México emite orden de arresto para exdirector de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas emitieron una orden de arresto contra el exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en lo que parece ser hasta ahora la medida anticorrupción más ambiciosa del nuevo gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre con la promesa de combatir la corrupción pública, pero sin enfocarse en exfuncionarios del gobierno, defendió el miércoles el caso diciendo que era la continuación de una investigación que comenzó durante el gobierno de su predecesor, Enrique Peña Nieto.

"No hay persecución política", dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina. "Son hechos, presuntos delitos, que se tienen que perseguir".

El fiscal general Alejandro Gertz dijo el miércoles a la cadena Televisa que no se ha podido localizar a Lozoya, pero que existen pruebas contundentes en su contra. También a través de Televisa, el abogado personal de Lozoya, Javier Coello, insinuó que Peña Nieto debía ser interrogado.

Lozoya administró la campaña presidencial de Peña Nieto antes de dirigir Pemex de 2012 a 2016.

El caso contra Lozoya se enfoca en la venta en 2015 de una planta de fertilizantes por parte de la acerera Altos Hornos Mexicanos S.A. (AHMSA) a Pemex por un precio que los auditores consideran inflado.

Según los investigadores, aparentemente Lozoya recibió un pago importante por facilitar la compra a costa de los contribuyentes. Las autoridades congelaron sus cuentas.

Por otra parte, el presidente de AHMSA, Alonso Ancira, fue detenido en España el martes, aunque las cuentas de la siderúrgica fueron descongeladas el miércoles para que la empresa, que tiene más de 20.000 trabajadores, pueda seguir operando.

Coello dijo en un comunicado el martes que había interpuesto recursos contra la congelación de cuentas y contra cualquier posible orden de arresto contra Lozoya. Un juez de la Ciudad de México emitió el miércoles una suspensión provisional contra su arresto. En México generalmente se usan recursos de amparo para evitar arrestos.

Liliana Veloz, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que lo que todavía falta por ver es si la investigación se mantendrá o si Lozoya y Ancira se convertirán en los “peces gordos” que son detenidos y posteriormente puestos en libertad, algo que serviría como un truco político para el nuevo gobierno.

Las órdenes de arresto son una forma para que el gobierno transmita que “sí hay una idea de poder desmantelar grandes redes de corrupción”, comentó. Más allá de medidas punitivas, lo que el gobierno necesita es evitar que haya corrupción, agregó.

“La corrupción ha permeado en todos los ámbitos públicos”, puntualizó Veloz.

Algunos legisladores de los principales partidos políticos de oposición de México dijeron que apoyaban la investigación de la fiscalía, pero cuestionaron el momento en el que se produjeron las órdenes de arresto debido a que se emitieron dos días antes de que se realicen elecciones programadas para el 2 de junio en seis estados.

“Es muy raro, muy extraño, muy casual” que ocurrió justo antes de las elecciones, dijo la diputada Dulce María Sauri Riancho del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, agregó que la gente debería darle el beneficio de la duda a la fiscalía, debido a que es el primer caso grande de la nueva institución autónoma.

México obtuvo 28 de 100 puntos en el índice de percepción de corrupción de 2018 de la organización Transparencia Internacional, donde un puntaje bajo señala altos niveles de corrupción. Eso coloca a México a la par de Rusia y detrás de países como Honduras y Bolivia en cuanto a percepciones de negocios limpios.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dijo el lunes que en las cuentas congeladas "se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas", sino que "se presumen ser derivados de actos de corrupción".

Santiago Nieto, jefe de la UIF, dijo que el congelamiento de cuentas es el sello distintivo de la "nueva" Secretaría de Hacienda. "La política del gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad", dijo en Twitter.

Nieto fue un alto investigador anticorrupción durante el gobierno de Peña Nieto hasta que fue despedido abruptamente en 2017 en medio de una pesquisa sobre la gestión de Lozoya como director de Pemex.

Nieto reabrió el caso en su nuevo puesto con el gobierno de López Obrador.

López Obrador manifestó apoyo a la investigación de Nieto, así como a las pesquisas contra otros funcionarios públicos que aparentemente cometieron irregularidades.

A funcionarios públicos como Nieto se les ha pedido "no tapar nada" ni "dar protección a nadie", y que de inmediato presenten hallazgos sobre posibles malversaciones de fondos públicos ante la fiscalía general, dijo López Obrador.

El presidente agregó que la fiscalía general decidirá si amplía o no el caso para incluir a otros funcionarios públicos que aprobaron la compra del negocio de fertilizantes Fertinal por parte de Pemex. Incluyendo aumento de capital, dijo que Pemex invirtió casi 1.000 millones de dólares en una fábrica que prácticamente era una "chatarra" y que no estaba operable al momento de la compra.

Lozoya y AHMSA también han sido mencionados, pero no se les han presentado cargos, en escándalos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.

Lozoya ha negado anteriormente haber recibido coimas de Odebrecht, mientras que AHMSA reconoció haber hecho un pago de 3,7 millones de dólares a una empresa que ha sido identificada como una posible vía para que Odebrecht ocultara pagos ilícitos.

La pesquisa conocida como “Operación Autolavado” sobre pagos ilícitos realizados por Odebrecht a funcionarios ha conducido a varios arrestos y enjuiciamientos en diversos países latinoamericanos en los últimos cinco años, sin incluir a México.