El espacio cívico bajo amenaza

En la intersección de la democracia y los derechos humanos, encontramos un concepto fundamental: el espacio cívico. Esta esfera esencial permite a las personas, defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil asociarse libremente, expresarse, participar en la vida pública y buscar información del Estado, por lo que es el entorno vital donde se ejercen las libertades de expresión, de reunión y de asociación, protegidas por instrumentos de derechos humanos internacionalmente reconocidos. Pero ¿qué sucede cuando este espacio se ve amenazado o, peor aún, se reduce?

Hoy nos centraremos en América Latina y el Caribe y, en particular, en México, donde el espacio cívico ha experimentado una erosión preocupante. Las razones de esta pérdida son múltiples: desde la profundización de la militarización y el espionaje estatal a activistas, hasta amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos. Además, las organizaciones internacionales comprometidas con el respeto a los derechos humanos encuentran menos espacios para actuar, la agenda anticorrupción está totalmente olvidada por los gobiernos y el presidente de la república ha debilitado los contrapesos. Para entender las implicaciones de esta situación consideremos lo que la investigación académica y las instituciones han destacado.

Según los hallazgos recopilados por Open Government Partnership (OGP por sus siglas en inglés), el espacio cívico desempeña un papel clave en áreas como el desarrollo, la democracia, la lucha contra la corrupción, la mejora de la confianza en el gobierno, la prestación de servicios públicos y la seguridad pública.

Es innegable que restringir el espacio cívico tiene repercusiones negativas en estas áreas; de hecho, la evidencia del impacto negativo de estas restricciones es fuerte, reflejándose en las diez principales violaciones a las libertades cívicas, analizadas por el CIVICUS Monitor: acoso, disolución de manifestantes, intimidación, normas restrictivas, ataques a periodistas, interrupciones a protestas, censura, procesar y detener a defensores de derechos humanos, así como el encarcelamiento de periodistas. Asimismo, es pertinente mencionar que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se encuentran en las clasificaciones de “obstruido” y “represivo”. A pesar de que algunos países en la región exhiben un desarrollo macroeconómico sólido, la investigación sugiere que este desarrollo puede ser desigual y frágil cuando existen restricciones al espacio cívico.

Pero vayamos más allá de la macroeconomía y hablemos de la lucha contra la corrupción. En un espacio cívico abierto, las personas, defensores de derechos humanos y de territorio, comunicadores, periodistas y las organizaciones pueden actuar como contrapeso, denunciar prácticas corruptas y exigir transparencia. Empero, con la pérdida de este espacio, la corrupción encuentra un terreno fértil para prosperar.

En México, por ejemplo, se observa que a pesar de una narrativa gubernamental en contra de la corrupción, existen más asignaciones y licitaciones directas en obras públicas; esto se demuestra en las determinaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que detectó en la Cuenta Pública de 2020 casi 79 % de las contrataciones totales registradas fueron adjudicaciones directas, mostrando una tendencia a la alza. Lo anterior es un escenario perfecto para el desvío de recursos y conflictos de interés, los cuales tienen consecuencias en el gozo de los derechos humanos. A pesar de que organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado y condenado estas prácticas, la máxima tribuna de “La Mañanera” desacredita cualquier legítimo reclamo respecto a cómo se están manejando los recursos públicos y cómo se deteriora la democracia.

Pero, ¿por qué afirmamos que vemos un deterioro democrático en esta pérdida del espacio cívico? Es crucial entender que la corrupción no es solo un delito económico, se trata también de un fenómeno que erosiona la confianza en las instituciones y la cohesión social, afectando fundamentalmente a la democracia. Dicho fenómeno no puede  ser eficaz sin la participación de una sociedad civil robusta y libre, la cual no tenga temor de ser exhibida o desacreditada ante una audiencia de miles de personas que ven diariamente un discurso presidencial.

En un ambiente donde el espacio cívico se está reduciendo considerablemente, como en México y otros países de América Latina y el Caribe, los actores corruptos operan con una mayor sensación de impunidad. Por ello, la vigilancia y la denuncia de estas prácticas se vuelven tareas cada vez más difíciles debido a que los gobiernos buscan eliminar la influencia e incidencia de grupos independientes de la sociedad civil. Los gobiernos están imponiendo restricciones legales injustificadas a la sociedad civil, incluidas leyes que penalizan el acceso a la financiación extranjera y que limitan de manera excesiva el alcance de las actividades autorizadas. Las personas activistas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos se enfrentan a una creciente espiral de intimidación, acoso y represalias. Mientras los partidos en el poder -como el caso mexicano- buscan seguir centralizando el poder e ir eliminando los contrapesos y el bagaje institucional ganado a través de la lucha social.

Ante la pérdida de este espacio, la sociedad civil, colectivos y organizaciones sociales debemos buscar formas innovadoras de resistir y perseverar en nuestra labor de vigilancia y denuncia. Invitamos a accionar nuestra rebeldía desde los márgenes porque los gobiernos de México, América Latina y el Caribe nos quieren calladas y callades. El silencio no es opción cuando no existe justicia, verdad, memoria, garantías de no repetición. Sigamos tejiendo redes en lo local y en lo regional de emancipación para defender el espacio cívico porque no está sujeto a cambio y ello debe quedar claro a los gobiernos señoriales, mercantilistas y militaristas.

A su vez, es necesario seguir fomentando la educación cívica y el conocimiento sobre los derechos fundamentales entre la población, una sociedad bien informada y consciente de sus derechos es menos vulnerable a las tácticas de intimidación, miedo y centralización del poder. Lo anterior puede ejercer una mayor presión sobre todos los gobiernos de América Latina y el Caribe que han dejado de lado la agenda anticorrupción, con el fin de mantener abierto el espacio cívico.

Es importante destacar que la protección del espacio cívico no es solo responsabilidad de la sociedad civil. Los gobiernos de nuestra región tienen el deber de garantizar las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión, y los actores internacionales tienen un papel crucial en la supervisión de estas garantías. Aquellas autoridades que atentan contra el espacio cívico tendrán que ser sujetos a sanciones internacionales y presión diplomática.

En última instancia, la protección del espacio cívico es una batalla que se libra en múltiples frentes. Desde la sociedad civil hasta los gobiernos y las organizaciones internacionales, todos tenemos un papel que desempeñar. Solo uniendo esfuerzos podremos garantizar que el éste se mantenga abierto, fortaleciendo así nuestras democracias y haciéndolas más resistentes al peor fenómeno que hemos experimentado: la corrupción.

* Jorge Vuelvas (@JorgeVuelvas2) es Licenciado en Relaciones Internacionales. Ha cursado diversos diplomados en materia electoral, políticas públicas y prevención de la violencia.