El incierto destino de los niños centroamericanos que cruzaron solos a EEUU

Son niños y adolescentes deseosos de paz y de justicia. El terror y la incertidumbre han tenido para ellos muchos rostros. En su terruño de Honduras, Guatemala o El Salvador fue la amenaza del pandillero, el 'mara’, el sicario o el funcionario corrupto que domina y asola sus barrios. Fue la pobreza y la desesperanza en la que miles y miles viven y de la que muchos huyen con rumbo a Estados Unidos.

Luego la amenaza se encarnó, en el viaje por México, en el delincuente que roba o abusa de ellos, que incluso los mata o desaparece, de los traficantes de humanos que ‘facilitan’ con grave costo su recorrido,  de las autoridades que los acosan –con apego o no a la ley– y de las inclemencias terribles de la naturaleza, o de la incertidumbre a bordo de un tren que tiene algo bestial en su nombre y en sus características. Son menores de edad, muchos de ellos apenas niños, que por decenas de miles hicieron el incierto viaje desde Centroamérica, pasando por México, hasta Estados Unidos. Pero una vez que llegaron aquí su odisea apenas comienza.

Miles lograron, pese a todo, cruzar la frontera y entrar a Estados Unidos, sin documentos, con la esperanza de reunirse con sus familiares. El desierto y el terrible desgaste afectaron a muchos, pero otros consiguieron, al menos, su propósito de entrar al país para emprender, entonces, la lucha por quedarse.

En medio de una crisis migratoria, los tocó encarar, sufrir y a veces superar el hacinamiento de los centro de detención, las leyes y los prejuicios criminalizantes, el racismo, el uso de sus casos en batallas políticas ajenas, el idioma desconocido, la falta de defensa legal, la soledad, y más y más incertidumbre. Al final, miles han conseguido –quizá solo de modo temporal y en una profunda precariedad legal- el éxito de reunirse con sus familias. Otros han sido devueltos, o lo serán, a su punto de partida: la realidad de la pobreza, la violencia y la desesperanza.

Al menos unos 68,445 menores centroamericanos entraron solos y sin documentos a Estados Unidos por la frontera con México y fueron detenidos por las autoridades en el intento de reunirse con sus familias durante el año fiscal 2014. La inmensa mayoría de ellos lo hizo cruzando el Río Grande y entrando a Texas, de acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y fueron recluidos en centros de detención migratoria. Junto a ellos, otras miles de familias con hijos menores cruzaron y fueron detenidas y recluidas también en esos centros.

DE LA DETENCIÓN A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Durante el 2014, la opinión pública fue fuertemente impactada por las revelaciones sobre el cruce masivo de menores solos, las condiciones precarias y de hacinamiento en las que se les albergó inicialmente, y los problemas legales, económicos, sanitarios y psicológicos que esos menores enfrentaron, y aún enfrentan, en su lucha por quedarse con sus familiares en Estados Unidos. Pero poco es lo que se ha sabido sobre su destino una vez que son procesados en los centros de detención por DHS y entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos).

En principio, la ORR reportó que recibió de DHS a 57,496 menores durante el año fiscal 2014, la enorme mayoría de ellos procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Lo que le sucedió a la diferencia entre los 68,445 menores detenidos por DHS y los 57,496 que ORR recibió no es claro. Es posible que muchos de esos 11,000 permanezcan en centros de detención migratoria y algunos podrían incluso haber sido deportados.

Una vez que DHS entrega los menores a ORR, esta entidad los ubica en albergues temporales, en ocasiones en áreas cercanas a donde viven los familiares de los niños. Estos albergues son operados por organizaciones civiles que colaboran con ORR, y esa entidad paga los gastos de manutención. Los menores permanecen en esos albergues hasta que son entregados a la custodia de sus ‘sponsors’, que por lo general son los padres o familiares de los niños que ya residen en Estados Unidos. Pero la ORR y las organizaciones de apoyo deben realizar un proceso de revisión para identificar claramente a los sponsors y asegurar que el menor quede en buenas manos.

Entregar a los menores a su ‘sponsor’ y con ello reunirlos con sus familiares o personas cercanas no significa que puedan quedarse indefinidamente en el país o que obtengan un estatus legal. En realidad, su estadía es únicamente temporal y condicional para que puedan cumplir con los requisitos legales, acudir a sus citas en una corte de inmigración y de ese modo tratar de lograr quedarse legalmente en el país. Pero no hay garantía de ello.

Según datos de la ORR, en el año fiscal 2014 53,518 menores no acompañados fueron entregados a sponsors y, por ende, se encuentran en proceso legal ante una corte de inmigración, donde se definirá si pueden o no quedarse en el país.  Texas es el estado donde más menores se han reunido con sus sponsors con 7,409 casos. Les siguen Nueva York con 5,955, California con 5,831, Florida con 5,445, Virginia con 3,887, Maryland con 3,884 y Nueva Jersey con 2,680. Otros estados y territorios han recibido otras cantidades menores (incluidos, para señalar algunos casos peculiares, Alaska con 4, Vermont con 3, Montana con 1 y las Islas Vírgenes estadounidenses con 1).

LA DEFENSA LEGAL

La suerte de cada menor una vez que se ha reunido con sus sponsors es incierta. Dado que cada caso se procesa ante una corte de inmigración de modo individual, la información sobre los resultados y los números de esos casos son menos precisos y una gran cantidad de casos se encuentran todavía por resolverse. El factor crítico para incrementar las posibilidades de que un menor consiga quedarse legalmente en el país es contar con una defensa apropiada ante la corte, lo que implica el trabajo de abogados.

Numerosas organizaciones colaboran con abogados voluntarios para asistir a tantos menores como sea posible, pero por lo general el trabajo pro bono resulta insuficiente ante la magnitud del problema a enfrentar. Por ello, contar con recursos para pagar la defensa legal de estos menores es una prioridad. Algunas ciudades han creado presupuestos específicos para ese fin, como San Francisco o Nueva York, y organizaciones civiles, por ejemplo el grupo Kids In Need of Defense (KIND), realizan colectas continuas para financiar esos costos. Y el gobierno federal aportará fondos para pagar a unos 100 abogados y personal legal para ayudar en estos casos. Pero no es suficiente.

De acuerdo a un reporte del grupo TRAC de la Universidad de Syracuse, en 2014 (cifras hasta junio) se presentaron ante cortes de inmigración 19,671 casos de menores que cruzaron solos, de los cuales siguen pendientes 18,631. Según datos del mismo reporte solo un 43% de todos los casos de menores no acompañados presentados ante cortes de inmigración de 2005 a la fecha han tenido la representación de un abogado, pero esa cifra se reduce a 31% en los casos actualmente pendientes.

Según TRAC, en el periodo analizado el 47% de los menores que tuvieron un abogado obtuvieron un fallo favorable a quedarse en Estados Unidos. Los que no contaron con la ayuda de un abogado solo tuvieron éxito en el 10% de los casos. Con todo, ha de señalarse, al menos un 53% de los menores, en el mejor de los casos, no ganará su caso y será sometido a deportación obligatoria o voluntaria. En 2014 específicamente la situación es algo diferente: en el millar de casos resueltos en cortes de inmigración en 2014 (hasta junio) los menores con abogado (305 casos) lograron quedarse en el  66% de los casos, mientras que los que no contaron con representación legal (735 casos) sólo lo lograron en 42%. Sólo el 12% de los menores con abogado recibieron orden de deportación directa y 22% de deportación voluntaria, cifras que fueron 55% y 3% respectivamente en los casos de menores sin abogado.

Así, la presencia de un abogado defensor es clave pues es con ella que un niño pude plantear y defender su caso de la mejor manera posible en términos que le permitan cumplir alguno de los supuestos por los que el juez puede conceder la estancia, entre ellos asilo por ser perseguidos en su lugar de origen, ser víctimas de abuso o negligencia, de tráfico humano o de violencia.

En todo caso, incluso con representación legal la posibilidad de ser deportado pende siempre cercana y ominosa sobre los menores centroamericanos que cruzaron solos la frontera de modo irregular. Datos adicionales de TRAC que recogen cifras de las cortes de inmigración mencionan un panorama menos halagüeño:  de 38,908 casos presentados en corte en el año fiscal 2014 la gran mayoría (34,130) siguen pendientes, pero 4,195 han concluido ya en orden de deportación y tan solo 538 han obtenido un fallo distinto.

Y aunque no puede conocerse aún en qué acabarán todos los procesos pendientes, lo más probable es que miles de niños sean devueltos a sus países de origen. Muchos ya han regresado. Y dado que la reciente orden ejecutiva del presidente Barack Obama en materia de inmigración excluye específicamente de sus beneficios a quienes hayan entrado irregularmente al país después del 1ro. de enero del 2014, todos los menores que cruzaron solos después de esa fecha no serán incluidos en el alivio migratorio y deberán depender, exclusivamente, del resultado de sus juicios.

LOS DEPORTADOS, OTRA VEZ EN LA ENCRUCIJADA

De acuerdo al portal The California Report, las autoridades de inmigración operan 25 vuelos a la semana desde Estados Unidos a Guatemala, El Salvador y Honduras para deportar a ciudadanos de esos países. Ciertamente sólo una fracción de los pasajeros de esos vuelos son niños, algunos acompañados de sus padres, otros solos, pero solo en Honduras, la organización Center for Returned Migrant Services, que colabora con las autoridades estadounidenses, indicó que ya han recibido 123 niños que fueron deportados desde Estados Unidos. Pero en realidad aún no hay claridad sobre el total de menores solos que ya han sido efectivamente deportados de vuelta a Guatemala, El Salvador y Honduras.

Sea como sea, las organizaciones que defienden a estos niños alegan que devolverlos a sus países de origen es arrojarlos de nuevo a los miedos y peligros de los que huyeron, con posibilidad incluso de muerte. Para ellos, el rudo y tremendo viaje hasta Estados Unidos no habría sido sino una suerte de paréntesis, un sueño convertido en pesadilla al regresar.

En tanto, el gobierno federal destinó a mediados de 2014 casi $100 millones en asistencia a Guatemala, El Salvador y Honduras para mejorar las condiciones de seguridad y prevenir la violencia contra los jóvenes. La idea subyacente es atender a esos menores en sus países de origen, y eventualmente concederles a algunos desde allá la posibilidad de radicar en Estados Unidos. Pero el problema en esos países centroamericanos es grave y su solución no se logrará en el plazo inmediato. Empero, como señalan sus defensores, el destino y la vida misma de los menores solos que son regresados a sus países sí estaría en riesgo inmediato, incluso mortal.