Estudiantes indocumentados hacen huelga de hambre en universidades de CA. La razón

Ide, de 21 años, conoce su condición de indocumentada desde que emigró de Jalisco, México, a los cuatro años. Pero no fue sino hasta que intentó conseguir un empleo de tiempo parcial cuando estaba en preparatoria que entendió la magnitud de las barreras que enfrentan los indocumentados.

Ide esperaba que el empleo ayudara a su familia a cubrir los gastos de la vida en el Este de Los Ángeles. Su solicitud fue denegada. El responsable de contratación se refirió a su falta de número de seguridad social.

“Eso fue realmente desgarrador para mí, y fue cuando descubrí que mi vida iba a ser muy diferente a la vida de mis compañeros”, dijo Ide, quien pidió a The Sacramento Bee no usar su apellido por temor a represalias.

Ide ha enfrentado retos similares desde que se inscribió como estudiante de Estudios Étnicos y Raciales Críticos en UC Merced, donde la búsqueda de prácticas remuneradas y de empleo en el campus es limitada. Ha tenido que ignorar repetidamente empleos que requieren autorización de trabajo y números de seguridad social.

Pero su vida pudiera ser diferente gracias a un plan prometido el año pasado por la Junta de Regentes de la Universidad de California.

La histórica medida desafiaría una ley federal de 1986 y permitiría a miles de jóvenes sin estatus migratorio legal ocupar empleos patrocinados por el campus –incluidas prácticas, puestos de investigación y docencia– en los 10 campus del sistema.

El sistema universitario público lleva meses lidiando con este asunto, haciendo frente a la presión de activistas y estudiantes que afirman que estas oportunidades son vitales para las trayectorias profesionales.

El pasado mes de mayo, los regentes de la UC se comprometieron a aumentar las oportunidades de empleo para los estudiantes indocumentados y formaron un grupo de trabajo para examinar las opciones legales. Los regentes dijeron que el grupo completaría una propuesta de plan para noviembre, pero el plazo pasó sin un nuevo cronograma.

“Las deliberaciones del grupo de trabajo de los regentes están en curso y en este momento entendemos que no se ha tomado una decisión final”, escribió el miércoles Ryan King, vocero de la UC, en un comunicado enviado por correo electrónico.

King añadió que la UC había “dedicado tiempo y recursos sustanciales” a revisar cómo puede ampliar su apoyo a los estudiantes indocumentados y proporcionar igualdad de acceso a las experiencias de empleo educativo.

California alberga la mayor población de estudiantes universitarios indocumentados, con cerca de 83,000 personas, según datos de la Encuesta sobre Comunidades Estadounidenses.

Decenas de estudiantes, como Ide, instan ahora a los regentes de la UC a seguir adelante con la propuesta mediante una huelga de hambre.

La huelga, impulsada por la campaña Opportunity For All, comenzó el martes en cinco campus de la UC. Se espera que dure hasta una reunión a puerta cerrada de los regentes de la UC el jueves, o más. Es posible que después de la reunión se emita una recomendación.

“Los estudiantes indocumentados no pueden esperar más”, dijo Ide. “Necesitamos acceso a oportunidades educativas, necesitamos acceso a empleos y necesitamos trabajar porque necesitamos ganarnos la vida”.

Contratar a inmigrantes sin estatus legal

Gran parte de las dudas que rodean a un posible plan para ayudar a los estudiantes indocumentados se derivan de una ley federal de 1986 que prohíbe la contratación de inmigrantes sin estatus legal.

Los críticos, como legisladores y organizaciones conservadoras, advierten que el sistema de la UC pudiera estar abriéndose a litigios. La administración del presidente Joe Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, incluso se ha opuesto discretamente, según un reciente artículo de Politico.

En una declaración a The Bee, King dijo que la UC “participa regularmente con socios locales, estatales y federales en numerosos asuntos relativos a la educación pública y para mantener el cumplimiento de la legislación federal vigente”. Declinó “describir la naturaleza de esas discusiones”.

Los partidarios de Opportunity for All dicen que una propuesta es necesaria particularmente ahora que el gobierno federal dejó de aceptar nuevas solicitudes para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que proporcionó permisos de trabajo y protección contra la deportación a los jóvenes elegibles que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

Sentencias judiciales han limitado las renovaciones y solicitudes de DACA para las generaciones más jóvenes. La política aplica ahora a las personas que llegaron a Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007, lo que dificulta las cosas a unos 44,000 estudiantes sin DACA que asisten a las universidades de California.

En el sistema de la UC, a unos 4,000 estudiantes se les permitiría buscar más oportunidades si los regentes aprueban una política.

Estudiantes DACA enfrentan oportunidades limitadas

Los estudiantes indocumentados sin DACA, como Janeth, de 22 años, dicen que su educación y futuras carreras se ven obstaculizadas debido a las limitadas oportunidades de empleo. Ella también pidió a The Bee no usar su apellido debido a su estatus.

Janeth, estudiante de Ciencias Cognitivas en la UC Merced, dijo que es una de los muchos estudiantes que trabajan en un laboratorio de investigación, pero es la única que no cobra. La falta de pago y de otras opciones es mentalmente agotadora, añadió.

“No tengo la oportunidad de trabajar en otras áreas que me gustaría”, dijo Janeth, organizadora de Opportunity for All.

Para aumentar esas oportunidades, el Centro para la Política Legal de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA publicó el año pasado un análisis jurídico que abogaba por que la UC siguiera adelante con una propuesta para contratar a estudiantes que carecieran de estatus legal y permiso de trabajo. El memorando, firmado por 29 especialistas en inmigración y derecho constitucional, sostiene que no existe ninguna ley federal que prohíba a la UC contratar a estudiantes indocumentados.

Ahilan Arulanantham, codirector del Centro para el Derecho y la Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, es uno de los autores del análisis. Dijo que el sistema de la UC es una entidad estatal que no está obligada por la ley federal de 1986.

“Si el Congreso hubiera pretendido que la palabra entidad englobara a los estados, no habría tenido ninguna razón para incluir la especificación que se aplica al gobierno federal”, dijo Arulanantham.

En la declaración de King, este dijo que la UC ha consultado con numerosos despachos de abogados y expertos jurídicos sobre las opciones y riesgos legales, pero no ofreció un calendario sobre la decisión de la junta.

Para algunos estudiantes, quizá sea demasiado tarde. Tanto Ide como Janeth están a meses de graduarse en la UC Merced. Ambas esperan cursar estudios de posgrado, pero les preocupa que los años de experiencia limitada en el trabajo y la investigación reduzcan sus posibilidades de ser aceptadas.

Pero por ahora, están dispuestas a seguir defendiéndose a sí mismas y a miles de personas más, incluso contra su propio sistema de la UC.

“Cada día que los regentes no cumplen sus planes y promesas es otro día que los estudiantes indocumentados como nosotros perdemos oportunidades educativas cruciales”, dijo Ide.