Eliminación de prisión preventiva dejaría en libertad a 68 mil presuntos delincuentes, dice Segob a Corte

Al menos 68 mil presuntos delincuentes quedarían en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa, dijo este martes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. 

A propósito de la discusión que llevará a cabo la Suprema Corte sobre el tema en las próximas semanas, la funcionaria informó que el Gabinete de Seguridad envió una carta a las y los ministros donde plantearon las consecuencias que podría tener la eliminación de dicha medida cautelar. 

“El viernes pasado, el gabinete de seguridad le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy”, señaló en conferencia matutina desde Palacio Nacional. 

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De acuerdo con Alcalde, de estos presuntos delincuentes: 

• 11 mil 640 están acusados de homicidio 

• 7 mil 150 de secuestro

• 5 mil 617 de violación

• 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo

• 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos

• mil 405 de feminicidio

• mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores

• 405 de delincuencia organizada

Estado de México, el más afectado 

Alcalde destacó que el Estado de México sería la entidad más impactada por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa al registrar 21 mil 718 personas bajo esta figura. 

Otros estados afectados serían Jalisco con 8 mil 342 casos; Veracruz con 4 mil 554; Michoacán con 3 mil 315 y Puebla con 3 mil 44. 

La titular de Gobernación advirtió que una decisión así pondría en riesgo a testigos y víctimas, a policías, personal de las Fiscalías, juzgadores y a la población en su conjunto. 

Asimismo atentaría contra la seguridad nacional porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado que cuentan con capacidad económica y operativa para darse a la fuga. 

La funcionaria señaló que esto además implicaría una carga excesiva de trabajo para las fiscalías y juzgados, aumentando los tiempos destinados a procesos y resoluciones. 

Proyecto de Suprema Corte para eliminar prisión preventiva oficiosa

En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará un proyecto que propone invalidar el artículo 19 constitucional y de esta manera, inaplicar la prisión preventiva oficiosa. 

El proyecto corre a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en respuesta a la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso García Rodríguez y Otro vs México. 

Dicha sentencia determinó que México debe adecuar sus leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva oficiosa por ser inconvencional. 

Gobernación pide a Suprema Corte no excederse y atacar problema de fondo 

Alcalde señaló esta mañana que la Suprema Corte se excedería en sus facultades al anular el artículo 19 constitucional, ya que el Congreso de la Unión es el único poder encargado de eliminar o reformar la Constitución. 

“Nos parece que con esta decisión, el Poder Judicial es asumirse como el gran poder de los poderes”, acusó. 

Insistió en que la decisión vulneraría la soberanía nacional pues los organismos internacionales no pueden hacer que los estados renuncien a su derecho a autodeterminarse. 

“Ningún estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su constitución, su régimen político ni su forma de gobierno, hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia”, sostuvo. 

Finalmente, hizo un llamado a la Suprema Corte a respetar la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias de eliminar la prisión preventiva oficiosa y atacar uno de los problemas de fondo que se relaciona con la enorme tardanza en las resoluciones de sus asuntos. 

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Actualmente, la prisión preventiva oficiosa está contemplada en el artículo 19 de la Constitución y se aplica para delitos como el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, la trata de personas, el uso de programas sociales con fines electorales y los actos de corrupción encaminados al enriquecimiento ilícito.

Ese catálogo de delitos se amplió este sexenio mediante una reforma impulsada por Morena.