La fórmula para reformar la Constitución colombiana cuestionada por inviable

BOGOTÁ (AP) — La discusión política más reciente en Colombia ha girado en torno a dos temas que hasta hace pocos días no parecían tener ninguna conexión: una posible reforma a la Constitución que plantea el presidente Gustavo Petro y el histórico acuerdo de paz que firmó en 2016 el Estado con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Se trata de una nueva teoría, impulsada originalmente por Álvaro Leyva, quien hasta enero fue canciller de Petro, en la que se podría combiar la Constitución utilizando el acuerdo de paz, una idea que ha sido cuestionada por inviable.

El argumento apela a un fragmento incluido en el acuerdo de la paz en el que se hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales a “concertar un gran acuerdo político nacional” para definir las reformas y ajustes institucionales necesarios ”para atender los retos de la paz”.

Según esa teoría, lo estipulado en ese acuerdo de paz permitiría convocar una Asamblea Constituyente. Muchos consideran que eso sería inconstitucional pues en la Constitución vigente desde 1993 están estipuladas las únicas tres maneras para reformarla: en un referendo, con un acto legislativo aprobado por el Congreso y por una Asamblea Constituyente.

El exfiscal general, Eduardo Montealgre, la defiende. Según él, el concepto “acuerdo nacional” podría equivaler a una Asamblea Constituyente porque considera que el acuerdo de paz firmado en 2016 es una “norma con fuerza jurídica” que tiene “prevalencia” en el orden interno jurídico. Por lo tanto, el presidente podría convocar una Constituyente y luego la Corte Constitucional definiría si es posible o no que se convoque a una votación para que la ciudadanía decida sobre la Asamblea Constituyente.

Pero hay quienes cuestionan su viabilidad. Entre ellos están los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Iván Duque y Juan Manuel Santos; este último fue quien impulsó y firmó el acuerdo de paz con la guerrilla, lo que le hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz en 2016.

“Ninguna parte del Acuerdo Final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente”, señaló Santos en una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, fechada el 31 del mayo de 2024, como una alerta al Consejo de Seguridad que debe vigilar trimestralmente el cumplimiento del acuerdo de paz colombiano.

Petro, el primer presidente de izquierda en el país, no ha defendido la nueva propuesta como propia, pero ha hecho referencias públicas en las que plantea que el acuerdo de paz es un “instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución”.

Sin embargo varios juristas consultados por The Associated Press tampoco ven viable la propuesta.

El abogado Diego Martínez Castillo — quien fungió como integrante de la Comisión Jurídica en el proceso de paz— explicó a la AP que el acuerdo de 2016 en ningún momento convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. “Todos los temas de reforma constitucional que se requieran para cumplir el acuerdo de paz se deben tramitar por el Congreso”, dijo.

Para el experto, se debe convocar a un Acuerdo Nacional que incluya los ajustes y reformas necesarios para transformar el país, pero en todo caso los asuntos que sean de reserva legal deberán ir al Congreso, y seguramente la Corte Constitucional podrá revisar que estén en consonancia con el acuerdo de paz.

Luisa Fernanda García, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, señaló a la AP que la propuesta de Leyva y Montealegre es una “interpretación semántica” que desde el punto de vista jurídico no es viable, porque no se enmarca dentro de los procedimientos que establece la propia Constitución y se salta la institucionalidad.

García recordó que la Corte Constitucional, en una sentencia del 2016, señaló que el acuerdo de paz con las FARC tiene una “evidente naturaleza política”, por lo que su implementación normativa deberá realizarse conforme a “los requisitos” de la Constitución.

Más allá de la propuesta, la posibilidad de llevar al país a un proceso para reformar la Constitución fue planteada por primera vez por Petro en marzo, como una forma de lograr las transformaciones sociales que prometió en su campaña electoral y que el Congreso no ha aprobado..

La propuesta no ha sido clara por parte del presidente, quien en vez de hablar de una Asamblea Constituyente ha dicho que quiere convocar al “poder constituyente” que reside en el “pueblo” para que exija sus derechos.

Lo que quiere cambiar implica un amplio abanico de temas como el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, la lucha contra el cambio climático, una reforma política y de justicia y la garantía de derechos a la salud, la pensión y la educación gratuita.

“El discurso ha sido muy ambiguo. Las razones que se evocan son muy distintas en función de las situaciones", dijo a la AP Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Algunos partidarios de Petro han dicho que cabría la posibilidad de que buscara una reelección, una figura prohibida actualmente en Colombia.

Con sus discursos, Petro trataría de movilizar sus bases en la defensa de su proyecto político, incluso pensando en las elecciones presidenciales de 2026 —en Colombia el presidente no se puede reelegir pero Petro aspira a que su partido se mantenga gobernando—, y de agitar el miedo de sus adversarios a que se quede en el poder más de lo permitido, agregó Basset.

Petro se convirtió en presidente luego de vencer las resistencias que causaban su figura y de jurar que no expropiaría bienes ni se perpetuaría en el poder. Con la actual discusión ha insistido en que no busca la reelección.