El esfuerzo de Florida por encontrar un nuevo proveedor de SunPass fracasa de nuevo. La empresa carecía de experiencia

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El Nuevo Herald File

Cuando el año pasado el Departamento de Transporte estatal (FDOT) pidió a las empresas que licitaran por un contrato multimillonario para hacerse cargo de los centros de llamadas de sus instalaciones de peaje SunPass, la agencia tenía un requisito clave: los licitadores debían tener al menos 10 años de experiencia en empeños similares.

Pero el departamento seleccionó después a una empresa que no llevaba ni cinco años funcionando.

En el más reciente fallo cuestionable para el estado, un juez de Tallahassee rechazó la semana pasada la decisión de la agencia de conceder un contrato potencial de $157 millones a Emovis US, el adjudicatario de un contrato de siete años para hacerse cargo de las operaciones de peaje de la autoridad estatal de autopistas.

El juez de derecho administrativo John Van Laningham criticó contra la decisión estatal la semana pasada, calificando parte del texto del contrato de “inexplicablemente descuidado” y recomendando la anulación de la adjudicación porque Emovis US no cumplía los requisitos mínimos. (La decisión del juez fue reportada inicialmente por News Service of Florida).

La decisión pudiera ahora allanar el camino para dar el contrato a otro licitador, entre ellos Conduent State and Local Solutions, la empresa a la que se culpa del fiasco del SunPass de 2018, que sobrefacturó a miles de automovilistas e hizo que el estado perdiera unos $50 millones en ingresos por peajes.

El FDOT no respondió a las solicitudes de comentarios el martes. En la jerarquía de las agencias estatales de la Florida, el Departamento de Transporte depende del gobernador.

Emovis US, una filial de una empresa francesa con el mismo nombre, no se constituyó hasta el 30 de junio de 2016. Eso la sitúa muy por debajo del requisito del estado de haber prestado servicios de peaje durante al menos 10 años.

Pero la empresa acabó ganando el contrato del Estado, con una propuesta de $157 millones a siete años, casi 40% menos que la oferta promedio de todas las demás empresas.

Las empresas que quedaron en segundo y tercer lugar, Shimmick Construction Co. con sede en California, y Conduent, con sede en New Jersey, presentaron protestas sobre todo por la experiencia de Emovis. (Conduent, que actualmente se encarga de las operaciones de peaje del estado y cuya oferta era de casi $231 millones a siete años, también protestó porque la oferta de Emovis US era sospechosamente baja).

En el tribunal, Emovis US y los funcionarios estatales de transporte argumentaron que la empresa debería poder contar el trabajo de sus subcontratistas en sus 10 años de experiencia.

Van Laningham rechazó ese argumento. Aunque los funcionarios estatales fueron “descuidados” en la solicitud de propuestas, Van Laningham escribió que el “significado llano” era claro: Emovis US no cumplía los requisitos. Y tampoco lo hacía Shimmick, que había pasado por varias transformaciones empresariales que dieron lugar a la adquisición de la experiencia relevante de una empresa diferente solo en 2020, determinó Van Laningham.

La solicitud de propuestas “no estaba redactada con la precisión y la atención al detalle que requiere una solicitud de esta magnitud”, escribió Van Laningham. “Sin embargo, una redacción descuidada no es necesariamente un lenguaje ambiguo”.

La decisión vuelve ahora al Departamento para una decisión definitiva.

La disputa es el más reciente escándalo de adquisiciones para la administración de DeSantis y continúa los antiguos problemas del Departamento de Transporte con las licitaciones sobre el sistema de peaje SunPass.

En 2014, cuando el Departamento informó al entonces gobernador Rick Scott, los funcionarios de transporte adjudicaron un contrato a 14 años estimado en $600 millones a Conduent para procesar las transacciones de peaje.

Pero las empresas competidoras protestaron, señalando que el Departamento redujo repetidamente los requisitos mínimos para adaptarse a la experiencia de Conduent y que los funcionarios se desviaron de las prácticas de contratación del Departamento durante el proceso. El Departamento pagó entonces a una de las empresas $3.6 millones para que retirara su protesta por la licitación, lo que llevó a la Legislatura a cambiar la ley estatal para restringir este tipo de pagos.

En 2020, los funcionarios del Departamento pasaron seis meses licitando la segunda mitad del contrato de Conduent, de 14 años de duración, para luego rechazarlo y volver a empezar por razones que el Departamento no detalló.

También han surgido problemas de adquisiciones en otras agencias estatales. En 2020, la Agencia para la Administración de la Asistencia Médica (AHCA) concedió un contrato de $135 millones a Deloitte Consulting después de restar importancia al trabajo realizado por Deloitte en el pasado para establecer el problemático sistema de beneficios por desempleo del estado, que se vino abajo durante la pandemia.

El año pasado, el Departamento de Educación trató de dirigir un contrato multimillonario hacia una empresa cuyo presidente ejecutivo tiene vínculos con el entonces comisionado de Educación del estado. Los funcionarios de educación celebraron un proceso de licitación de una semana de duración, a pesar de que ya estaban en conversaciones con el licitador ganador, según los registros. El acuerdo se desechó posteriormente.

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