Pocos minutos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la madrugada del 29 de julio, proclamara ganador de las elecciones de Venezuela al presidente Nicolás Maduro con un 51,2% de los votos y sin presentar las actas electorales, Ana tomó una cacerola de su cocina y por la ventana de su casa la golpeó con fuerza en señal de protesta. En la tarde de ese mismo día, bajó de su casa en Petare, el barrio humilde más grande de América Latina, junto a un malón de vecinos que por primera vez en 25 años se disponían a rechazar en las calles lo que consideraban un fraude del oficialismo. “Estoy cansada de estos corruptos y estafadores. Siento mucha frustración. Nosotros ganamos”, dijo entonces a LA NACION.

Casi dos semanas después, esta vecina del barrio de Petare -cuya verdadera identidad prefiere resguardar por temor a la persecución- apenas sale de su casa. Sigue con el deseo de que se produzca una transición democrática, pero ya no lo expresa en la calle, ni lo comenta con sus vecinos, ni mucho menos lo difunde por las redes sociales. La ira efervescente que la impulsaba a manifestarse por su voto quedó ahora paralizada por el miedo. “Estamos asustados. La gente va a su trabajo, o a comprar, pero con mucha prudencia porque aquí hay vigilancia. Hay fe, pero lo que también hay es temor. Ojalá se mantenga la esperanza”, señaló a este medio por mensaje de WhatsApp.

Lo que hasta hace apenas unos días atrás se vivía en las calles de Caracas como una firme voluntad de los venezolanos por defender lo que consideran que fue una victoria del candidato Edmundo González Urrutia, a quien la oposición liderada por María Corina Machado y algunos países -entre ellos, la Argentina- reconocen como el verdadero presidente electo, quedó ahora amenazado por la maquinaria represora del régimen de Nicolás Maduro. Con por lo menos 24 muertos y 2200 detenciones en diez días –casi la mitad de los arrestos registrados en los cinco meses de protestas de 2017-, el terror propagado por el gobierno con su llamada “Operación Tun Tun” comenzó a calar profundo en la sociedad.

Atrás parece haber quedado la euforia que se percibía los días previos a la elección presidencial. Una amplia mayoría veía estos comicios como la última posibilidad real de reencontrarse con sus familiares que se encuentran dentro de los 7,7 millones de venezolanos que abandonaron el país; de salir adelante de una crisis económica en la que los sueldos mínimos no superan los 3,5 dólares y dependen de bonos estatales y bolsones de comida; de tener “libertad” sin tener que migrar por un futuro, como decían decenas de carteles en las manifestaciones en las que los jóvenes alzaban su voz para cantar “no me quiero ir, este es mi país”.

En un contexto de incertidumbre total y temor, el escenario es diferente. De acuerdo a un relevamiento del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en los dos días siguientes a las elecciones presidenciales se registraron 915 focos de protestas en distintos puntos del país, una cifra que cayó drásticamente a 146 en la primera semana de agosto. El 7 de este mes se registraron apenas cuatro manifestaciones. “El resguardo y la cautela se han vuelto la norma ante la feroz represión estatal, que se ha afianzado especialmente en las zonas populares y pobres del país”, detalla el organismo.

“Las herramientas que usan las mentes totalitarias siempre han sido infundir miedo, producir aislamiento, crear confusión. Tenemos que recordar que su objetivo es eliminar nuestra esperanza, tu fe en un futuro mejor. Esta es una guerra a nuestra lucidez y a nuestra voluntad. Ellos te quieren confundido, resignado, sumiso, desesperanzado. Y el primer paso para contrarrestar estas maniobras del régimen es comprender cómo funcionan”, declaró Machado el sábado en un mensaje a sus seguidores.

Dirigentes de la oposición, testigos electorales, defensores de derechos humanos, venezolanos que rechazaron el resultado de las elecciones presidenciales en las calles. Los arrestos después de las elecciones apuntan a cualquier tipo de disidencia y se extienden por distintas zonas del país, en particular en los barrios populares. Según la organización Foro Penal 114 de los detenidos son adolescentes y 160 mujeres, algo que no se evidenciaba durante la represión política en años anteriores, según comentaron a este medio las autoridades de la organización. Entre los detenidos también se cuentan cuatro periodistas, que estaban trabajando al momento en el que fueron capturados.

Con 230 detenciones, Caracas acumula la mayor cantidad de detenidos, seguido del estado de Carabobo con 197 detenidos. “Aquí ha cesado la protesta. La mayoría de los detenidos están en una sede de la Policía Nacional Bolivariana en un municipio del aérea metropolitana de Valencia. No tienen defensa privada. La gente tiene miedo: si te llevas a casi 200 personas presas y no les permites defenderse y violas sus derechos, la protesta cesa”, indicó a este medio un periodista de Carabobo que pidió mantenerse bajo anonimato por seguridad.

Censura

Las redes sociales se tornaron un canal principal en el que los manifestantes venezolanos difundieron mensajes y videos de las manifestaciones en contra del resultado electoral. También cobraron un rol clave al ser el medio por el que se denunciaron las atrocidades del régimen. En la noche del viernes, el activista de derechos humanos Koddy Campos transmitió en vivo por su perfil de Instagram un intento de allanamiento en su departamento. Lo mismo ocurrió con la detención de María Oropeza, referente de la oposición en Portuguesa, que captó en sus redes el momento en el que agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela la detuvieron violentamente de su hogar. Probablemente por eso Nicolás Maduro anunció la suspensión de la red social X por diez días y cargó contra WhatsApp, la principal vía utilizada por la oposición para convocar a asambleas pacíficas.

“Conozco un caso de transportistas a quienes les han quitado su licencia de conducir por poner estados de Whatsapp a favor de la oposición”, señaló el periodista.

Si la unión hacía a la fuerza en las protestas postelectorales, ahora debido a que el régimen habilitó una aplicación -VenApp- para denunciar opositores, la paranoia se extendió entre los venezolanos que temen ser apuntados por sus propios vecinos del barrio.

“Andamos con los ojos mirando para todos lados. Casi no salgo ya, es poco lo que salimos. Porque yo soy muy volada, entonces para evitar problemas ahorita me mantengo bajo perfil”, contó en un mensaje de audio de WhatsApp a LA NACION otra vecina de Petare, que días atrás no dudaba en expresar libremente sus ansias de cambio.

En el barrio de Catia, un antiguo bastión chavista de la capital venezolana en donde, según el conteo independiente de las actas de la oposición, Edmundo González ganó con una abrumadora mayoría del 64% contra un 32% de Nicolás Maduro, los rastrillajes de la policía se volvieron moneda corriente.

“El temor está instalado en todo el mundo, no solo en la dirigencia de arriba. Nadie se atreve a nada porque esta vez la represión llegó hasta los sectores populares, a los barrios más pobres, los presos son chamos y chamas humildes. Además, los concejos comunales [que responden al chavismo] llaman a la policía solo porque la gente toca la cacerola”, indicó por mensaje de audio un dirigente barrial opositor de Catia, que tuvo que refugiarse en otro sitio por temor a ser detenido.

“Muchos dirigentes políticos [de la oposición] tuvieron que huir, incluso aquellos que ni estuvieron en las protestas. Hay un clima de tensión generalizado. Hay muchas alcabalas [retenes de policía] en el barrio que están parando a cualquier vecino y les piden el teléfono para revisárselo. Cualquier persona que tenga algún tipo de cuestión de la oposición, ya sea foto de Edmundo, de María Corina, algo de alguna marcha así sea cívica se lo llevan preso”, contó.