de este año declaró en calidad de imputado en una investigación por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.

“Si bien la crisis institucional en Chile se hizo evidente en 2019 -aunque en rigor se venía arrastrando desde antes-, la protección hacia la figura presidencial como uno de los reductos institucionales inmaculados, sigue siendo una constante como mecanismo cohesionador de la transición chilena”, plantea Claudio Elórtegui Gómez, investigador de comunicación política PUCV.

“Ciertamente los momentos más complejos sobre la institución presidencial se dan con el estallido social, en un momento de profunda interpelación hacia todo lo que significase la representación del poder. Hay que recordar que la figura del presidencialismo en Chile marca una manera de relacionarnos con ese poder desde una asimetría que se orienta más a la de súbditos o una ciudadanía pasiva”, añade el académico, quien realza otro aspecto interno.

“En Chile, las instituciones se han percibido como un bastión de la estabilidad democrática y económica de las últimas décadas. El mundo político lo ha incorporado en su discurso legitimador y quedará en la historia, por ejemplo, una de las afirmaciones más mediatizadas del gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos, aquello que ‘las instituciones funcionan’”, apunta.

Para el profesor de Ciencias Políticas Mario Herrera el rol de los poderes del Estado también incide en el fenómeno. “En Chile existen ciertos mecanismos que aseguran la rigidez de los mandatos. Si bien existen ciertas atribuciones por las que el Congreso podría destituir a un presidente, esas razones están asociadas a casos de muy fuerza mayor o de condiciones de salud del gobernante, que también son muy difícil de probar. El hecho, además, que en Chile tengamos dos Cámaras es otro factor de control”, agrega.