Yahoo Noticias El “sigiloso grupo” de magnates que ayuda a movilizar el voto de jóvenes y minorías en favor de candidatos demócratas
¿Cómo revertir la ventaja que Donald Trump tiene en varios estados del sur del país, que han votado mayoritariamente por el Partido Republicano, y que en buena medida constituyen la base de sus posibilidades de reelección en 2020?
La respuesta resulta crítica para muchos y es parte de una estrategia que, primero como una suerte de ensayo en las elecciones intermedias de este 6 de noviembre pero sobre todo con miras a una acción mucho más amplia en las de 2020, cuando estará en juego la Presidencia, es impulsada y financiada por un poderoso grupo de magnates vinculados al Partido Demócrata.
Se trata, de acuerdo al portal Politico, del grupo Democracy Alliance y entre sus integrantes figuran personas de enorme influencia y fortuna como los magnates Georges Soros y Tom Seyer, interesados en promover una plataforma liberal y progresista.
En las elecciones en Estados Unidos el dinero tiene un papel fundamental y con frecuencia decisivo. Los fondos para la operación de las campañas de los candidatos, para la propaganda que por todos los medios se difunde con propuestas y ataques o para la logística y la promoción del voto construyen, definen o minan las posibilidades de una candidatura.
En ese contexto, los recursos privados tienen un papel sustantivo: desde pequeñas contribuciones de los ciudadanos comunes (que acumuladas se vuelven sustanciales) hasta ingentes contribuciones que magnates y organizaciones destinan a los llamados comités de acción política (PAC), entidades que sin necesariamente financiar a campañas y candidatos de modo directo sí influyen poderosamente en la percepción pública hacia ellos y en la movilización y el sentido del voto.
En realidad, existen multitud de grupos que inciden, con dinero, apoyo y actividades, en los procesos políticos y en las elecciones estadounidenses. Los hermanos Charles y David Koch y su organización Americans for Prosperity, por ejemplo, han sido poderosos e influyentes impulsores de instituciones y personalidades en pro de una agenda conservadora, con frecuencia en sintonía con el Partido Republicano.
Pero hay una gran variedad de grupos y enfoques, situación que muchos consideran una prerrogativa legítima para que la sociedad participe en la marcha política de Estados Unidos y otros lo rechazan como una abierta forma de manipulación, vía el dinero, de los procesos democráticos para beneficio de agendas particulares o sectarias.
En buena medida, buena parte de los recursos, la actividad y la propaganda política, para apoyar o denigrar a ciertas personas, instituciones y causas, proviene de esos grupos privados, que tienen cada uno, su ideología, su orientación, sus tácticas y sus valores. Y aunque son independientes de partidos y candidaturas, en realidad tienen sintonía, más o menos cercana, con unos y otros en función de la agenda y los objetivos de cada uno.
Y hay casos en que ese dinero se dedica también a tareas de organización y desarrollo de votantes, como es el caso de lo que, de acuerdo a Politico, realiza Democracy Alliance, un “sigiloso club” de magnates afines al Partido Demócrato, en apoyo de organizaciones dedicadas al registro y la movilización de votantes en algunos estados del llamado ‘cinturón del sol’, una amplia área del sur de Estados Unidos que, en buena medida, se inclina políticamente hacia el Partido Republicano.
La idea, a grandes rasgos, es que más personas voten por candidatos demócratas en esos estados usualmente de mayoría republicana, de modo que esa ventaja comience a diluirse y, posiblemente, llegue a revertirse en favor de los demócratas. O al menos a sacudir la noción de que esos estados están asegurados para los republicanos en la elección presidencial de 2020 y, por ende, en tanto que se vuelven competitivos, transformar los balances y las estrategias de candidatos y partidos.
Arizona es un caso singular. Su votos al colegio electoral, que cada estado aporta y que son los que eligen al presidente, fueron para Trump en 2016, para Barack Obama en 2008 y 2012, para George W. Bush en 2004 y 2008 y para Bill Clinton en 1992 y 1996. Es un estado, por ende, que ha fluctuado entre republicanos y demócratas y, por ello, puede volverlo a hacer.
Por añadidura, en Arizona hay una creciente población latina que, si votara en la proporción de su demografía, podría inclinar la balanza. La estrategia de Democracy Alliance allí es, dice Politico, incrementar el número de votantes jóvenes y de minorías para que opten por las opciones demócratas y progresistas con miras a ganar las competidas elecciones a la gobernatura y al Senado y con ello sentar las bases para un giro incluso mayor en los comicios presidenciales de 2020.
Y aunque dentro de los estamentos progresistas y demócratas hay quien cree que los esfuerzos y los recursos podrían con mejor perspectiva concentrarse en otros estados –por ejemplo Wisconsin, Michigan o Pennsylvania- que eran históricamente demócratas pero cuyos votantes, sobre todo personas de raza blanca y mayor edad, se inclinaron decisivamente por Trump en 2016, otros creen que, en paralelo a los esfuerzos en esos estados conviene impulsar transformaciones en Arizona, en Texas o en Georgia, por ejemplo, y con ello propiciar transformaciones significativas.
Según político, los ricos afiliados a Democracy Alliance hacen contribuciones anuales de al menos 300,000 dólares, y varios presumiblemente aportan más, para financiar sus operaciones.
Entre las organizaciones apoyadas por Democracy Alliance en Arizona figuran, por ejemplo, Living United for Change (LUCHA), que como explic hace tareas de apoyo a inmigrantes, ha promovido leyes para ampliar los derechos e ingresos de los trabajadores e impulsa la reforma del sistema de justicia, entre otras tareas. Mucha de su actividad se da en la comunidad latina y en español.
Con trabajadores contratados y voluntarios, LUCHA va casa por casa en Arizona para convencer a ciudadanos, sobre todo los jóvenes, de registrarse para votar y de hacerlo en las elecciones. Y, desde luego, hace promoción de los candidatos demócratas para que esos nuevos votantes se inclinen por ellos, en especial la candidata al senado Kyrsten Sinema y el candidato a gobernador David García. Ambos buscan posiciones actualmente ocupadas por republicanos.
La movilización de los jóvenes y los latinos en apoyo de un cierto candidato o partido fue de importancia en elecciones pasadas. En 2015 y 2016, por ejemplo, un fervor juvenil por Bernie Sanders fue uno de los pilares de su aspiración presidencial. Y los hispanos son ya un factor de peso en varios estados (en California, Nueva York, Illinois, Texas y Florida, por ejemplo) y lo serán de modo creciente allí y en otros estados, como Arizona, Nevada y Colorado. Los jóvenes votantes afroamericanos, a su vez, tienen también una perspectiva de enorme influencia en esos y otros estados, por ejemplo en Georgia.
La animadversión que en las comunidades hispanas y afroamericanas, y también entre los jóvenes en general en muchas instancias, existe hacia la presidencia de Donald Trump es un factor que puede traducirse en votos por los demócratas en 2018 y en 2020. Y en ello estarían abocados esfuerzos como los de Democracy Alliance, entidad que en Nuevo México también apoya a la Native American Voters Alliance in New Mexico, organización que promueve el voto entre los nativoamericanos y trabaja en las reservaciones indias de Nuevo México.
Muchas personas, en todos los espectros políticos, han deplorado la inyección de enormes sumas privadas a los procesos políticos y electorales en Estados Unidos al considerar que crean distorsiones y promueven el interés social el de ciertos individuos o grupos, una forma de control que puede ser antidemocrático. Pero también se afirma que muchos de esos grupos apoyan causas con validez y que su apoyo financiero y logístico puede contribuir a lograr mejoras y avances de beneficio general y a compensar otras alteraciones en el proceso democrático.
La polémica sentencia de la Corte Suprema ‘Citizens United v.FEC’ afirmó que la Primera Enmienda Constitucional que garantiza la libertad de expresión prohíbe al gobierno limitar las contribuciones independientes de individuos y organizaciones a cuestiones de comunicación y eso abrió la puerta a un flujo ingente de recursos económicos volcados a propaganda de corte político electoral.
Sea como sea, la ley es lo que es y la actividad de grupos como Democracy Alliance y los impulsados por los hermanos Koch, entre muchos otros, es considerable e influyente.
