Estados Unidos está reconstruyendo una vía legal para los refugiados; las elecciones podrían cambiarlo
Con la atención nacional centrada en el caos en la frontera sur, el presidente Joe Biden no ha dejado de reconstruir una vía legal para la inmigración que fue desmantelada durante el gobierno de Trump.
En los primeros cinco meses del año fiscal, Estados Unidos permitió ingresar al país a más de 40.000 refugiados, tras pasar un riguroso proceso de selección, a menudo de un año de duración, que incluye la investigación de seguridad y médica, así como entrevistas con funcionarios estadounidenses en el extranjero.
La cifra representa una expansión significativa del programa de refugiados, que es el núcleo de las leyes estadounidenses que proporcionan a personas desesperadas de todo el mundo una vía legal para encontrar refugio seguro en Estados Unidos.
Hacía más de siete años que Estados Unidos no concedía el estatuto de refugiado a tantas personas en tan poco tiempo. El gobierno de Biden se propuso permitir la entrada de 125.000 refugiados este año, la mayor cifra en tres décadas, según Angelo Fernández Hernández, un vocero de la Casa Blanca.
En comparación, durante los tres últimos años del gobierno de Trump se admitieron unos 64.000 refugiados.
“El gobierno de Biden ha hablado mucho sobre el reasentamiento de más refugiados desde que Biden asumió el cargo”, dijo Julia Gelatt, directora asociada del Migration Policy Institute, un grupo de investigación no partidista en Washington. “Por fin, estamos viendo la recompensa en cifras más elevadas”.
Pero a medida que la campaña presidencial avanza, los defensores de los migrantes temen que las ganancias se borren si Donald Trump es elegido. El expresidente ha prometido suspender el programa si vuelve a asumir el cargo, tal y como hizo en 2017 durante 120 días.
Trump ha tachado el programa de amenaza para la seguridad, a pesar de que los refugiados pasan por exhaustivas comprobaciones de antecedentes y controles. Reasignó agentes, cerró puestos en el extranjero y recortó de manera considerable el número de refugiados que pueden ingresar en el país cada año.
El resultado, cuando Biden asumió el cargo, era un sistema desprovisto de recursos.
“El programa de refugiados pende de un hilo con estas elecciones”, afirmó Barbara Strack, quien trabajó en un puesto de alto nivel en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
‘Como si fuera mi cumpleaños’
Desde siempre, el programa de refugiados ha contado con un fuerte apoyo bipartidista, en parte porque se consideraba la “forma correcta” de llegar a Estados Unidos.
El senador republicano de Texas John Cornyn dijo en una audiencia del Congreso el año pasado que el proceso para el programa de refugiados era “sólido”. Agregó que no veía el programa como un riesgo “sustancial” para la seguridad y dijo que los sólidos controles del programa estaban en “contraste con el caos que vemos en la frontera sur”.
Sin embargo, parte de ese apoyo bipartidista se ha erosionado a medida que el número de personas que cruzan la frontera sur alcanza niveles récord. Trump ha hecho de su plataforma antiinmigración una seña de identidad política al pedir que se cierre el país a los inmigrantes, tanto legales como ilegales.
Pero para personas como Machar Malith Geu, quien vivió en un campo de refugiados en Kenia la mayor parte de su vida, la oportunidad de venir a Estados Unidos le parecía su única esperanza de futuro.
Le tomó seis años, pero su solicitud de reasentamiento en Estados Unidos fue aprobada y llegó aquí en febrero. Su nuevo hogar está en Wichita, Kansas.
“Que me aceptaran en Estados Unidos fue como si fuera mi cumpleaños, porque supe que dejaría atrás la vida de refugiado”, comentó Geu, cuya familia huyó de lo que hoy es Sudán del Sur en la década de 1990.
Una vez que se aprueba el reasentamiento de los refugiados, el gobierno de Estados Unidos les proporciona fondos para clases de orientación cultural y los contacta con grupos locales que les ayudan a salir adelante con formación laboral, comida y vivienda.
Los refugiados deben solicitar la green card en el plazo de un año desde su llegada a Estados Unidos. Más tarde, pueden obtener la ciudadanía estadounidense.
Reconstrucción
El gobierno de Biden heredó un programa que había sido desmantelado durante los años de Trump.
Para finales de su mandato, Trump había recortado el “tope de refugiados”, o el número máximo de refugiados que se podrían permitir en un solo año fiscal, a 18.000 en 2020 y un mínimo récord propuesto de 15.000 en 2021.
Como el financiamiento de los programas locales está vinculado a esa cifra, el dinero se agotó en poco tiempo.
Muchas organizaciones que ayudan a reasentar refugiados se vieron obligadas a cerrar sus puertas. Los agentes que se encargaban de las entrevistas a refugiados disminuyeron de unos 170 a 107 al final del gobierno de Trump, según datos del gobierno.
“Me sentía muy desmoralizada”, recordó Sandra Vines, directora sénior de reasentamiento de refugiados en organización no gubernamental International Rescue Committee, sobre la presidencia de Trump. “Sentía que cada día llegaba a la oficina y había otro ataque administrativo al programa. Lo llamábamos muerte por mil cortes de papel”.
La pandemia también contribuyó a que las admisiones de refugiados disminuyeran en los primeros años del mandato de Biden. En el año fiscal 2021, que incluyó parte del gobierno de Trump, Estados Unidos permitió la entrada de poco más de 11.000 refugiados. Al año siguiente, admitió a más de 25.000.
El gobierno de Biden ha trabajado para reconstruir la infraestructura del programa. Alrededor de 150 oficinas de reasentamiento de refugiados abrieron en todo el país y el número de agentes que entrevistan a los refugiados también aumentó.
Los signos de un programa de refugiados más sólido empezaron a verse el año pasado, cuando se admitieron en el país más de 60.000 refugiados. Era una cifra muy alejada del límite de 125.000 establecido por Biden, pero demostraba que el programa estaba gestionando más casos.
Más allá de los recursos añadidos, el gobierno de Biden agilizó los trámites y abrió las llamadas Oficinas de Movilidad Segura en Colombia, Guatemala, Ecuador y Costa Rica para ayudar a recibir solicitudes de inmigrantes y extender los trámites de refugiados de la región.
c.2024 The New York Times Company