Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez enfrenta cargos federales de soborno

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AP

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue arrestada el jueves por la mañana por cargos criminales de corrupción relacionados con un esquema de soborno en el que supuestamente aceptó donaciones para su campaña política a cambio de beneficiar a un ejecutivo bancario en la isla.

Las autoridades federales dijeron que Vázquez había despedido al jefe de una oficina gubernamental que supervisa el sector financiero de la isla a pedido de Julio Martín Herrera Velutini, propietario de Bancrédito —un banco internacional que opera en Puerto Rico— y del ex agente del FBI Mark Rossini.

Las autoridades dijeron que los implicados prometieron financiar su campaña de 2020 para gobernador si elegía un comisionado de reemplazo para la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, que estaba auditando el banco de Herrera Velutini en ese momento. Herrera Velutini, quien tiene doble ciudadanía venezolana e italiana, elegiría al sucesor, dijeron las autoridades.

Vázquez estuvo de acuerdo y recibió más de $300,000 para asesores políticos en un comité de acción política asociado con su campaña, dijo el fiscal general de distrito de Estados Unidos para Puerto Rico, Stephen Muldrow.

Agregó que Vázquez, quien se desempeñó como gobernadora designada de la isla desde agosto de 2019 hasta enero de 2021, está acusada de delitos ocurridos entre diciembre de 2019 y mayo de 2020.

“Los cargos de hoy, aunque ciertamente notables en muchos aspectos y únicos en muchos aspectos, son otro ejemplo más de acusaciones de corrupción corporativa dirigidas a funcionarios electos en los Estados Unidos”, dijo Corey Amundson, jefe de la oficina de integridad pública del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, DC.

“Esta es una tendencia nacional preocupante que no se limita a Puerto Rico. Hemos visto un número creciente de denuncias sobre propietarios y ejecutivos de negocios en industrias altamente reguladas: banca, seguros, servicios públicos y otros”, agregó Amundson durante una conferencia de prensa en San Juan.

Vázquez asistió a una vista inicial en los tribunales federales de Puerto Rico el jueves, donde una jueza mencionó los cargos que enfrenta, incluida la conspiración para cometer un delito para defraudar al gobierno de Estados Unidos, soborno del programa federal y fraude electrónico de servicios honestos. La exgobernadora tendrá que entregar su pasaporte y el juez emitió una fianza no garantizada de $50,000.

El abogado de Vázquez dijo que presentaría su declaración después de la audiencia inicial. La exfuncionaria de la isla podría pasar hasta 20 años en prisión si es declarada culpable.

Al salir de la corte federal en San Juan, Vázquez se declaró inocente frente a varios reporteros. Dijo que no había cometido “ningún delito, ninguna irregularidad”.

“Ellos han cometido una gran injusticia”, dijo.

Sobornos en abundancia

Muldrow dijo que otras dos personas acusadas en el esquema, el asesor de campaña de Vázquez, John Blakeman, y la expresidenta de Bancrédito, Frances Díaz, ya se declararon culpables. En tanto, agregó que se cree que Herrera Velutini está en Reino Unido y Rossini en España.

La acusación de 42 páginas y siete cargos dice que Herrera Velutini era cliente de Rossini, un consultor independiente que dejó el FBI alrededor de 2008. También alega que el comisionado escogido a través del esquema de soborno, a quien Vázquez nombró en mayo de 2020, había sido asesor del banco de Herrera Velutini.

La acusación apunta a correos electrónicos y cadenas de mensajes de texto, así como a varias reuniones como evidencia de la supuesta irregularidad. El mismo día que renunció el antiguo comisionado financiero, en febrero de 2020, Vázquez se reunió con Rossini, Blakeman, Díaz y otros en un hotel del exclusivo vecindario de Condado, en San Juan.

“Con [el nuevo comisionado] tenemos a los bancos y reguladores federales tranquilos. De esta manera puedo dedicar tiempo y dinero a su campaña”, supuestamente Herrera Velutini le envió este mensaje de texto a Blakeman, asesor de campaña de Vázquez, días después.

Pero Vázquez perdió las primarias de su partido para gobernador en agosto de 2020, y Herrera puso su mirada en Pedro Pierluisi después de que ganó las elecciones generales. Pierluisi, quien asumió el cargo en enero de 2021, es identificado como “Funcionario Público A” en la acusación. El Departamento de Justicia dejó en claro que era Pierluisi cuando describió al “Funcionario Público A” como el sucesor de Vázquez en un comunicado de prensa.

Según el pliego acusatorio, el acusado quería que Pierluisi tomara decisiones que favorecieran a Herrera Velutini y su banco de San Juan. Esto incluyó no tener que alertar a las autoridades sobre actividades sospechosas con respecto a las cuentas de Herrera Velutini, eliminar a algunos empleados de la OCIF de sus puestos y poner fin al escrutinio del banco. Supuestamente hicieron los sobornos a alguien que creían que era un intermediario de Pierluisi y finalmente transfirieron $25,000 a un súper PAC en agosto de 2021.

Pero resulta que el presunto mediador era parte de una operación encubierta de la Oficina Federal de Investigaciones. “En realidad, no estaba sirviendo como intermediario ni actuando en nombre del funcionario público A”, aclaró el Departamento de Justicia en un comunicado público.

Muldrow también enfatizó en la conferencia del jueves que Pierluisi, el actual gobernador, no estuvo involucrado en el supuesto esquema. Pierluisi, que pertenece al mismo partido político pro estadidad que Vázquez, se ha visto obligado repetidamente a condenar públicamente la corrupción, ya que el gobierno de la isla ha estado plagado de múltiples acusaciones penales federales que involucran a funcionarios del gobierno. Varios eran de su partido político.

Pierluisi dijo que el arresto de Vázquez demostró que “nadie está por encima de la ley en Puerto Rico”.

“Ante esta noticia que ciertamente afecta y lacera la confianza de nuestro pueblo, reitero que en mi administración seguiremos teniendo un frente común con las autoridades federales contra todo el que cometa un acto indebido,” dijo, “Todos tenemos que estar unidos en contra de este mal social y bajo mi administración hay cero tolerancia a la corrupción”.

Servidora pública hace años

Vázquez llegó al poder en 2019 luego de que el exgobernador Ricardo Rosselló fuera destituido luego de la filtración de un chat ofensivo de su círculo íntimo, que desencadenó protestas masivas e históricas en la isla pidiendo su renuncia. Vázquez era la tercera en la línea de sucesión e inicialmente dijo que no estaba interesada en ser gobernadora.

Fue la primera gobernadora no electa en la historia moderna de la isla y solo la segunda mujer en ocupar el cargo. Pierluisi derrotó a Vázquez en las primarias de su partido en 2021 cuando intentó postularse para gobernadora por primera vez —elecciones para las cuales presuntamente cometió corrupción.

Vázquez enfrentó varios escándalos durante su mandato. El alivio del huracán María encontrado en un almacén más de dos años después de que la tormenta azotara causó un gran revuelo cuando la isla lidiaba con una serie de terremotos devastadores. Otro escándalo giró en torno a una compra de $38 millones de pruebas COVID de una empresa constructora, un trato que finalmente se canceló.

Antes de convertirse en gobernadora, Vázquez fue secretaria de Justicia de la isla y lideró la Oficina de la Procuradora de la Mujer, una agencia pública local encargada de defender los derechos de las mujeres.

La noticia del arresto de Vázquez llega después de otros arrestos recientes de funcionarios públicos puertorriqueños y contratistas del gobierno acusados o condenados por corrupción. En julio, el director de finanzas del pueblo de Toa Baja admitió haber malversado $2.5 millones en fondos federales de vivienda. Solo una semana antes, el exalcalde de la localidad de Guayama había sido condenado a dos años y medio de prisión por aceptar sobornos.

En junio, el exalcalde de Trujillo Alto y el director de obras públicas de Cataño se declararon culpables de aceptar sobornos, mientras que el exalcalde del municipio de Rincón fue condenado por el mismo delito.

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