EEUU le declara la guerra a la Corte Penal Internacional de La Haya y el tribunal de justicia responde tajante

El gobierno de Estados Unidos le ha declarado la guerra a la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya. Y aunque no se trata ciertamente de una determinación bélica, el anuncio que este lunes hizo John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, es una amenaza de confrontación en toda la línea contra esa instancia, impulsada por la ONU vía el Acuerdo de Roma de 1998 y que entró en operación en 2002 al ser ese tratado ratificado por 60 naciones.

Actualmente, 123 países han ratificado el Acuerdo de Roma y por ende aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para juzgar casos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Pero Estados Unidos e Israel, que firmaron ese estatuto inicialmente, optaron después por no continuar en él y, por ende, desconocen su jurisdicción.

John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, expresó el rechazo frontal de EEUU a la Corte Penal Internacional. (AP)

Ahora, el gobierno de Donald Trump ha extremado su rechazo a esa instancia y ha señalado que impondrá sanciones a los integrantes de la Corte Penal Internacional si ésta emprende procesos contra militares estadounidenses por hechos sucedidos en Afganistán.

De acuerdo a The New York Times, el gobierno de Trump considera a esa corte “ilegítima” y dice que prohibirá la entrada a EEUU a jueces y fiscales de esa corte. Y también podría poner en interdicción los fondos de la corte y de las personas relacionadas que se encuentren en el sistema financiero estadounidense.

Por añadidura, Bolton indicó que EEUU hará lo mismo si esa corte procesa a individuos de sus países aliados –lo que en principio implica a Israel, pues las naciones de Europa Occidental sí son signatarias del Acuerdo de Roma– y podría incluso proceder también contra empresas y países que asistan a esa corte en la acusación y procesamiento de ciudadanos estadounidenses o de sus aliados.

Ciertamente, Washington se ha opuesto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de modo continuo, con mayor énfasis durante el gobierno de George W. Bush y en menor grado durante el de Barack Obama, pero nunca ha aceptado la plena jurisdicción de esa instancia sobre estadounidenses.

Bolton, además de calificarla de “ilegítima”, consideró que la propuesta de investigar presuntos crímenes de guerra de estadounidenses en Afganistán como “completamente infundada” y señaló que esa corte no está sujeta a una fiscalización suficiente y usa definiciones de crímenes “vagas y sujetas a un muy amplio rango de interpretación”, según informó la radio pública NPR.

Un enfrentamiento de doble filo

El asunto es controversial y enfrenta a EEUU a una institución creada con importante respaldo internacional y antecedentes históricos muy punzantes, pero ciertamente la Casa Blanca estaría solamente aplicando la Ley de Protección de Estadounidenses en Servicio (ASPA), que fue específicamente promulgada en 2002 para que el gobierno estadounidense proteja a sus militares y funcionarios electos de procesos emprendidos contra ellos en la Corte Penal Internacional.

Por ello, si bien la oposición del gobierno de Donald Trump tiene respaldo y precedente legal en EEUU, su tono es especialmente erosivo y, se comenta, habría sido específicamente formulado de ese modo –con la clara alusión de sanciones contra la Corte Internacional de Justicia, sus integrantes e incluso contra países o empresas que colaboren con ellos– para desmotivar la investigación relativa a los actos de militares estadounidenses en Afganistán.

La sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda. (AFP)

Con todo, críticos de la Casa Blanca podrían encontrar en el ardiente lenguaje hacia la Corte Internacional de Justicia resonancias especialmente filosas. Una, que el término “ilegítimo” ha sido también usado por el entorno de Trump para tratar de descalificar la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses que encabeza Robert Mueller, una indagación que ciertamente ha sido controversial y que desagrada a Trump, pero no por ello es ilegítima.

La Corte Penal Internacional, en ese contexto, tiene ciertamente legitimidad para operar  –que le han concedido sus 123 signatarios–en el contexto de su jurisdicción, aunque también es claro que la no pertenencia de EEUU al tratado que la constituyó y la ley ASPA justifican el desconocimiento de esa jurisdicción desde la perspectiva estadounidense.

Pero el hecho de que Afganistán es un país signatario del Acuerdo de Roma y que por ello la Corte Penal Internacional asume jurisdicción sobre crímenes que se hubiesen cometido allí es lo que ha suscitado el fuerte rechazo actual de Washington, que comenzó al menos desde 2002 y sigue hasta hoy.

La respuesta de La Haya

En respuesta al anuncio de EEUU, la Corte Penal dijo que es una institución independiente e imparcial y “continuará haciendo su trabajo sin inmutarse, de acuerdo con los principios y la idea global del estado de derecho”.

La fiscal de la CPI Fatou Bensouda dijo el año pasado que había “una base razonable para creer” que se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Afganistán y que todas las partes en el conflicto serían examinadas, incluidos miembros de las fuerzas armadas y la CIA de EEUU.

El tribunal ya ha procesado en el pasado 11 casos, ha fincado cargos contra 42 personas, y realiza una investigación preliminar en otros 11 casos, entre ellos el de Afganistán.

Reporte complementado con información de Reuters.

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