El giro en la trágica historia de niño que murió torturado por su madre y el novio de esta

El pequeño Gabriel Fernández tuvo una corta vida y una muerte terrible, apenas a los 8 años y tras sufrir graves torturas y lesiones, de acuerdo a la acusación judicial, a manos de su propia madre y del novio de ella. Ambos esperan juicio, pero el caso ha dado un giro luego de que cuatro trabajadores sociales del Condado de Los Ángeles, que tenían bajo su responsabilidad la supervisión de la suerte del menor, han sido arrestados por considerar que no actuaron de modo suficiente y oportuno para evitar la tragedia.

Como relata el periódico ‘Los Angeles Times’, la Fiscalía considera que cuatro empleados del Departamento de Servicios a Niños y Familias cometieron delitos al no actuar para proteger a Gabriel y les impuso cargos de abuso de menores y falsificación de documentos.

Una amistad de la familia porta una camiseta con imágenes del niño Gabriel Fernández, quien murió a los 8 años por abuso sufrido en su propia casa. (AP)

Así, Kevin Bom, Patricia Clement, Gregory Merritt y Stefanie Rodríguez fueron arraigados judicialmente, con fianza de 100,000 dólares cada uno. Estos trabajadores sociales habrían, de acuerdo a la acusación, minimizado las lesiones físicas, mentales y emocionales que sufrió el pequeño Gabriel y permitieron que continuara viviendo en su casa, donde fue sometido a constantes maltratos y torturas que al final le causaron la muerte.

Y la brutalidad que abatió al niño fue desmedida. Según ‘The Washington Post’ el niño padeció ocho meses de golpizas y humillaciones, perpetradas presuntamente por su madre, Pearl Fernández, y el novio de ella, Isauro Aguirre. Ambos habrían sometido al pequeño a palizas que lo dejaban sangrando y era forzado a dormir en un gabinete cerrado con llave, amordazado para que no gritara y sin poder ir al baño. Además, lo rociaban con spray de pimienta y era obligado a comer heces de gato y a ingerir sus propios vómitos. Además, lo forzaban a ir vestido con ropa de niña a la escuela y lo golpeaban de modo frecuente y rudo. En una ocasión su madre le habría roto varios dientes tras golpearlo con un bate en la cara.

De acuerdo a la televisora local KTLA, la madre del niño dijo que lo golpeaba por mentir y por “sucio”.

¿Qué hacían los trabajadores sociales entre tanto?

De acuerdo al ‘LA Times’, trabajadores sociales y alguaciles investigaron alegaciones de abuso infantil en contra del niño Gabriel, pero mientras lo hacían permitieron que él siguiera viviendo en su casa, expuesto a más y más violencia. Esos profesionales incluso sabían que el niño había escrito una nota de suicidio y tenía una posta incrustada en el pecho, pero no hicieron nada para ayudarlo médica o psicológicamente, y desoyeron continuas denuncias de un profesor del niño que reportaba los abusos.

Al final, el 22 de mayo de 2013, el niño fue hallado por paramédicos con fractura de cráneo, costillas rotas, quemaduras y postas de rifle de aire en su pecho. Murió dos días después a causa de sus graves lesiones. Su madre y la pareja de ella están a la espera de ser juzgados por asesinato, aunque se han declarado no culpables.

Familiares y amigos del fallecido niño Gabriel Fernández comparecen ante medios tras el arraigo de cuatro trabajadores sociales vinculados al caso, (AP)

Tres años después aún no se ha hecho justicia, aunque el proceso continúa y se ha ampliado a los cuatro trabajadores sociales mencionados. El Departamento de Servicios a Niños y Familias los despidió y se deslindó de ellos, y aunque reconoció que los acusados fallaron en su trabajo indicó que los acusados no reflejan lo que sucede en esa organización, donde la inmensa mayoría de sus empleados están comprometidos con la protección de los menores.

Uno de los acusados incluso ha sido defendido por su sindicato alegando que se trata de un chivo expiatorio, y que en su oficina se labora con una inmensa carga de trabajo. Con todo, tras la muerte de Gabriel, las autoridades han sido más activas en retirar a niños que han sufrido abuso de sus hogares, aunque eso se ha criticado también porque, como señala el ‘Times’, a veces no es necesario y solo se realiza por el miedo del trabajador social a perder su empleo si algo le sucede a un menor bajo su jurisdicción.

Sea como sea, el pequeño Gabriel Fernández merece justicia y que las entidades de protección infantil hagan lo que se requiera para, de modo apropiado y legal, corregir sus fallas y evitar que otros menores padezcan abusos y lleguen incluso a ser víctimas de una tragedia como esta.

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