Existe discriminación a indígenas en procesos de selección para órganos autónomos, advierte observatorio

En las convocatorias para integrar los órganos autónomos existe un sesgo que ha impedido a personas indígenas acceder a un cargo de responsabilidad en esas instituciones, lo que configura una discriminación estructural, de acuerdo con un análisis del Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas, iniciativa conformada por Fundar y Artículo 19.

El observatorio se centra en supervisar qué perfiles son seleccionados —y mediante qué mecanismos— para integrar 19 instituciones consideradas contrapesos al Poder Ejecutivo, como el INAI, la CNDH, el Banco de México, la Auditoría Superior de la Federación, la FGR, el Coneval, el INEGI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte, entre otras. 

En total, el observatorio vigila 125 designaciones en dichas instituciones. Actualmente, ninguna persona integrante de tales órganos se autodefine como indígena, de acuerdo con Marcia Itzel Checa Gutiérrez, encargada de la iniciativa.

En entrevista, señaló que los criterios y requisitos para acceder a altos cargos de responsabilidad pública actualmente vigentes —formación educativa, grados académicos y experiencia profesional— no son neutrales y no permiten la competencia en igualdad de condiciones de grupos históricamente vulnerados.

“Los propios criterios de mérito, de equidad, de capacidades, se tienen que construir reconociendo las desigualdades estructurales que tenemos en el país”, afirmó. 

“En realidad, los requisitos no son neutros, hay condiciones de desventaja por el simple hecho de ser mujer o por el simple hecho de ser indígena, hay un sistema totalmente desigual y esto es estructural, sistémico, y entonces, por la pertenencia o por ciertas condiciones que tenemos, ser mujer, ser indígena, tener alguna discapacidad, ser migrante, pues ya tenemos ciertas desventajas”.

La especialista refirió que, si bien la Constitución contempla, en su artículo 2, que los pueblos indígenas pueden acceder y desempeñar cargos públicos, esto solo es una igualdad en el papel.

“Es un escándalo la nula representación de pueblos y comunidades indígenas en altas responsabilidades públicas, más cuando México se reconoce como una nación pluricultural”, contrastó.

“El estándar (de acceso a los cargos) debe situarse en el contexto, y México es un país de discriminación histórica, y ciertos grupos y ciertas personas tienen mayores desventajas para acceder a la representación”, dijo. “En el observatorio, apelamos a revisar esos requisitos de acceso, porque sabemos que no son neutros, que la experiencia o las capacidades no se miden solamente por el grado de estudios, sino que hay otras formas en las que se pudieran valorar estas cualidades, estas características”.

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El caso del INAI

El Senado tiene pendiente la designación de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov concluyeron sus periodos el pasado 31 de marzo.

Las comisiones unidas de Anticorrupción y de Justicia del Senado elaboraron un dictamen con 13 propuestas de entre 48 aspirantes. Entre las siete mujeres y seis hombres finalistas, figuran personas que actualmente trabajan en el mismo INAI, o son integrantes de órganos de transparencia estatales y tribunales de justicia, o son familiares de exmagistrados electorales.

Por ejemplo, María de los Ángeles Ducoing Valdepeña y Ana Yadira Alarcón Márquez, que han sido, respectivamente, directora general y secretaria técnica del pleno del propio instituto; Zulema Martínez Sánchez, que ha sido presidenta del Instituto de Transparencia del Estado de México; Miguel Castillo Martínez, funcionario de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado; Julio César Bonilla Gutiérrez, que ha sido presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y Luis Felipe Nava Gomar, hermano del exmagistrado del TEPJF Salvador Nava Gomar.

Para Checa Gutiérrez, la convocatoria al concurso de selección del INAI no contempló criterios específicos para garantizar que miembros de grupos históricamente vulnerados pudieran participar en igualdad de oportunidades.

“Tratándose de órganos colegiados como el INAI, pues sí tenemos que apelar a que haya una mayor diversidad de experiencias, incluso geográficas, o sea, en realidad tenemos un patrón muy centrista y muy concentrado en ciertos perfiles, porque en realidad, para acceder a eso, tiene que ver con a quién conoces, quién te apadrina, de dónde vienes, y entonces, se va haciendo un embudo”, señaló.

“Vemos un problema de discriminación estructural y de barreras para acceder a estas responsabilidades públicas; nosotras apelamos a que se revisen los requisitos para acceder, para hacerlos más democráticos, pero también para ir cerrando estas brechas de representación, que se visibilice la diversidad de los distintos grupos que hay y que tradicionalmente no se ven garantizados sus derechos políticos”.

La especialista señaló que en procesos de selección discriminatorios como el del INAI impera una visión de que el Estado es patrimonio de ciertas personas y su administración no es un asunto de todas y todos.

“¿Quieren que hable cantadito?”

El investigador y académico zapoteco Juan Carlos Chávez Martínez participó en el concurso para ocupar uno de los dos lugares que continúan vacantes en el INAI, pero, aunque acreditó tener formación académica y experiencia profesional en el campo de la transparencia y la rendición de cuentas, no quedó entre los 13 finalistas seleccionados por el Senado, instancia encargada de los nombramientos.

Para Chávez Martínez, que es originario de Oaxaca, su exclusión de la lista de finalistas elaborada por los senadores es un acto de discriminación estructural. 

“La convocatoria no contiene elementos que permitan designaciones públicas bajo un enfoque multicultural o que contemple a los pueblos indígenas; es, por tanto, discriminatoria”, acusó Chávez Martínez, quien es candidato a doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey y ha sido integrante de la Unidad de Transparencia del municipio de Oaxaca y de la Contraloría Interna Municipal de Santa Lucía del Camino.

“¿Cuántos indígenas están participando en este proceso? No hay nadie, yo soy el único”, añadió en entrevista. “Yo decidí participar porque esto trae una oportunidad histórica para visibilizar a los pueblos indígenas, pero he notado que todo el mundo como que te excluye, como que no te hace caso, no se te da el lugar que te mereces”.

Autor del libro La agenda de políticas públicas para Oaxaca, que publicó por su cuenta en una editorial independiente en 2021, Chávez Martínez expuso que, cuando la discriminación no se manifiesta en actos explícitos de violencia, opera de manera sutil mediante ideas preestablecidas de lo que debe o puede hacer una persona indígena.

Entonces, dijo, suele relacionarse a un indígena oaxaqueño como él con los bloqueos carreteros o las protestas, o pensarse que no puede tener una formación más allá de lo que se aprende trabajando en el campo, o creerse que en los pueblos del sureste reina la “holgazanería”, mientras en los del norte y centro sí se trabaja duro.

“Hay unas prenociones, como dicen en sociología, hay ideas preconcebidas. De seguro dirán ‘¿qué nos puede venir a enseñar un indígena como Juan Carlos?’. Lo veo como una barrera; incluso cuando me preguntan ‘¿a poco eres indígena?’ les digo que sí; a la gente le gustaría que yo tuviera un acento, un tono, hablar más cantadito o no articular bien, no conjugar bien los verbos con los artículos; quieren ver a una persona con huaraches y con calzón de manta, pero es una idea que ya pasó”, criticó.

“Imagínate: ¿alguien de los pueblos indígenas hablando sobre protección de datos personales y sobre transparencia? Bueno, los que eligen en el Senado no pueden ver más allá de: ‘este es bueno para el campo nada más, no para hablarnos sobre transparencia’. Son ideas preconcebidas que tienen y yo trato de romper esas barreras, por eso, cuando me entrevistan, voy de corbata, trato de jugar en la misma cancha que los demás”.

El académico zapoteco —que también fue miembro de la comisión de selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca— incluso destacó que la transparencia y la rendición de cuentas son prácticas inherentes a la cosmovisión indígena.

“Nuestros pueblos indígenas han combatido la corrupción desde hace milenios, y la transparencia no es un tema que se está dando ahorita en el siglo XXI; nosotros, los pueblos indígenas, hablamos de transparencia y rendición de cuentas desde hace mucho tiempo, desde antes de que esto se volviera una moda, y entonces, tenemos mucho para aportar en el tema, tenemos prácticas ancestrales de rendición de cuentas y transparencia”, aseguró.

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