Anuncios

Entre el “echaleganismo” y los programas sociales: las falacias del debate de la política social en México

undefined
undefined

Hace un poco más de cinco décadas, John Rawls, filosofo político de la Universidad de Harvard, publicó uno de los trabajos más influyente y referenciados de la Ciencia Política liberal occidental: A Theory of Justice. 1

Grosso modo, Rawls pretendía desarrollar lo que él llamaba una perspectiva alternativa (una teoría) al prevaleciente enfoque utilitarista de la economía liberal y que permitiera solucionar, a nivel filosófico, el problema de distribución económica de las sociedades. Argumentaba que para que existiera una distribución justa se tendría que crear un contrato social detrás de un “velo de ignorancia”; es decir, donde no se viera influido por la ubicación de un individuo en la sociedad y donde no se supiera de antemano en qué lugar social estarían en esa nueva sociedad. Ante esto, los contratantes optarían por acuerdos imparciales y equitativos, lo que llevaría a sociedades más justas. Para Rawls, entonces, la solución a la injusticia (distributiva económica) de las sociedades no estaba en los principios de la economía liberal occidental, sino en los principios del liberalismo político.

Las reacciones, hasta el día de hoy, dejaron correr grandes cantidades de tinta, desde las defensas dentro del mismo liberalismo político, desacreditaciones férreas desde la economía liberal, hasta críticas desde otros corrientes de pensamiento. De estas múltiples y variadas respuestas se mantienen un par de ellas como relevantes para el debate actual sobre las políticas sociales de los países y los derechos de las personas.

La primera es una lectura correctiva a la teoría Rawlsiana, que abrió un campo de reflexiones para el feminismo liberal. Para Susan Moller Okin, el género es un elemento que ha contribuido a la desigualdad de las sociedades y que había sido omitido -y hasta negado- en la propuesta original de Rawls. 2 Las sociedades históricamente han sujetado a las mujeres a una vida de inequidades, ya sea a través de leyes o convenciones sociales. Para Okin, la raíz de la desigualdad entre mujer y hombre radicaba en la distribución desigual del trabajo dentro de la familia, lo cual lo ve como un problema político esencial. Por su parte, Catherine A. MacKinnon argumentaba que las diferencias entre mujeres y hombres se traduce en una jerarquía que institucionaliza la dominación, subordinando a las mujeres a través de arreglos racionales, percibidos como si fueran naturales, y en algunos casos, traducidos a códigos legales para su predominio. 3 Esta subordinación encontraba forma a través del control físico, sexual, y social (entendido como social, económico y político) de la mujer.

La segunda argumentaba sobre la omisión de considerar en este imaginario contrato social a otros grupos sociales, históricamente desaventajados o discriminados, quienes no podrían converger de manera equitativa a este en igualdad de circunstancias; pues se refiere a características como raza, o condiciones genéticas o de discapacidad.

Estas omisiones no eran accidentales en la Teoría de Rawls, pues ésta se alimentaba de la racionalidad de la economía liberal, la cual percibe que los principios de solidaridad o de diferencia no permite maximizar la utilidad de una sociedad. En este orden de ideas, tener sociedades justas limita la utilidad agregada y atenta contra las libertades. En pocas palabras, los grupos vulnerables pueden ser sacrificados en aras de la riqueza agregada. Estos últimos elementos prevalecieron por décadas en la discusión tanto de las Ciencia Política y la Economía liberales, y las políticas para el bienestar de diversos países. Una aparente tensión entre eficiencia y equidad; paradójicamente, la discusión que quería saldar Rawls.

Sin embargo, esta discusión parte de una dicotomía que ponía en tensión a dos principios, más por una lucha entre derroteros filosóficos que por sus efectos reales en la toma de decisiones de las políticas económicas y de bienestar. Desde hace décadas, en la toma de decisiones, así como en las disciplinas que le apoyan (Administración Pública, Políticas Públicas, Gobierno, Desarrollo, Derechos Humanos, Género, entre otras) se ha tratado, en un principio, conciliar ambos elementos y, posteriormente, salvar esa discusión para poder crear criterios de justicia social para la toma de decisiones. Durante el predominio del pensamiento económico liberal se privilegió la utilidad y la eficiencia; mientras que a lustros recientes los reclamos sociales llevaron a la reivindicación de los principios de justicia social como un elemento necesario en las sociedades, incluso para su sobrevivencia misma. Por ello, hoy día, contamos con elementos y conocimiento que nos permite decir que la inclusión de criterios de equidad no compromete la utilidad ni la eficiencia, y que, por el contrario, permiten mayor cohesión social, sustentabilidad y utilidad a largo plazo.

Hace unas semanas, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y Grano de Sal publicaron una interesante contribución a esto, titulado Por una Cancha Pareja. 4 En esta publicación se resalta que para que el desarrollo de las personas se dé de manera plena, el esfuerzo de cada persona en esa sociedad no debe verse obstaculizado; más aún, “la cancha” debe proveer oportunidades públicas de forma equitativa —por ejemplo, el cuidado de la salud o la educación— y es labor de las instituciones públicas moderar (es decir, nivelar) las desigualdades, permitiendo el pleno desarrollo de los individuos.

Este planteamiento es simple, pero efectivo. Por un lado, responde a aquellas personas que proponen la preeminencia de una malentendida “meritocracia”; por el otro lado propone líneas específicas para la acción en las políticas de bienestar que permitirían a las personas ser premiadas no sólo en su esfuerzo sino compensadas por sus desventajas estructurales, contribuyendo a una sociedad más justa.

Tenemos que admitir que, en nuestras sociedades actuales, en este caso la sociedad mexicana de hoy, el acceso a bienes y servicios fundamentales se encuentra mediado por las condiciones de origen de las personas, condiciones que se preservan de generación en generación.

En todo el mundo el sistema patriarcal y la perpetuación de los roles de género fomentan desigualdades sociales, culturales y económicas que generan pobreza económica. La discriminación de las mujeres y niñas es causa y al mismo tiempo consecuencia de la desigualdad que genera dicha pobreza económica. En México nacer en la parte más baja de la escala social difícilmente permite salvar los obstáculos del desarrollo personal, que es aún más dramático para las mujeres, personas indígenas, personas LGBTI+, o personas con discapacidad, por razones de una asignación tradicional de tareas o discriminación.

Debemos entonces, como imperativo, construir sociedades justas en la que origen no sea destino. Por ello, todas las personas y todos los grupos sociales deben tener acceso a los elementos necesarios para su pleno desarrollo y que las reglas, económicas, políticas y sociales no permitan que las circunstancias personales influyan en la determinación de las recompensas de desarrollo. Debemos entonces construir las condiciones necesarias para tener esa “cancha pareja” entre géneros y grupos sociales, y trabajar desde las desigualdades iniciales. La igualdad no sólo es un derecho humano fundamental, sino además es un elemento esencial para construir sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles.

Es precisamente en este momento que se abre un nuevo punto de debate para los principios que deberán de regir las políticas de bienestar del siguiente gobierno en México, que es pertinente revisar de manera correcta los orígenes de muchas de estas consideraciones, de tal forma de no caer en una trampa -y hasta falacia- alimentada por pugnas políticas y no por una correcta critica. Por lo que es necesario entonces, abandonar el enfoque de la llamada “meritocracia” y el “echaleganismo”, el cual quiere hacer ver que cada quien es recompensado social y económicamente en la vida de acuerdo con su esfuerzo personal. Esto no sólo deja de lado elementos esenciales en un correcto análisis social, sino entonces hace pensar que la pobreza es consecuencia del fracaso personal y no de un sistema o estructura desigual de nuestras sociedades desiguales.

En un momento en que las pasiones se involucran en los debates sobre las acciones que deben de hacer los gobiernos para atender sus grandes retos, y donde se privilegia las posiciones rígidas para crear reacciones en los adversarios políticos, es aún más necesario los análisis serios, así como dejar la estridencia. El debate público no deber ser una yuxtaposición de monólogos entre aquellos que proponen la “meritocracia” versus aquellos que proponen la preeminencia de los programas sociales.

Más aún, un enfoque de igualdad de oportunidades puede no sólo acercar opiniones en principio alejadas sino, más importante aún, utilizarse como un eje rector para la política social. Entonces, el debate público de los siguientes meses debiera ser uno sobre la sociedad que queremos, la cual -sin duda- debe ser más justa e igualitaria y, partir de ahí, diseñar aquellas políticas que permita alcanzarla.

* Cristopher Ballinas Valdés (@crisballinas) es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, académico y experto en gobierno y asuntos internacionales. Fue responsable de planeación y participación de diversos programas sociales. Como diplomático fue responsable del diseño e implementación de la Política Exterior Feminista de México.

 

1 Rawls, John (1971) A Theory of Justice, Oxford, Oxford University Press.

2 Okin, Susan Moller (1989) Justice, Gender and Family, New York, Basic books.

3 MacKinnon, Catherine A. (1989) Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge, Harvard University Press.

4 Vélez Grajales, Roberto y Monroy-Gómez-Franco, Luis (2023) Por una cancha pareja. Igualdad de oportunidades para lograr un México más justo, Ciudad de México, Grano de Sal – Centro de Estudios Espinosa Yglesias.