El fallido Plan B para el INE que hizo enojar a AMLO y los suyos porque alguien tuvo más poder

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presidente de México, en conferencia de presa desde Palacio Nacional |  Foto archivo: Carlos Santiago/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presidente de México, en conferencia de presa desde Palacio Nacional | Foto archivo: Carlos Santiago/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

En su discurso para conmemorar la expropiación de la industria petrolera, el pasado 18 de abril, lo más importante para AMLO, fue destacar que, en la sucesión presidencial, cualquiera de los candidatos de su partido que sea designado garantiza la continuidad de la 4T. Todo lo dicho y hecho en esa ocasión significa que su ocupación prioritaria es la creación de condiciones para la continuidad de su grupo en el poder.

Entre las diversas acciones que el presidente López Obrador realiza para mantener a su grupo en el poder se encuentra su propuesta de reforma constitucional en materia electoral que, por no respetar diversos principios consagrados en la Constitución, fue derrotada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de que fue impugnada por algunos grupos de la sociedad civil y partidos políticos.

Reprobado su proyecto de reforma electoral, López Obrador insistió en modificar el marco legal electoral vigente y propuso un Plan B para llevar a cabo diversas modificaciones a las leyes secundarias que permiten la operación del Instituto Nacional Electoral (INE), en la organización de los procesos electorales en el país, destacadamente las elecciones federales.

El Plan B tampoco respetó principios garantizados por la Constitución, por lo que fue impugnado por partidos políticos de oposición, organizaciones de la sociedad civil y en particular por el INE, que interpuso una demanda de controversia Constitucional ante la SCJN, por considerar que las modificaciones propuestas por López Obrador y aprobadas por el Poder Legislativo, desmantelaban al Instituto, obstaculizaban su operación en la organización de las elecciones y atentaban contra la democracia mexicana.

El más reciente freno al Plan B fue el acuerdo emitido por el ministro de la SCJN Javier Laynez Potisek, que concedió al INE la suspensión definitiva de la entrada en vigor del “Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”, con lo que dejó sin efecto las modificaciones a estas cuatro leyes.

El ministro Laynez otorgó al INE la suspensión de todos los artículos que impugnó para que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la reforma. Explicó que fue otorgada “debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”. Solicitó al Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal que presenten su contestación dentro del plazo legal.

Con la suspensión por tiempo indefinido del “Plan B”, el INE continuará operando como lo hacía antes de la reforma impulsada por López Obrador. Permanecerá el tiempo que tome a la Corte tramitar la controversia para resolver sobre la constitucionalidad de la reforma. El Ejecutivo y el Legislativo podrán inconformarse en alguna de las Salas de la Corte. (

La reacción de López Obrador en su gira de fin de semana no fue extraña. Insultó a los ministros de la SCJN, dijo que eran parte de la mafia del poder, que querían un gobierno oligárquico, denunció que tienen salarios mayores al del presidente y afirmó que su Dios es el dinero.

En su conferencia mañanera López Obrador dijo que impugnará la determinación del ministro Javier Laynez, dijo que se extralimitó al anular una decisión tomada por el Legislativo y comentó que si es rechazada su reforma, aplicará un Plan C, consistente en llamar a no votar por el bloque conservador.

En su cuenta de Twitter el Senador de Morena Cesar Cravioto, hizo eco al dicho presidencial. “261 votos de DIPUTADOS y 72 votos de senadores son congelados por la decisión de UN MINISTRO DE LA CORTE. Así la división de poderes en México.”

La reacción de López Obrador es desproporcionada, pero es la que aplica en su estrategia retórica, descalifica a quien no coincide con él e insulta a los que, incluso en el cumplimiento de su función institucional, contradicen sus deseos.

Ahora anuncia un posible “Plan C”, si el Pleno de la Corte no aprueba su reforma, en realidad lo realiza todos los días al atacar a sus adversarios, a la prensa, a los conservadores, a los neoliberales y hacer sarcasmos sobre los partidos de oposición. Desde su primera mañanera hace propaganda. Casi cuatro años de insistencia ideológica. No da reposo a su discurso. En su diseño de sucesión presidencial, la propaganda a favor de su proyecto 4T estará presente, porque él está en campaña.

La determinación del ministro Laynez Potisek no gustó a López Obrador. Tampoco al senador Cravioto. Pero significa una acción que afirma la vigencia de la división de poderes. Grita que la Ley es la Ley y que UNO es capaz de enderezar los entuertos que muchos arman. Lo que es previsible es que los insultos, gritos, manifestaciones, descalificaciones, presiones y mensajes disuasivos van a continuar. Como sucede desde la primera mañanera. De eso viven. Es lo que saben hacer.

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