Nueva escaramuza en la guerra de peajes de Miami-Dade: indemnizaciones para los ejecutivos destituidos

En la desordenada lucha que ha desplazado el poder sobre las autopistas de peaje de Miami-Dade, de Miami a Tallahassee, está surgiendo una nueva escaramuza: los acuerdos de indemnización aprobados por la antigua junta de peaje para los altos ejecutivos destituidos por la junta actual.

Greater Miami Expressway Agency (GMX) es una junta respaldada por el estado que el mes pasado se hizo cargo de Dolphin Expressway y otras cuatro rutas de tráfico intenso que generan más de $200 millones en ingresos de peaje cada año.

Desde la década de 1990, esas carreteras han estado bajo el control de Miami-Dade Expressway Authority (MDX), una junta de peaje gobernada por una mayoría de miembros nombrados por la Comisión del Condado. La Legislatura de la Florida aprobó una legislación en 2019 que disuelve MDX y la reemplaza con GMX, una junta gobernada por una mayoría de personas designadas por el gobernador Ron DeSantis.

El mes pasado, Miami-Dade perdió su prolongada lucha judicial contra la ley estatal y GMX se hizo cargo de Dolphin y las otras cuatro autopistas de MDX: Aeropuerto, Don Shula, Gratigny y Snapper Creek. El nuevo concejo votó suspender con sueldo a los dos principales ejecutivos de MDX: la directora Darlene Fernández y el consejero general Carlos Zaldivar.

A finales de la semana pasada, GMX emitió un comunicado de prensa declarando “alarmantes” partes de los contratos de MDX de los empleados suspendidos. El comunicado señala que los dos administradores recibieron paquetes de indemnización por valor de un año de salario, mientras que la ley de la Florida permite a las agencias gubernamentales solo pagar paquetes de indemnización de hasta 20 semanas de compensación.

“GMX seguirá demostrando estabilidad financiera y una gobernanza eficaz para recuperar la confianza perdida por MDX”, dijo en el comunicado Mariana “Marili” Cancio, abogada de Miami y presidenta de la junta directiva de GMX.

Fernández y Zaldívar firmaron contratos en 2022, mientras los abogados de MDX y los fiscales del condado luchaban contra los esfuerzos del estado para disolver la agencia en un momento en el que GMX ya había contratado a su propio director ejecutivo: Torey Alston, un designado por DeSantis en la Junta Escolar del Condado Broward y ex jefe de personal en el Departamento de Transporte de la Florida (FDOT).

Fernández, ingeniera, dejó su alto cargo en el departamento de Transporte de Miami-Dade para trabajar en MDX. El contrato de MDX le pagaba $368,000 al año más beneficios en efectivo que incluían $12,000 para un subsidio de automóvil y $10,000 para cubrir gastos de negocios, incluyendo comidas. El contrato de Zaldivar, el principal abogado de MDX desde 2015, le pagaba $325,000 al año, más $5,200 anuales para un subsidio de automóvil.

Fernández y Zaldivar no estaban disponibles para hacer comentarios el lunes. En un comunicado, Dennis Moss, el ex comisionado de Miami-Dade que fue miembro de la junta directiva de MDX, no defendió la legalidad de un paquete de indemnización de 12 meses, pero dijo que todos los contratos de MDX tienen una disposición que cancela las cláusulas consideradas ilegales o no ejecutables por ley.

“Los contratos tanto del director ejecutivo como del consejero general fueron celebrados de buena fe por todas las partes”, dijo. “Si 12 meses no es lo que permite la ley en este caso, entonces debería aplicarse el máximo [que] permite”.

Alston, actual director de GMX, no ha cobrado por su trabajo, de acuerdo con lo que declaró la semana pasada. El consejo de GMX tiene previsto aprobar su primer contacto laboral con la agencia en su reunión del miércoles, según el orden del día publicado. Alston dijo que la agencia haría pública la propuesta de contrato el lunes, pero no estaba disponible al cierre de esta edición.

Mientras GMX critica las decisiones de la junta anterior, la lucha de poder por la actual continúa. La semana pasada, los comisionados de Miami-Dade presentaron un proyecto de ley para disolver GMX, un poder que los abogados del condado sostienen que Miami-Dade conserva en virtud de su “autonomía” y autoridad otorgadas en la Constitución de la Florida. Esa disposición impide a la Legislatura de la Florida aprobar leyes que solo afectan a Miami-Dade.

La última versión de la legislación de GMX que condujo a la toma de posesión de agosto eludió la defensa de la autonomía, añadiendo una parte del Condado Monroe a la autoridad de la junta de peaje. Esa porción de tierra cae en la reserva federal de Big Cypress, en donde la única opción de transporte es una carretera de grava.

“Lo que está pasando con MDX es un crimen”, dijo Moss en su declaración. “El estado está tratando de robarnos el dinero del peaje, nuestros puestos de trabajo y nuestra autonomía”.