Ejecuciones expeditas, la solución de Trump a los tiroteos masivos

Para el gobierno de Donald Trump, una solución ante los tiroteos masivos que una y otra vez producen masacres de inocentes y enlutan al país parece ser también matar lo más rápido que sea posible.

En este caso, la ejecución expedita de aquellas personas que sean halladas culpables en tribunales federales de asesinato en masa.

Según reportes del periódico The Hill, el Departamento de Justicia ha elaborado un borrador de una iniciativa de ley que permitiría las ejecuciones expeditas de reos culpables de asesinatos masivos, y en ello han trabajado tanto el vicepresidente Mike Pence como el secretario de Justicia William Bar.

No se han revelado más detalles de esa iniciativa pero se trataría de una reacción luego de que en menos de un mes se desataran tres tiroteos letales en El Paso y Odessa, Texas, y en Dayton, Ohio, que se suman a los muchos que han una y otra vez asolado el país.

La noción de que ejecutar de modo pronto a esos criminales (un reo en el corredor de la muerte puede pasar allí años, incluso décadas, antes de que se le ejecute) sería un disuasivo de tiroteos masivos estaría en la lógica de esa iniciativa de ley. Ello bajo el supuesto de que la pena de muerte, máxime cuando se aplica rápido, es un disuasivo para la perpetración de homicidios, una premisa que es controversial y que tiene defensores y detractores.

Al respecto, un estudio de especialistas de la Universidad de Colorado-Boulder que analizó la posición de criminólogos, publicado en 2009, señaló que la mayoría de esos expertos no considera que las ejecuciones reduzcan el índice de homicidios. Y a eso hay que añadir que la pena de muerte en sí es rechazada ampliamente por ser una forma de barbarie institucionalizada.

Los republicanos y la derecha estadounidense se ubican usualmente entre los que, en cambio, sí creen en esa disuasión y la citada propuesta legal, que tiene por antecedente que el gobierno de Trump decidió en julio pasado reiniciar las ejecuciones de penas de muerte en el fuero federal luego de cerca de dos décadas de que no practicarlas, es un claro indicador de ello.

En Texas, además, también se busca establecer legislación que permitiría liquidar con rapidez a los reos que son sentenciados en cortes estatales de matanzas masivas, como informó recientemente Texas Tribune.

En ese estado, el gobernador Gregg Abbott dijo vía Twitter que trabaja en un “paquete legislativo” en el que se incluirían las ejecuciones expeditas. No hay tampoco detalles y es posible que Abbott en realidad estuviese aludiendo al paquete federal de Pence y Barr.

Que los criminales que cometen tiroteos sanguinarios son sujetos despreciables y que merecen la mayor sanción legal posible no está en discusión. Es en realidad el enfoque que uso y otros tienen al respecto de cómo reducir los índices de violencia armada en el país lo que está sumido en un punzante debate, que llega a ser exasperante ante el hecho de que tiroteos y matanzas se repiten una y otra vez en Estados Unidos si que se den pasos apropiados para encararlo.

En todo caso, a nivel federal, la iniciativa de ley de Pence y Barr no tendría un camino muy auspicioso, pues es posible que se tope con la oposición de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.

Por ello, se trata de un planteamiento que opera, por el momento, mucho más en el ámbito de la retórica ante la opinión pública y de la negociación política, pues sus posibilidades reales de convertirse en ley son muy reducidas.

Sobre todo porque se dan en paralelo de intentos en la Cámara de establecer mayores controles de armas, mediante la ampliación de las revisiones de antecedentes penales en todas las transacciones de compra-venta de armas, que han sido bloqueados sistemáticamente por la mayoría republicana en el Senado.

El líder senatorial Mitch McConnell ha dicho inclusive que necesita que Trump exprese un aval explícito a propuestas de control de armas (las relacionadas a la revisión de antecedentes o, por ejemplo, las que permitirían quitarle las armas a quienes padecen enfermedades mentales) antes de proceder a presentarles a votación.

Todo ello, en realidad, parece un eufemismo para mantener la inmovilidad en el Senado y contrarrestar el impacto político y mediático de nuevas medidas de control de armas que los demócratas planean avanzar en la Cámara.

¿O es la introducción de la iniciativa de ejecuciones expeditas una suerte de acción para suavizar, con una medida ruda y draconiana, la oposición de la derecha a medidas mínimas de control de armas? Resulta dudoso, pues el gobierno de Trump se ha caracterizado mayormente por la inacción en el tema, pese a las muchas matanzas que se han dado en los últimos años.

Y hay quien considera que la propuesta de las ejecuciones expeditas es una suerte de escudo, un argumento para mostrar que el gobierno federal busca frenar de tajo los tiroteos masivos con un “ojo por ojo” fulminante, y que son los demócratas los que no colaboran con su insistencia en mayor control de armas.

Cabe recordar que, para muchos en la derecha, la noción de regular mayormente las armas en el país resulta anatema y que, pese a que se ha visto que es la gran disponibilidad de ellas lo que está en el centro de la violencia armada en Estados Unidos, se han resistido a controlarlas.

Incluso se ha enarbolado e impulsado el argumento de responder fuego con fuego: por ejemplo, se ha propuesto armar a profesores y poner más armas en las escuelas para que en caso de que un atacante irrumpa en ellas se le pueda combatir en los propios salones de clase. Es la misma lógica que promueve ejecutar expeditamente a los criminales como un modo de disuadir a futuros atacantes.

La pretensión de poner más armas y matar más rápido a los agresores convictos ha sido rechazada por quienes defienden que solo un control de armas más amplio y riguroso podrá realmente frenar la violencia armada en Estados Unidos.

Para ellos, las ejecuciones expeditas a escala federal, una propuesta que podría muy probablemente quedarse atorada en el Congreso, luce como una punzante cortina de humo para no legislar sobre mejores regulaciones y controles de armas.