El bloqueo de las cuentas de Trump en redes sociales es punzante y controversial pero no viola la Primera Enmienda

Las cuentas de Donald Trump en Twitter y Facebook fueron suspendidas indefinidamente luego del ataque que una muchedumbre de sus seguidores, azuzados por él mismo, asaltó el Capitolio para tratar de frenar la legítima certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Eso ha colocado a Trump al borde de la destitución a pocos días de que termine su mandato.

En el entorno de Trump se ha clamado que la suspensión, definitiva o por tiempo indefinido, de sus cuentas en redes sociales constituye una violación a la garantía de libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Y lo mismo se ha afirmado ante la suspensión o remoción de gran cantidad de cuentas y mensajes en redes sociales relacionados con teorías conspirativas antisociales, desinformación peligrosa y dolosa sobre la pasada elección presidencial o incitación a la violencia.

Pero, ¿realmente se vulneraron los derechos constitucionales de libre expresión de Trump y otras personas a las que Facebook, Twitter y otras redes sociales les cerraron el acceso a sus cuentas o les retiraron mensajes?

Un maestro de high school ilustró a una notoria figura del entorno de Trump que alegó al respecto.

Como narró The Independent, Sarah Huckabee Sanders, exvocera de la Casa Blanca, publicó un tuit en el que afirmaba que “yo he perdido más de 50,000 seguidores esta semana. La izquierda radical y las grandes empresas tecnológicas aliadas a ella no pueden marginalizar, censurar o silenciar al pueblo estadounidense. Esto no es China, es Estados Unidos de América y somos un país libre”.

Junto a su tuit, Sanders reprodujo un mensaje de Mike Pompeo, secretario de Estado, en el que se afirmaba que mientras varios políticos demócratas ganaron seguidores recientemente, personalidades republicanas los perdieron.

En respuesta a Sanders, el maestro Dana D Deree, quien dio clase en la high school a la que asistió Huckabee Sanders años atrás en Arkansas, dijo que si ella hubiese asistido a su clase “habría entendido mejor la Primera Enmienda y la diferencia entre los límites al gobierno y las libertades para los individuos particulares”.

El alcance de la Primera Enmienda

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a los individuos de actos del gobierno que vulneren sus libertades, entre ellas las de libre expresión, de prensa, de asamblea pacífica y de petición al gobierno y prohíbe también el establecimiento de leyes que establezcan una religión específica, preservando así el derecho a la libertad religiosa.

Pero la Primera Enmienda no se aplica a los actos de individuos y empresas, pues es específica a las acciones del Congreso y por extensión a las del gobierno en general, por lo que el cierre de las cuentas de Trump o de, por ejemplo, impulsores de la delirante teoría conspirativa QAnon no es violatorio de la Primera Enmienda. Esa provisión de la Constitución garantiza que el gobierno estadounidense no establecerá leyes o tomará medidas que prohíban el ejercicio de las libertades en ella establecidas, entre ellas la de expresión, pero no es aplicable a las acciones de particulares o empresas.

Así, en estricto sentido, las citadas decisiones de corporaciones de redes sociales en contra de cuentas y mensajes de Trump y otras personas que violaron sus reglas de operación o implican amenazas para la sociedad no violan la libertad de expresión garantizada en la Primera Enmienda constitucional.

Ciertamente, Huckabee Sanders en el citado tuit no señala de modo literal que Twitter o Facebook hayan vulnerado la Primera Enmienda, pero sus alusiones a censura resuenan inevitablemente en el contexto del precepto constitucional que protege contra esa práctica de parte del gobierno.

Pero lo hecho por esas redes sociales, aunque punzante en varios aspectos, no viola esa garantía constitucional, y es falso lo que al respecto han afirmado de modo específico otras figuras del entorno de Trump.

Por ejemplo, el congresista Matt Gaetz afirmó en un tuit que “no podemos vivir en un mundo en el que los términos de servicio de Twitter son más importantes que los términos de nuestra Constitución y nuestra Carta de Derechos”.

Como se ha señalado antes, y han afirmado expertos legales, la cancelación de cuentas o la remoción de mensajes que han realizado Twitter, Facebook y otras redes no constituyen una vulneración a la libertad de expresión consagrada en la Constitución.

Por ejemplo, Clay Calvert, profesor de derecho de la Universidad de Florida y especialista en la Primera Enmienda, dijo que a la televisora News4Jax que “la Constitución es en realidad irrelevante aquí en términos de la prohibición de funcionarios públicos, incluido el presidente Trump, de Twitter. Esto porque la Primera Enmienda, la Constitución de Estados Unidos, solo protege de la censura gubernamental, no de censura de entidades privadas como Twitter, Facebook y otras plataformas de redes sociales…”.

Otras voces, por ejemplo en The New York Times, señalan que incluso si se considera que la decisión de esas redes sociales podría haber sido poco juiciosa, está plenamente en línea con la Primera Enmienda, pues si bien podría afirmarse que bloquear a un usuario, incluso si este se expresa de modos perturbadores y antisociales, podría ser una vulneración de los ideales y valores de libertad de expresión, eso no incurre en una violación a la letra constitucional.

Y, en contrapartida, se afirma que bloquear a usuarios y mensajes que difunden mentiras socialmente peligrosas, incitan a la violencia y al odio y minan la democracia es crítico para proteger a la sociedad, las libertades y sus instituciones.

Por ejemplo, usuarios han afirmado que el contenido “sedicioso y peligroso” de algunos de los mensajes de Trump en redes sociales justificaba que se le bloqueara.

Un debate que va más allá

El debate sobre lo que se dice o no se dice, sobre lo que se deja fluir o se bloquea, sobre la ética y la privacidad, sobre la seguridad y la libre expresión en las redes sociales ha sido intenso a lo largo de los años. Protecciones y restricciones de diversos niveles y alcances se han establecido o propuesto para frenar, por ejemplo, mensajes y contenidos que promueven o propician actividades ilegales, para la protección de menores, para contener la apología del delito, la incitación al odio y la violencia o la desinformación sobre la pandemia de covid-19 que amenaza la salud pública.

Mucho se ha discutido y discutirá al respecto, y es claro que esas medidas a la par que funcionan son con frecuencia imperfectas, pues en ocasiones solo contienen parcialmente los mensajes peligrosos y en otras afectan a usuarios cuyo contenido (por ejemplo expresiones artísticas o denuncia de injusticias) puede resultar controversial o escandaloso pero no por ello censurable.

En este contexto, Trump ha continuadamente, por años, difundido en sus redes sociales información equívoca y polarizante, pero solo muy recientemente, ante su reiterada difusión de mentiras y distorsiones sobre la pasada elección presidencial, las redes sociales comenzaron a etiquetar sus mensajes como contenido engañoso o sin fundamento.

Pero el asalto al Capitolio fue de una gravedad mayúscula.

El ataque dejó seis muertos, fue una vulneración sin precedente de la democracia y de la institucionalidad republicana estadounidenses y el propio presidente fue en gran medida responsable de ese nefasto incidente con su saga de mentiras sobre un inexistente fraude electoral en los comicios presidenciales y sus mensajes inflamatorios que atizaron la furia de sus seguidores que acudieron a Washington DC en respuesta a su convocatoria.

Y una parte sustantiva de la desinformación lanzada por Trump y su entorno y también de la incitación a la violencia que se perpetró en el Capitolio se diseminó vía las redes sociales.

Tras el ataque al Capitolio, ambas redes sociales, y otras plataformas, decidieron que Trump fue demasiado lejos. Twitter, por ejemplo, señaló que decidió suspender de modo definitivo la cuenta de Trump porque consideró que existía el peligro de que sus tuits continuaran incitando la violencia. Otras redes sociales actuaron de modo similar.

Esos mensajes violaban sus reglas –las redes sociales son a fin de cuentas plataformas privadas– y fueron considerados peligrosos para la sociedad.

En ese sentido, es claro que Facebook y Twitter actuaron en efecto dentro de sus prerrogativas, pues tienen el poder para cerrar o suspender cuentas que vulneren sus términos de operación. No violaron al hacerlo la Primera Enmienda de la Constitución.

Un poder problemático

Pero eso tampoco significa que las decisiones de esas y otras redes sociales sean inocuas. En realidad son signo de que esas empresas de sistemas de información en línea cuentan con un poder sustantivo, una capacidad de control considerable sobre una vía de información y comunicación de enorme alcance y presencia en el actual mundo digitalizado.

Ciertamente, bloquear o suspender la cuenta de Twitter de una persona no significa que se le cancele de modo absoluto su libre expresión, que en estricto sentido puede continuar ejerciendo en otras instancias y plataformas, pero debe reconocerse que en la sociedad actual, crecientemente atravesada por las tecnologías digitales, lo que se dice o calla, se muestra o se oculta, se esclarece o distorsiona en las redes sociales tiene importantes repercusiones a escala individual y social.

Y también que, al margen de sus calidades y falencias, millones obtienen en las redes sociales información e interacciones que marcan su conducta y sus relaciones.

Que unas pocas empresas tengan control sobre ello es ciertamente inquietante y potencialmente problemático y abre enormes interrogantes sobre el poder de censura y control que esas redes pueden lograr en aspectos políticos, económicos y culturales.

La decisión de Twitter, Facebook y otras plataformas de suspender de modo definitivo las cuentas de Trump y otras consideradas peligrosas o antisociales tiene justificación y estaría dentro de sus prerrogativas pero también muestra que poseen un enorme poder, del que se ha criticado no rinden cuentas suficientes.

En ese contexto, el debate sobre el nivel y el alcance de las regulaciones en este sector es intenso y aún inacabado, y con frecuencia distorsionado por diversos intereses.

Y también se ha afirmado, por ejemplo, que Twitter permitió, con ese mismo poder con el que ahora le cortó el acceso a Trump, que el presidente utilizara su plataforma durante años para ofender, polarizar, desinformar y crear tensiones, y que el propio Twitter se benefició de la enorme actividad en línea en apoyo y rechazo a esos tuits del presidente.

Facebook también ha sido criticado por los beneficios que obtuvo, por ejemplo, a partir de la difusión de espinosos contenidos y propaganda dolosa pagada, además de por el poder en sí que tiene para controlar la actividad en su plataforma.

Es decir, el poder que esas redes tuvieron para bloquear a Trump fue el mismo que antes ejercieron para permitirle difundir sus mensajes, muchos de ellos punzantes y ofensivos.

Y cuando esas plataformas se tornan monopólicas u oligopólicas, y controlan multitud de espacios clave en la comunicación digital, ese poder de control y censura se vuelve también problemático y puede conducir a vulneraciones y abusos.

Trump, por ejemplo, puede sin problema acudir a televisoras afines o dar conferencias de prensa y su mensaje será difundido y escuchado por millones. La decisión de Facebook o Twitter no cancela su libertad o capacidad de expresión.

En cambio, como comentan expertos en The New York Times, otros activistas o grupos, por ejemplo, que han sufrido restricciones en las redes sociales no tienen el acceso a otros medios del que goza el presidente, y en ese sentido sus capacidades de comunicación quedan mermadas. Eso no sería ilegal, pero dependiendo del caso sí puede fomentar inequidades. Una circunstancia de la que se quejan, con sus diferencias y gradaciones, usuarios y grupos tanto de derecha como de izquierda.

Al respecto, en una declaración la Unión Americana de Libertades Civiles comentó que esa organización entiende “el deseo de suspenderlo permanentemente [a Trump, de las redes sociales] pero debe preocupar a todos cuando compañías como Facebook y Twitter ejercen poder sin contrapesos para remover a personas de plataformas que se han vuelto indispensables para la expresión de miles de millones, especialmente cuando realidades políticas hacen esas decisiones más fáciles”.

¿Cuánto control de la comunicación e información ha de permitírsele a empresas privadas, qué regulaciones y límites han de imponérseles y, en contrapartida, qué otros frenos deben establecerse para prevenir el uso de esas redes para acciones que representan amenazas para la paz, la vida y la institucionalidad democrática? ¿Cómo hacerlo para balancear la responsabilidad social con la libre empresa, la defensa de los valores democráticos con la seguridad individual y colectiva?

Es un debate de enorme importancia que con el bloqueo a Trump, al margen de su justificación, no hará sino crecer.