El Chapo Guzmán y su deseo de poder dormir

El caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera no deja de tener vigencia para muchos medios de comunicación, sus abogados se han encargado de que ésta nueva etapa de su estancia en el penal de “Máxima Seguridad” del Altiplano sea noticia y por tanto, llame la atención de los diferentes públicos, lo que se traduce en presión social para el gobierno.

Dice José Refugio Rodríguez, abogado de El Chapo Guzmán, que después de haber reingresado al penal en enero, su cliente recibe un trato que puede considerarse un “acto de venganza por haber exhibido al Estado mexicano, porque para vigilarlo tienen la celda iluminada, lo graban, pueden ver sus movimientos. No hay necesidad que lo estén despertando cada cuatro horas. Eso es arbitrario".

Con este mismo señalamiento la esposa de “El Chapo”, Emma Coronel, presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar que a Guzmán Loera constantemente lo cambian de celda, lo videograban cuando está en el baño, no sale al patio ni asiste al comedor, no le dan ropa para el frío, le pasan lista cada hora y lo identifican con una cámara que no le permite dormir. “Esto se traduce en un trato desigual frente a los demás internos, discriminatorio y que afecta su dignidad humana por no respetársele los derechos mínimos para personas privadas de su libertad”.

Por estos días el abogado José Refugio Rodríguez informó a los medios que su cliente, El Chapo Guzmán, le pidió “establecer un diálogo con el gobierno de Estados Unidos para llegar a un convenio, a efecto de acelerar la extradición. Esto es muy diferente a solicitar la extradición. Esa determinación fue producto de la desesperación por el trato cruel o inhumano que vive, al estar desde el 8 de enero sin dormir”.

El periodista Raymundo Rivapalacio (El Financiero, 2 de marzo 2016) comenta en su artículo que “El gobierno federal ha confirmado cándidamente que los derechos humanos de Joaquín El Chapo Guzmán, sí están siendo violados en el penal de máxima seguridad del Altiplano.” Cita el artículo 154 del Código Penal Federal referente a la sanción que recibirá el preso que se fugue, si lo hace con violencia, para concluir que el hecho de que Joaquín Guzmán Loera “se haya fugado el año pasado del Altiplano sin la ayuda de ningún otro interno ni ejerciera violencia contra nadie, no representa delito alguno.”

Desde luego que en esta polémica la posición de las autoridades es en el sentido de que se respetan los derechos humanos de Guzmán Loera y solo se aplica el reglamento carcelario vigente para los penales de máxima seguridad.

Da la impresión de que el tema del respeto a los derechos humanos corresponde a una estrategia de El Chapo Guzmán y sus abogados para recuperar el trato que disfrutó en sus anteriores experiencias carcelarias, que le permitieron la planeación e instrumentación de las dos fugas que ha protagonizado y que exhibieron al Estado como inepto para cuidar de este tipo de delincuentes, capaces de corromper al sistema de seguridad en sus diferentes eslabones.

La permanente presencia de la imagen de televisión de El Chapo en su celda, en la que se observan en la puerta dos vigilantes acompañados de perros adiestrados para reconocerlo y seguirlo, además de las frecuentes declaraciones de sus abogados y las entrevistas de los reporteros a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo es posible entenderlas si regresamos a nuestra memoria la enorme fortuna, de más de mil millones de dólares, que se acredita al delincuente, usada para corromper a las autoridades y en ocasiones, a los medios de comunicación.

El trato de hoy recibe Joaquín Guzmán Loera en el penal del Altiplano es el que, dicen las autoridades, está reglamentado para este tipo de delincuentes. En las ocasiones anteriores El Chapó supo cómo burlarlo y disfrutó de las ventajas que le permitieron fugarse. Hoy parece extrema la vigilancia a la que está sometido y la difusión de las medidas es lo que le da argumentos para reclamar ser tratado con respeto a sus derechos humanos.

El reclamo al respeto de los derechos humanos es un discurso que coyunturalmente afecta al gobierno federal debido al contexto de los años recientes que lo han exhibido como no apto en la aplicación de estas normas y llevar a cabo medidas correctivas insuficientes para solventar las observaciones en derechos humanos que le hacen en el país y desde el extranjero. Este es un tema que afecta al gobierno de Peña Nieto y eso lo sabe y aprovecha El Chapo.

Como parte de su estrategia abre la posibilidad de su extradición y desde luego que el tema es convertido en noticia por sus abogados porque, con este mensaje, se desata la acción de los cómplices de El Chapo, que según se dice, podrían ser “distinguidos” personajes de la política y la empresa, cuyos nombres interesan, con propósitos de control, a las autoridades de los Estados Unidos.

Es posible que la estrategia de Guzmán Loera funcione porque, de ser cierto que muchos “distinguidos” le deben algo, también es cierto que estos le temen a sus dichos y a sus largos brazos. Por el momento no pide mucho, solo unas horas más de sueño. Pero así empieza a relajarse la disciplina. Cuestión de tiempo.