Emiten recomendación a INM por retorno ilegal de familia colombiana

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Tras comprobar que cuatro personas de nacionalidad colombiana fueron retenidas por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo (AICQ), impidiéndoles tomar un vuelo internacional a los Países Bajos y retornándolos a su país de origen sin que esas acciones se fundamentaran jurídicamente y sin atribuciones para ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación.

La queja, presentada el 31 de mayo de 2023, indica que el 22 de mayo de ese año, la víctima viajó con su familia, integrada por su esposa y sus dos hijas, todas de nacionalidad colombiana, al AICQ, donde tomarían un vuelo con conexión a Ámsterdam.

Al arribar, fueron recibidos por un elemento del INM, quien los canalizó a un área donde no les permitieron abordar su vuelo de conexión y, por el contrario, les obligaron a retornar ese mismo día a su país de origen. Además, en la sala donde se les alojó para esperar su vuelo de regreso había hombres adultos, lo cual fue incómodo para las tres mujeres.

Por ello, la CNDH inició el respectivo expediente de queja y se solicitó información al INM. A partir de las evidencias recabadas, se acreditaron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad de tránsito, en agravio de las cuatro personas en contexto de migración.

La CNDH recomendó al INM colaborar en la inscripción de las cuatro víctimas en el Registro Nacional de Víctimas y que proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado.

También deberá proporcionarles la atención psicológica que requieran, por parte de personal profesional especializado, de forma continua, atendiendo a sus necesidades específicas y con su pleno consentimiento, además deberá colaborar con la autoridad investigadora en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que se presentará en el Órgano Interno de Control en el INM, contra las personas servidoras públicas involucradas en los hechos.