Elecciones: normalidad trastocada

El proceso electoral en curso transcurre bajo una normalidad trastocada. Veamos. La semana pasada ocurrieron dos hechos que deben llamar nuestra atención. La comisión de quejas y denuncias dictó las enésimas medidas cautelares contra el presidente de la república por su intromisión sistemática en el proceso electoral. Sus referencias a partidos, candidatos, campañas violan lo que establece la constitución y la ley electoral, pero lejos de abstenerse, ahora se victimiza y denuncia que se puede estar gestando “un golpe de Estado técnico”.

Ello no sería otra cosa que, desde la autoridad jurisdiccional, se valoraran las continuas violaciones a la constitución a la hora de calificar la elección. Es en efecto un riesgo, y si en verdad se quiere evitar ese escenario, el presidente debiera controlar su incontinencia electoral. Aunque sabe que no debe, no puede evitar referirse cotidianamente a los comicios. Parece una invitación a la polarización e inevitable judicialización del proceso electoral. Es una reiteración que lo único que hace es seguir enrareciendo el clima de la elección.

El otro hecho relevante es el debate en el INE sobre el combate a la compra y coacción del voto. La campaña de Xóchitl Gálvez usó de manera inadecuada el logo del INE para reiterar que el mensaje de que los programas sociales no son patrimonio de ningún partido y que son derechos consagrados en la constitución. Pues bien, ahora se pone en duda si el INE debe emprender o no una campaña en contra de la compra y coacción de voto, cuando ha sido una práctica institucional velar por el voto informado.

Las encuestas publicadas recientemente dan cuenta de la influencia que tiene en la intención de voto el ser beneficiario o no de un programa social. Lo cual, por cierto, no es ninguna novedad y justamente por ello es que se emprendían campañas recordándole al electorado que el voto libre es justamente aquel que se emite sin condicionamientos.

En las recientes elecciones federales de 2019, el INE recordaba que los programas sociales, las obras públicas, los servicios que prestan las autoridades no pertenecen a ningún partido pues se pagan con los impuestos que todos pagamos, reiteraba la invitación al voto libre e invitaba a denunciar ante la fiscalía cualquier condicionamiento del voto. Esa rutina institucional para combatir la compra y coacción hoy parece cuestionada a raíz del yerro de la campaña de Gálvez. Espero se corrija.

En fin, en la muy reciente normalidad democrática, el ejecutivo, en todos los niveles se abstenía de participar en los procesos electorales, y desde las instituciones se velaba porque se preservara el voto informado y se combatiera la compra y coacción del voto. Ojalá muy pronto restauremos esa normalidad.

* Rodrigo Morales M. (@rodmoralmanz) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.