El argumento fue falta de transparencia. Esa fue la razón por la cual la Secretaría de Educación de la Nación, que depende del Ministerio de Capital Humano, decidió discontinuar un programa que aportaba más de 14 millones de libros a escuelas de todo el país. La explicación fue que el proceso de licitación del plan “Libros para Aprender” no era eficiente, que estaba demorado, que había textos que no se aprovechaban porque no eran los que las gestiones educativas locales querían y que, en otros casos, había sobreprecios en el pago de libros de texto y manuales. Pero esta decisión “estratégica” está teniendo un correlato muy amargo en la realidad de las aulas.

Docentes que tienen que enseñar a leer y escribir sin libros, que tienen que pagar de sus bolsillos la fotocopias si quieren tener algún material didáctico o bien seguir la recomendación que les llega desde sus superiores de valerse de las versiones audiovisuales de los cuentos. Así, sin los insumos y materiales más mínimos tienen que enfrentar el enorme desafío que supone el plan de alfabetización temprana que impulsará en los próximos meses la Secretaría de Educación, con el que buscará jaquear la crisis de lectoescritura de la nueva generación. El desafío parece desproporcionado, cuando no se puede decir que los chicos no entienden lo que leen, sino lo que escuchan que lee la maestra o lo que leen de costado, cuando comparten un libro de biblioteca con otros compañeros. No solo porque no llegan los libros de Nación, sino porque, ante la crisis de recursos, muchos municipios tampoco enviaron sus libros de estudio a las escuelas.

Esta triste realidad surge de conversar con docentes y también con padres de alumnos de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, donde la crisis política que supone administraciones nacional, provincial y municipal de distinto signo político se traduce en el aula como la ausencia de materiales didácticos.

El hombrecito de jengibre que nadie vio

Mónica Amabile tiene 49 años, es maestra de primer grado en la Escuela 97 “Juana Manso de Noronha”, de Villa Celina, en La Matanza. “Vengo de una comunidad de muy bajos recursos. Si necesitamos fotocopias, las pago de mi bolsillo, porque las familias no las pueden pagar. Este año ni siquiera hice lista de materiales, les dije ‘Traigan lo que tengan, el cuaderno que puedan’; no pedimos materiales para el aula porque la situación está muy difícil, solo pedimos que traigan rollos de papel porque empieza la temporada de mocos. Algunos pudieron traer y otros, no”, cuenta.

Por estos días, por ejemplo, tiene que enseñarles a leer a niños de 6 años con El hombrecito de jengibre, uno de los textos que antes mandaba la Nación, pero que al día de hoy no llegó. “Imaginate, primer grado, estamos enseñando a leer y a escribir, apoyándonos en un texto de práctica de lenguaje y no lo tenemos como recurso. Y nos dicen ‘Trabajen con materiales audiovisuales’. El material audiovisual está bárbaro, pero no es lo mismo. Los chicos necesitan el libro de texto en formato papel, donde pueden ver las letras, lo abren, lo miran, lo manipulan. Todo muy difícil porque tampoco tenemos todavía los libros tipo manuales que mandaba la Provincia o el municipio. Enseñamos a leer en el aire, no tenemos materiales didácticos. Muy desigual”, apunta la docente.

“Los libros que llegaban como parte del plan lector eran un insumo importante y todavía es parte del programa de estudios, pero no están. Muchas veces por ahí uno no estaba de acuerdo con el tipo de libro, pero lo usábamos igual, era el que tocaba. Yo me pregunto, ¿cómo les enseñamos a leer y escribir sin libros?”, dice Mónica.

Resultan llamativos testimonios como los de esta docente, mientras desde la Secretaría de Educación de la Nación se promociona el nuevo plan de alfabetización temprana, o se debate sobre el método fonológico o estructurado, o desde la Presidencia se denuncia –con razón– que los chicos no entienden lo que leen.

En Laferrere: “usen audiolibros”

Natalia González es docente de sociología en las secundarias N°2 y N°23, de Laferrere. “Hoy la situación es crítica desde el punto de vista de los materiales didácticos. No hay materiales, esos que antes mandaban de la Nación. Antes también llegaban desde el municipio, pero este año no llegó nada de eso. Y en las primarias con las que articulamos tampoco están los materiales del programa de lectura de la Nación, que era para estimular la alfabetización y el desarrollo de la lectoescritura. Enviaban cuentos cortos a todas las primarias, para armar una biblioteca aúlica y después cada estudiante podía quedarse con el ejemplar a fin de año. Se orienta a las docentes para que busquen audiolibros o descarga virtual, digamos, alternativas, porque libros físicos, de esos que se abren y se cierran, y se leen, de esos no hay”, detalla. Además de docente, González es exdiputada nacional (2017-2019) por el FIT y además es activista gremial. Dice que la falta de materiales genera mucha angustia a los docentes.

“Yo trabajo en La Matanza hace muchos años y la situación es crítica; incluso, al avanzar la crisis social y el deterioro salarial, las propias docentes cuentan con menos recursos que antes ponían en función de comprar materiales didácticos, desde pagar de sus bolsillos lapiceras, gomas, reglas, afiches o distintos materiales para trabajar en el aula, hasta las fotocopias. Nosotras, como profesoras de secundaria, estamos en un dilema. Cuando tenés 20 o 25 estudiantes, sacar fotocopias para todos es muy costoso y no contamos con dispositivos, porque no hay netbooks en las escuelas. Tampoco podés contar con los celulares de los chicos, porque por ahí no tienen datos y el wifi de las escuelas no funciona, es decir que al interior del aula los recursos de la didáctica son escasísimos, y cada vez peor porque no están garantizados por el Estado”, lamenta.

El diagnóstico crítico se repite en las distintas jurisdicciones en las que estos materiales eran de uso cotidiano. No es el caso de la Capital, porque hace varios años el gobierno porteño decidió editar e imprimir sus propios materiales. Desde la Ciudad se detalla además que, muchas veces, esos libros que enviaba la Nación no se utilizaban e iban a parar a las bibliotecas. Ese fue uno de los argumentos que utilizó el Ministerio de Capital Humano para decidir dar de baja el programa e incluso impulsar alternativas, tales como la propuesta –hasta ahora no es más que eso– de que cada jurisdicción compre sus propios textos y después tramite un reembolso que saldría del fondo del programa de lectura. Aunque no se habló de números concretos.

LA NACION consultó a las autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, pero al cierre de esta nota no había habido novedades sobre la decisión de reactivar o desactivar definitivamente el programa de libros.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación (Dgcye) bonaerense se informó que, entre 2003 y 2015, el Ministerio de Educación nacional distribuyó más de 90 millones de libros. “Creemos que un ministerio nacional (ahora secretaría) debe estar al servicio de esas políticas que a veces les resultan más difíciles de realizar a las provincias. En la gestión anterior, la provincia ha recibido alrededor de ocho millones de libros, libros en relación uno a uno con los estudiantes: lengua, matemática, manuales, que han sido de enorme utilidad, de enorme valor”, respondieron. También se agregó que desde la Dgcye se sumaron “a esa enorme cantidad de libros, otros libros que hemos distribuido, porque creemos que para mejorar la educación tiene que haber condiciones de enseñanza y aprendizaje materiales, y también tiene que haber libros”. Finalmente, se cuestionó la decisión de la Secretaría de Educación nacional: “Ya han adelantado que no van a comprar libros, nos invita a las provincias a comprarlos y después podría haber un hipotético reembolso que, a la luz de las decisiones políticas que está tomando, como eliminar el Fondo de Incentivo Docente o el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, de parar todas las obras que hay en materia de construcción de escuelas en la provincia de Buenos Aires, no tenemos muchas expectativas de que después haya dinero para libros. Discontinuaron las partidas tecnológicas, discontinuaron una cantidad de políticas referidas a la formación docente y a la educación técnica, así que la eliminación de la política de distribución de libros es una más de un Estado Nacional absolutamente desertor, que obviamente entendemos que no le importa la educación pública y que deja esa educación librada a la suerte de las provincias”.

En Quilmes, solo libros compartidos

El panorama se repite en muchos de los municipios bonaerenses. Mirtha F. es docente de segundo grado en una escuela en Quilmes. “No recibimos nada de materiales este año. Nada de Nación y nada de Provincia”, dice esta docente, que pidió no revelar su nombre completo. “Todo se interpreta políticamente, es muy triste, porque somos nosotros y los chicos los que quedamos en el medio”, agrega. “Lamentablemente, ante esta situación tampoco se nos permitió pedirles a los padres que pudieran hacer una compra de libros. La inspectora no nos autorizó. Es decir que nos estamos manejando únicamente con el material que hay en la biblioteca de la escuela, o lo que podemos llevar las docentes”, explica.

“El problema es que en la biblioteca no hay un libro para cada uno, o si hacemos fotocopias son para compartir. Si no, lo que hacemos es darles la información, leerles, y que ellos contesten. Eso no sirve para que avancen en la comprensión lectora. En el mejor de los casos, hay un texto cada dos chicos, o a lo mejor conseguimos cinco libros para todo el grado y los hacemos trabajar en grupos. Pero el agravante es que el libro es de la escuela, entonces no se lo pueden llevar. Si no terminaron en clase, no pueden seguir trabajando en casa. Es muy difícil trabajar así. Yo que tengo segundo grado, les armé un cuadernillo en PDF, para que el que pueda lo imprima o le vaya haciendo fotocopias de a poquito; aun así, no todos pueden traerlo”, revela.

La hija de Daniel Waisberg está en segundo grado en la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (Ensam) de Lomas de Zamora, donde el año pasado un grupo de padres denunció distintos problemas edilicios, que al día de hoy estarían solucionados. “Hay una situación difícil, que supongo que pasa en otras escuelas también: si los padres no nos organizamos en la cooperadora para comprar material de limpieza o luminarias, no tenemos nada. Por ejemplo, los consejos escolares mandan solo lavandina para limpiar y lamparitas mandan muy pocas. Entonces las compramos los padres”, afirma.

“Lo que es libros y cuadernos de estudio este año no recibimos nada. El libro de inglés lo compramos nosotros. El año pasado, igual. Y en cuanto a los manuales, la maestra nos dijo que no habían mandado los de la Nación y que Provincia había prometido mandar libros, pero todavía no habían llegado. Así estamos. Confío en la maestra que tiene mi hija que es muy buena, les imprime cosas y saca fotocopias. Ella lo va resolviendo, pero es un problema, porque creo que el Estado debería tener mecanismos que permitan unificar. No puede ser que dependa del voluntarismo individual de cada docente o de los recursos que cada una de ellas ponga”, cuestiona Waisberg.