El Gobierno español recurre el plan independentista catalán por inconstitucional

MADRID (Reuters) - El Gobierno español pidió el miércoles al Tribunal Constitucional que impugne la resolución del Parlamento de Cataluña que sienta las bases para iniciar de forma unilateral la independencia de la región. Tras un Consejo de Ministros extraordinario, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, dijo que la Abogacía del Estado había presentado ante el máximo tribunal el recurso contra un "desafío rupturista" que cuestiona "la integridad de España". "Supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado. Pretenden acabar con la democracia. No lo permitiré", dijo Rajoy en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del gabinete. La aceptación a trámite por parte del pleno del Constitucional, que se reunirá esta tarde de urgencia, supondría la inmediata suspensión del plan aprobado esta semana en Cataluña, que aboga por una "desconexión pacífica" de España. La decisión definitiva sobre el recurso podría llevar meses. "No se trata únicamente de una reacción ante la iniciativa de un Parlamento, se trata de la defensa de todo un país", añadió el presidente, que dijo contar con el apoyo de la mayoría de votantes, partidos y agentes sociales del país. No está claro qué ocurrirá en caso de que, como se prevé, se suspenda la proclamación al admitirse el recurso, puesto que los partidos soberanistas que tienen mayoría en la cámara catalana desde las elecciones autonómicas de septiembre han dicho que no acatarán las decisiones de un tribunal al que no reconocen. "Si se sigue vulnerando la ley, el Gobierno actuará con firmeza y proporcionalidad", se limitó a decir el jefe del Ejecutivo. Defensor de la unidad de España y contrario a un referéndum sobre la independencia, Rajoy podría optar por la suspensión de la autonomía o por recortar la financiación a una región económicamente fuerte pero muy endeudada. SUSPENSIÓN DEL PRESIDENTE CATALÁN Por el momento, el recurso pide que se actúe contra altos cargos catalanes, incluido el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el caso de que incumplan la suspensión. "No voy a aceptar que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos", apuntó el presidente del Partido Popular, que aprobó el mes pasado una ley para permitir al Constitucional sancionar a los dirigentes que no cumplan sus decisiones. Desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ha pedido a las fuerzas de seguridad del Estado y a la policía autonómica que denuncien a quienes intenten ejecutar la resolución aprobada el lunes con los votos de los independentistas de Junts pel Sí y la Candidatura d'Unitat Popular. Según el escrito del fiscal, quienes sean acusados de ejecutar una propuesta que incluye crear instituciones como una Hacienda y una Seguridad Social propias podrían ser llevados ante la justicia por delitos de rebelión o sedición. La cuestión catalana ha irrumpido con fuerza en la precampaña para los comicios generales del próximo diciembre, arrinconando otros como la corrupción y los recortes sociales que han marcado la legislatura y perjudicado electoralmente al PP. El Partido Popular volvería a ser el más votado el 20 de diciembre, según los sondeos, pero en un Parlamento fragmentado abocado a pactos que previsiblemente habrá de abordar una reforma constitucional que dé un mejor encaje a Cataluña.