Ecuador vive una jornada de marchas en contra del alza de precios de los combustibles

QUITO (AP) — Movimientos sociales ecuatorianos convocaron el jueves a una jornada de protestas en rechazo al incremento del 10% en el precio de la gasolina, la primera que enfrenta el gobierno del presidente Daniel Noboa y en la que estuvieron ausentes los poderosos movimientos indígenas y de transportistas.

La mayoría de concentraciones y marchas comenzaron en la tarde en varias ciudades y provincias del país. En Quito, varios centenares de sindicalistas, docentes y organizaciones sociales agremiados en el Frente Popular avanzaban hacia una reconocida plaza en el centro histórico, cercana al palacio presidencial que permanecía vallado y con notoria presencia policial.

“Sube la gasolina sube todo”, “no más al modelo neoliberal”, “Noboa mentiroso” se leía en pancartas y se escuchaba en las proclamas de los asistentes. “Estas son movilizaciones progresivas”, dijo Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores.

En Guayaquil, en la zona costeña de Ecuador, la situación fue similar. Los manifestantes se desplazaban por una de las principales avenidas, tocando cacerolas y con una gran bandera nacional, mientras en Bolívar, en la sierra, y en Napo y Sucumbíos, en la Amazonía, grupos pequeños de personas intentaron bloquear vías y fueron frenados por la policía.

Más temprano, grupos de manifestantes se concentraron en las provincias de Carchi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar y Cotopaxi, portando carteles y gritando consignas contra el alto costo de vida. La más numerosa se produjo en Chimborazo, en el centro del país andino, donde varias docenas de campesinos marcharon de manera pacífica.

Las organizaciones populares y de izquierda rechazan la aplicación de medidas que, aseguran, responden a imposiciones del Fondo Monetario Internacional como la suba del precio de la gasolina de 2,46 a 2,72 dólares el galón. También rechazan el incremento del Impuesto al Valor Agregado del 12% al 15%.

“Este incremento afecta al consumidor y al pueblo”, reclamó José Villavicencio, presidente del Frente Popular, uno de los convocantes. El dirigente declaró a The Associated Press que las medidas han disminuido la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. “Será el inicio de varias acciones, si el gobierno no deroga el decreto lo que pueda pasar es su responsabilidad”, advirtió.

El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien mantuvo un encuentro con dirigentes de los transportistas, afirmó a la prensa que “sin el sector del transporte y sin ciertos sectores sociales como la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), la marcha pierde fuerza” y aspiró a que la jornada se desarrolle de manera pacífica.

Mientras, el presidente Daniel Noboa cumplía agenda oficial en Perú.

Para el docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Franklin Ramírez, “esta es una primera convocatoria puntual de actores clásicos, que no va a ser dirimente pero será un termómetro, una señal de partida de cómo se van calibrando las fuerzas en las organizaciones sociales, en la oposición y en la ciudadanía general”.

Ramírez sostuvo que la reacción del sindicalismo, los movimientos populares y las organizaciones afronta varias complejidades para tener éxito, por lo que no cree que lleve al gobierno a dar marcha atrás con los aumentos como sucedió durante la gestión de los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes se vieron obligados a retrotraer las subas en los combustibles luego de violentas protestas.

“Claramente la potencia de una movilización depende de la posición del movimiento indígena” que no se plegará a esta protesta, dijo Ramírez.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, declaró que no participarán en las marchas del jueves y analizarán las acciones que tomarán en una asamblea nacional.

Las autoridades han desestimado la fuerza de la convocatoria y han asegurado que el subsidio que mantenían los combustibles beneficiaba a un 20% de la población de mayores ingresos con 300 millones de dólares anuales.