Lo que la elección de Donald Trump podría significar para la pena de muerte en EE.UU.

(CNN) – Los opositores a la pena de muerte se están preparando para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, temiendo que esto anuncie una nueva ronda de ejecuciones federales, en un eco de los últimos meses de la primera administración del presidente electo.

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Muchos de esos defensores, que dicen que la pena de muerte se aplica de manera desigual e injusta, entre otras preocupaciones, ahora están apelando al presidente Joe Biden para que conmute todas las sentencias de muerte federales restantes, dejando así a ningún prisionero federal esperando ejecución cuando Trump asuma el cargo.

Trump, durante la campaña de 2024, indicó que reiniciaría las ejecuciones federales y trabajaría para expandir el grupo de crímenes elegibles para la pena capital bajo la ley federal, que generalmente permite la pena de muerte en casos de asesinato, espionaje y traición.

El presidente electo expresó su apoyo para imponer la pena de muerte a los traficantes de personas y narcotraficantes condenados, al mismo tiempo que decía que buscaría que los fiscales persiguieran la pena de muerte para los migrantes que matan a ciudadanos estadounidenses o cualquier persona que mate a un policía. Si bien Trump se ha distanciado públicamente del Proyecto 2025, la hoja de ruta de segundo mandato escrita por sus aliados y miembros de su primera administración también llama al presidente electo a “hacer todo lo posible para obtener la claridad” para aquellos que aún están en el corredor de la muerte federal. También quiere que la pena de muerte federal se amplíe para incluir a personas condenadas por abusar sexualmente de niños, una aplicación que la Corte Suprema de EE.UU. ha encontrado inconstitucional.

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Los grupos abolicionistas, organizaciones de defensa y abogados defensores no dudan de que otro mandato de Trump verá ejecutar a más de los aproximadamente 40 prisioneros en el corredor de la muerte federal, señalando las 13 acciones de este tipo llevadas a cabo en los meses anteriores a la salida de Trump de la oficina a principios de 2021, la primera a nivel federal en casi dos décadas.

“Vimos de lo que es capaz”, dijo Abraham Bonowitz, director ejecutivo de la organización abolicionista Death Penalty Action, sobre Trump. “Y en esta promesa suya, debemos creerle”.

Los defensores tienen pocas esperanzas de que los tribunales remediarán presuntos errores en los casos de los internos que de otro modo podrían hacerlos inelegibles para la ejecución, le dijeron a CNN. Y dudan que las súplicas de clemencia sean escuchadas con simpatía por Trump. Así que, muchos están pidiendo a Biden, un demócrata que hizo campaña con la promesa de buscar legislación para abolir la pena de muerte federal, que conmute las sentencias de muerte de aquellos recluidos en el corredor de la muerte en Terre Haute, Indiana, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, creyendo que esto frustraría los esfuerzos para ejecutarlos.

“Hacerlo reconocerá al mismo tiempo las preocupaciones de larga data sobre la problemática forma en que se ha utilizado la pena de muerte federal, cumplirá su promesa de campaña y negará al presidente Trump la oportunidad de ejecutar a esos hombres”, dijo Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. La organización no toma una posición a favor o en contra de la pena de muerte, pero ha sido crítica de su administración.

Al ser contactada para hacer un comentario, la portavoz de la transición Trump-Vance, Karoline Leavitt, dijo: “Ninguna política debe considerarse oficial a menos que provenga directamente del presidente Trump”.

Robyn Patterson, portavoz de la Casa Blanca de Biden, dijo a CNN: “El presidente Biden se ha comprometido a reformar nuestro sistema de justicia penal, y lo ha hecho a través de su autoridad de clemencia de una manera que brinda segundas oportunidades, asegura la justicia equitativa bajo la ley y fortalece la seguridad pública”.

“El presidente continuará evaluando las peticiones de clemencia de manera reflexiva y deliberada”, dijo Patterson.

Las ejecuciones federales eran raras antes de Trump

El Gobierno federal y el Ejército de EE.UU. conservan la pena de muerte, al igual que 27 estados, aunque las ejecuciones están en pausa en seis de esos estados por decreto, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Las ejecuciones por parte del Gobierno de EE.UU. han sido por décadas particularmente raras: antes de las ejecuciones llevadas a cabo bajo Trump, solo se habían registrado tres desde 1988, cuando el Congreso restableció el castigo. Y en las últimas décadas, el número de ejecuciones a nivel nacional se ha desplomado drásticamente después de los máximos históricos a finales de los años 90 y principios de 2000.

En el primer mandato de Trump, el entonces secretario de Justicia William Barr anunció en 2019 que el Gobierno reanudaría las ejecuciones federales en un esfuerzo por garantizar justicia para las víctimas de esos reclusos. Las sentencias de muerte, notó, habían sido solicitadas bajo administraciones republicanas y demócratas, “y se lo debemos a las víctimas y sus familias cumplir con la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”. El presidente puede conmutar penas, pero no puede ordenar de forma independiente una sentencia que desee. Si los fiscales federales buscan una sentencia de muerte es una decisión tomada por los fiscales de EE.UU. en todo el país, en consulta con el Departamento de Justicia y el fiscal general de EE.UU.

Si bien un presidente no puede influir directamente en la pena capital en los estados, algunos opositores a la pena de muerte temen que una postura agresiva del equipo entrante de Trump con respecto a las ejecuciones federales se traslade a los estados, quizás fomentando más ejecuciones.

“No podemos ignorar la influencia de Trump en los estados que continúan imponiendo la pena de muerte”, dijo Yasmin Cader, vicedirectora legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y directora del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad. “Su retórica puede y ha fomentado medidas y actitudes draconianas por parte de líderes en los estados en varios temas, incluido el contexto del sistema legal penal”.

La pena de muerte es defectuosa, dicen los críticos

Se piensa que la pena de muerte está reservada para los “peores de los peores”, personas condenadas por crímenes particularmente atroces. El corredor de la muerte federal incluye perpetradores de ataques de alto perfil, como Dzhokhar Tsarnaev, uno de los dos hermanos responsables del atentado del maratón de Boston, y Dylann Roof, un supremacista blanco que asesinó a nueve feligreses negros en Charleston, Carolina del Sur. Pero los críticos de la pena de muerte dicen que es una política fallida. Citando, entre otras cosas, la naturaleza arbitraria de su aplicación, su aplicación desproporcionada contra personas negras, su uso contra personas con enfermedades mentales y el riesgo de ejecutar a personas inocentes.

Lisa Montgomery, quien en 2021 fue la única mujer en el corredor de la muerte federal, fue ejecutada durante los últimos días de la primera administración de Trump. Fue condenada por el asesinato en 2004 de una mujer embarazada cuyo bebé sobrevivió después de que Montgomery cortara al feto de la madre.

Los abogados de Montgomery argumentaron a favor de detener la ejecución, diciendo que la reclusa padecía una grave enfermedad mental y que de niña sufrió horribles abusos sexuales facilitados por su propia madre. Una de las abogadas de Montgomery, Kelley Henry, jefa de la Unidad de Habeas Capital con sede en Nashville, cree que Montgomery era mentalmente incompetente, lo que la hace inelegible para la ejecución bajo la octava enmienda. Los abogados de Montgomery creían que tenían un caso convincente, dijo Henry, y una oportunidad de salvar su vida. “Ver que nunca realmente lo hicimos trae a casa la realidad de lo que estamos a punto de ver”, dijo por teléfono la semana pasada mientras estaba sentada afuera de la penitenciaría federal en Terre Haute. Ella representa a dos reclusos que ahora están en el corredor de la muerte federal. El ambiente allí, dijo, es “increíblemente aprehensivo”.

“Vimos durante el final de la última administración su objetivo unificado de ejecutar a tantas personas como fuera posible. Ni siquiera dejaron que una pandemia o realmente el estado de derecho se interpusiera en su camino”, dijo.

‘Un imperativo moral’

Una delgada mayoría de adultos estadounidenses sigue apoyando la pena de muerte, según encuestas. Gallup encontró que el 53% de los encuestados a principios de octubre apoyaban la pena de muerte para los asesinos condenados, según los resultados publicados la semana pasada. Ese fue el mismo nivel de apoyo documentado en una encuesta un año antes, cuando Gallup también encontró por primera vez que el 50% de los encuestados creía que la pena de muerte se aplicaba injustamente.

Cuando Biden asumió el cargo, los críticos de la pena de muerte esperaban que cumpliera con el deseo expresado en su campaña de trabajar con el Congreso para abolir la pena capital a nivel federal. Sin embargo, el presidente saliente no lo ha hecho, aunque su Departamento de Justicia de EE.UU. bajo el secretario de Justicia Merrick Garland ha detenido las ejecuciones federales mientras los funcionarios revisan sus políticas y protocolos. A pesar de la falta de un cambio significativo y duradero en la política, algunos defensores continúan elogiando a Biden por su postura sobre la pena de muerte. Biden no podría haber gastado capital político en abolir la pena de muerte cuando otras iniciativas políticas afectarían a muchos más estadounidenses, dijo Bonowitz de Death Penalty Action a CNN.

Sin embargo, ahora los defensores están apelando a Biden para que conmute todas las penas de muerte federales pendientes para que Trump quede con una hoja en blanco para las ejecuciones.

“No es el momento de retroceder en la abolición de la pena de muerte,” dijo Krisanne Vaillancourt Murphy, la directora ejecutiva de la Red de Movilización Católica, en un comunicado anunciando la intención de la red de pedir a Biden, él mismo un católico devoto, que conmute las penas de muerte. Death Penalty Action ha presentado una súplica similar a la Casa Blanca, dijo Bonowitz, en una carta firmada por la presidenta del grupo, la reverenda Sharon Risher. Su madre y dos primos estuvieron entre las personas que murieron tras haber sido baleadas por Roof en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Mother Emanuel de Carolina del Sur. Pero ella desearía que el tirador hubiera sido condenado a cadena perpetua en su lugar, en parte debido al largo proceso de apelaciones, que la obliga a revisar su dolor una y otra vez.

La carta, cofirmada por numerosas organizaciones como la ACLU Foundation, Amnistía Internacional EE. U. y el Innocence Project, implora a Biden que “actúe con decisión” para prevenir más ejecuciones bajo Trump.

“Es vital que le niegue esa oportunidad conmutando cada pena de muerte que quede en los corredores de la muerte federales y militares” dice, pidiendo también a Biden que demuela la cámara de ejecución federal en Terre Haute, Indiana, entre otros pasos.

“Terminar con la pena de muerte federal y militar no solo es un paso importante hacia la corrección de las múltiples fallas en el sistema legal penal en los Estados Unidos”, dice la carta, “es tanto una buena gobernanza como un imperativo moral”.

“Continuaremos trabajando hacia ese objetivo”.

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