Experto defiende constitucionalidad de proyecto de ley del aborto antes de histórico fallo en Argentina

El sociólogo y abogado constitucionalista argentino, Roberto Gargarella, salió el martes a la defensa de la solidez legal del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, un día antes de que el Senado someta a votación el controversial texto que legalizaría el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación.

“¿Resultaría jurídicamente válida la sanción de una ley de aborto? La pregunta merece una respuesta rotundamente afirmativa”, dijo el doctor en leyes de la Universidad de Buenos Aires.

Gargarella respondió así a los señalamientos de otros eminentes juristas, que incluyen a la junta directiva del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que han advertido que la aprobación del proyecto de ley era “inconstitucional”.

Para respaldar la constitucionalidad de la propuesta, Gargarella se refirió a dos precedentes jurídicos que los detractores de la medida han omitido del debate.

En el primer caso, denominado F.A.L., la Corte Suprema de Argentina determinó que el Estado tiene el deber de garantizar el aborto seguro en los servicios de salud pública en los casos permitidos por la ley.

El fallo de la corte confirmó la sentencia del Tribunal Superior de la provincia de Chubut, emitida en marzo del 2010, que autorizó un aborto a una joven de 15 años que quedó embarazada tras haber sido violada por su padrastro.

Como el aborto ya se había realizado antes de la sentencia, la corte también declaró un “supuesto de excepción” en el que la joven no había cometido delito porque el trámite judicial para decidir sobre ese tema era superior el tiempo de un embarazo.

“La Corte Argentina no sólo consideró, en “F.A.L.”, que aún el viejo Código Penal Argentino, de 1921, autoriza el aborto en ciertos casos; sino que adoptó la lectura más liberal posible en la materia (para considerar aborto legítimo el que se lleve a cabo luego de una violación); y estableció principios acerca de lo que es derecho y no en el país, que ponen en serios problemas a las posturas de los anti-abortistas (por ejemplo, en cuanto a cómo interpretar la citada ley 25.763), explicó Gargarella.

Esta sentencia también dictaminó que los médicos argentinos no necesitan de una autorización judicial para realizar abortos productos de violaciones y que lo único que necesitan es una declaración jurada de la víctima.

Organizaciones de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional han señalado que cinco años después del fallo del caso F.A.L. el acceso al aborto legal no es aplicado y que tan solo “8 de las 25 jurisdicciones poseen protocolos de atención de los abortos no punibles”.

Otro precedente señalado por Gargarella es la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo vs Costa Rica, en 2012, en la que declara que la expresión “toda persona” usada en las leyes regionales no aplica a los embriones y por lo tanto no gozan de los derechos amparados por la ley.

Para la CIDH ser humano y persona no es sinónimo de embrión desde el punto de vista jurídico.

“Las tendencias predominantes en el derecho comparado no nos llevan a considerar que el embrión deba ser tratado de igual manera que una persona nacida; o que el derecho a la vida es gradual e incremental, lo que por tanto habilita regulaciones de este derecho”, dijo Gargarella.

El experto agregó que muchos de los juristas que se oponen al aborto han descalificado la decisión de la corte interamericana para levantar dudas sobre la legalidad del proyecto de ley argentino. “Pero nada de esto es relevante: lo cierto es que la Corte IDH decide muy pocos casos, procurando enunciar los principios que se compromete a seguir aplicando en casos futuros, y que pasan a definir al derecho de toda la región”.

A los detractores aseguró que “no es en absoluto esperable que la Corte Argentina o la Corte Interamericana, dadas las reglas y principios que han venido definiendo en todo este tiempo, desafíen una ley de aborto como la que hoy en el país se discute”.

El director ejeutivo de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también se pronunció en favor de la aprobación de la ley y exhortó a los senadores argentinos a escuchar las recomendaciones de los organismos internacionales sobre limitar las probiciones sobre el aborto.

Las voces en contra

Los que se oponen a la aprobación del proyecto de ley también han levantado su voz antes de la votación. En la Universidad de Buenos Aires, “el grupo de estudiantes UBA por la vida”, rechazó el abierto apoyo del rector del, Alberto Barbieri, a la despenalización de la interrupción del embarazo. mientras otro grupo marchó para repudiar la resolución de Consejo Directivo de la Facultad de Derecho a favor del proyecto de ley.

El aborto en cifras

Durante los últimos 30 años, las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Argentina.

Las complicaciones por aborto inseguro son la primera causa individual de mortalidad materna en 17 de las 24 provincias.

No hay cifras confiables y actualizadas sobre la cantidad de abortos clandestinos que se realizan anualmente en Argentina. Pero según estimaciones realizadas por las autoridades sanitarias en 2006, en ese país se realizaban entre 370.000 y 522.000 abortos inseguros cada año. La cifra de las hospitalizaciones de mujeres por abortos ronda los 53.000 anuales.

#YoAborté

En una actitud desafiante a la legislación argentina actual, cientos de mujeres publicaron sus historias en redes sociales como un último espaldarazo a lo que pareciera ser una causa perdida en el Senado.

A pesar de las desgarradoras historias de las sobrevivientes de los abortos clandestinos y el activismo de los grupos feministas que cruzaron el país agitando su pañuelo verde, todo parece indicar que el proyecto no será aprobado el próximo 8 de agosto en el pleno del Senado Argentino, luego de ser aprobado en junio por la Cámara de Diputados.

En las últimas horas, al menos 3 senadores indecisos decidieron pronunciarse en contra del proyecto, lo que elevó a 37 el número de legisladores que han anunciado que rechazarán la iniciativa. Al menos que ocurran el repentino cambio de parecer de alguna fila política, el voto afirmativo de los 31 senadores que respaldan el proyecto no será suficiente para convertirla en ley.